El jefe del clan que desde hace años domina Ciudad del Este y el Alto Paraná, Javier Zacarías Irún, afirmó muy suelto de cuerpo que el actual presidente, Horacio Cartes, no tomará ninguna medida con respecto al comandante de las Fuerzas Militares, el general de Ejército Luis Gonzaga Garcete, y a otros responsables de la seguridad nacional, fundándose en “indicios” o en “denuncias periodísticas”. El Primer Mandatario no se ha pronunciado al respecto, pero es de suponer que su otrora furioso enemigo está hoy muy bien informado sobre el valor que él otorga a las revelaciones documentadas de la prensa sobre la corrupción reinante en el Ejército. Debe de estarlo, dado que lo visita a menudo en Mburuvicha Róga, pese a que en las elecciones internas partidarias el político esteño lanzó graves acusaciones contra su persona. Por ejemplo, en un mitin realizado en Caacupé en el 2012 lo había acusado de querer “alquilar al Partido Colorado y al Palacio de López”, e insinuado que tenía vínculos con el crimen organizado.
Vale la pena evocar tal antecedente para juzgar la catadura moral de este nefasto personaje, que hoy funge de hecho de portavoz del Primer Mandatario. Nunca se desdijo de sus palabras, pero al parecer el titular del Poder Ejecutivo lo toma más en serio que a la prensa libre, que no solo contribuye a que la ciudadanía esté informada de cómo se está ejerciendo la función pública, sino también a que el propio Presidente de la República tome nota de ello. En efecto, es imposible que él esté al tanto de todas las fechorías que se cometen en el aparato estatal, de modo que de la mayoría de ellas –si no de todas– solo tendrá conocimiento a través de la tarea periodística, incluidos los medios de comunicación de su propiedad, que, seguramente, tienen la orden de ayudarle a gobernar con patriotismo y honestidad.
De esta forma, puede suponerse que, como también debe dirigir la administración general del país, al comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas no le restará tiempo para enterarse de que el mencionado general de Ejército y su entorno, en el que figura el general de brigada José Alvarenga, perciben jugosos salarios y bonificaciones extraordinarias pero usan el dinero público para comprar elementos personales y regalos en el extranjero. Es probable que tampoco el ministro de Defensa, Diógenes Martínez, esté en condiciones de saber todo lo que ocurre en la milicia, y que si procedió a desalojar de las dependencias militares a la fundación privada de la esposa del Gral. Garcete, es porque se enteró del despropósito a través de denuncias periodísticas. Este ministro las tomó en serio y reaccionó atinadamente, porque en ellas había algo más que “indicios”.
Resulta paradójico, por otra parte, que el Presidente de la República ningunee a los medios de comunicación tras haber compartido el 26 de abril pasado, Día del Periodista, un “desayuno de trabajo” con los informadores acreditados en el Palacio de López. Debe ser porque considera que el rol de la prensa en una sociedad democrática es de singular importancia.
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El flamante vocero presidencial de oficio dijo también que “en el tema corrupción no hay perdón” y que al Primer Mandatario “no le tiembla la mano para tomar decisiones”. En lo que a su primera afirmación respecta, él y sus familiares cercanos son la prueba viviente de que, en realidad, hay mucha condescendencia con el enriquecimiento ilícito en la función pública.
Es lamentable la afirmación de Zacarías Irún, porque cuando desde el poder político se comienza a atacar o a poner trabas a la prensa, es porque existen hechos que se desea esconder de la consideración de la opinión pública, y que se relacionan generalmente con el manejo deshonesto de la cosa pública, o, en otras palabras, con casos de corrupción.
Si Zacarías Irún afirma que el presidente Cartes no va a tener en cuenta las denuncias de la prensa, ¿qué más necesita para tomar medidas? En el asunto que nos ocupa, ¿espera acaso que el comandante de la Fuerzas Militares confiese que violó y dejó violar reiteradas veces el Estatuto del Personal Militar, así como la Ley de Contrataciones Públicas y las Leyes N° 2597/05 y 2686/06, relativas a los viáticos?
El presidente Cartes no debe creer que el hecho de atender denuncias de la prensa constituya un signo de debilidad de su parte. Aquí no está en juego el amor propio del Primer Mandatario, sino el honor y la reputación de los propios militares, que él invocó no hace mucho.
Obstinarse en cruzarse de brazos para demostrar una supuesta firmeza puede interpretarse más bien como una falta de coraje o de fuerza política para hacer lo que es necesario por el bien del país. También es un signo de estupidez, por cierto, ignorar el papel que la prensa libre cumple para iluminar en una democracia los entresijos del poder mediante la información responsable.
Se entiende que a los politicastros como Zacarías Irún les cueste mucho tolerar unos medios de comunicación libres; tendrán muchas ganas de acabar con ellos. Pero, felizmente, los tiempos han cambiado y los instrumentos de la dictadura ya no están a su alcance.
Gente con esta clase de pensamientos debe ser repudiada donde se la encuentre y, en las próximas elecciones, barrerla del panorama político nacional mediante los votos si queremos que el Paraguay salga del subdesarrollo en que está sumido a causa de ella.