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Ante ciudadanos indignados por las reiteradas chicanas de políticos que buscan impedir un juicio oral y público que, con alta probabilidad, terminaría con sus condenas, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, reveló que “la Corte Suprema de Justicia tiene 84 causas a ser resueltas, para que el Ministerio Público pueda seguir con su trabajo”. Ellas tienen que ver con recusaciones contra los agentes fiscales, que son rechazadas por el superior inmediato, pero luego impugnadas ante la Sala Penal de la máxima instancia judicial. Dado que no hay un plazo legal para que los ministros decidan, el caso puede acumular polvo por tiempo indefinido, para bien de los sospechosos que buscan que la causa se extinga. En la misma ocasión, la fiscala general informó también que, mediante sendas notas al presidente de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, así como a los miembros Manuel Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera, pidió que las resoluciones pendientes sean dictadas con prontitud.
Es muy deplorable que hasta ahora su reclamo no haya sido atendido, más aún porque los dos primeros ministros han tenido actitudes favorables al saneamiento del tan desprestigiado cuerpo que integran desde hace unos meses. En la última sesión plenaria de la Corte, el ministro Ramírez Candia hizo una suerte de mea culpa por el hecho de que aún no habían sido resueltas impugnaciones que tuvieron entrada en diciembre de 2018. En la misma ocasión, se acordó que, en breve, el pleno se ocupe de una de ellas al azar y que lo decidido sea el criterio a seguir por la Sala Penal. Se definirá entonces si, en adelante, lo resuelto por la Fiscalía General del Estado será o no impugnable ante la Sala Penal.
En verdad, la cuestión debió haberse aclarado ya , pues la Sala Constitucional había declarado el 12 marzo pasado la inaplicabilidad del art. 57 de la Ley N° 4685/12, donde dice que el rechazo de la recusación por parte del fiscal general es impugnable ante el juez penal de Garantía. Quien encabeza el Ministerio Público tendría así competencia exclusiva en la materia.
Empero, la supuesta indefinición no puede justificar las dilaciones de mala fe, consentidas por la Sala Penal con su notoria morosidad. Es que el análisis de las recusaciones tendría que demandar pocos días, pues ellas no responden a las causales previstas en la ley, sino a la perversa intención de trabar las actuaciones mediante el ejercicio abusivo del derecho a la defensa. En la causa del hoy desaforado diputado Tomás Rivas (ANR), quien al solicitar la nulidad absoluta del acta de imputación acaba de forzar que se suspenda la audiencia de imposición de medidas, la Sala Penal tardó nada menos que ¡ocho meses y nueve días! para resolver, en marzo último, la recusación planteada contra dos miembros de la Cámara de Apelación, que debían entender en el recurso interpuesto contra la imputación. Si a lo antedicho se agrega que cada uno de los ministros cuenta con varios relatores para que hagan una relación de los expedientes, tanta demora solo puede atribuirse al peso del poder político y económico de los afectados. Un motoasaltante roba a una sola persona y no tiene suficiente dinero ni influencias para contratar a un abogado chicanero e influir en los jueces. En cambio, quien delinque en la función pública roba a muchísimas personas a la vez y puede valerse de su riqueza ilícita, así como de su alto cargo, para “orientar” las actuaciones fiscales y judiciales. En el peor de los casos, un ladrón de guante blanco puede sufrir una condena irrisoria tras chicanear sistemáticamente más de cinco años, de lo que ya tenemos un ejemplo.
Las obviedades antedichas sugieren que las chicanas impunes son también una expresión de la desigualdad ante las leyes y de la total indiferencia de los ministros de la Corte ante esa manifiesta iniquidad. De hecho, hasta pueden impedir que el Ministerio Público prosiga sus investigaciones mientras no se pronuncie la Sala Penal, salvo que la fiscala general encargue a un subordinado que se ocupe de ellas en forma interina. Es lo que ha acontecido con las pesquisas iniciadas en setiembre de 2018 con respecto a los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, que habrían cometido el presidente de la Cámara de Diputados Miguel Cuevas (ANR) y su esposa Nancy Florentín, entre otros familiares. Para hacer más engorrosos los trámites, cada uno de los cónyuges ha recusado por “parcialidad manifiesta” a la agente fiscal Josefina Aghemo. La chicanería planteada en noviembre último por el otrora zapatero, exadministrador del Puerto Franco de Paranaguá (“allí gané mucha plata”) y exgobernador de Paraguarí, fue rechazada primero por la Fiscalía General del Estado y luego por la Sala Penal. Se aguarda que tenga igual destino la interpuesta hace unos días por su esposa y que ya fue denegada en el Ministerio Público. Marido y mujer temen que una muy probable imputación los lleve a la cárcel, previo desafuero del primero, quien tiene el descaro de presentarse como un “perseguido político”.
La fiscala general recordó, además, ante los irritados manifestantes, el repugnante asunto en que está involucrado otro matrimonio, el del senador Javier Zacarías Irún (ANR) y la exintendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, que ahora fueron favorecidos precisamente por la Corte para que la causa por enriquecimiento ilícito que se les sigue sea tramitada en Ciudad del Este, y no en Asunción como pidieron los fiscales. A más del citado delito, se les atribuye también, juntos o por separado, haber incurrido en declaración jurada falsa, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de dinero, con la complicidad de varios amigos. En el expediente referido al último hecho punible, fueron recusados nada menos que ocho agentes fiscales, tras unos allanamientos simultáneos realizados en octubre de 2018, en Asunción y en la capital del Alto Paraná. Y siguen exhibiendo su mala fe, planteando todo tipo de incidentes no resueltos por la máxima autoridad judicial, según informó Sandra Quiñónez a los ciudadanos irritados por buenas razones. Al día siguiente, fue recibida por los ministros de la Corte, siendo de esperar que haya podido sensibilizarlos ante la injusticia que supone que no se ocupen de unos asuntos de sumo interés general y que, por tanto, unos presuntos delincuentes se burlen de todas sus víctimas.
La Corte debe lavarse la cara de la negra fama en que ha caído por culpa de ministros obsecuentes o corruptos, grandes responsables de que nuestro país continúe ocupando los primeros lugares en corrupción en el mundo.