Aunque el mantenimiento del statu quo que le favorece en la usina hidroeléctrica binacional de Yacyretá es una necesidad para la Argentina, al mismo tiempo no deja de serle un perjuicio, porque le impide ampliar la capacidad de generación de la usina mediante la terminación de la presa de compensación de Itacorá-Itatí, prevista en el Tratado, la maquinización del brazo Aña Cua y la instalación de turbinas generadoras adicionales en la central existente, mientras el Gobierno paraguayo se mantenga firme –como corresponde– en su posición de no acceder a ninguna obra de ampliación hasta tanto el Gobierno argentino acepte transparentar las cuentas en la entidad binacional.
Es más perjudicial aún si el impasse impide que ambos socios acuerden la construcción de la represa de Corpus, que representaría para la Argentina un aumento de su capacidad de generación eléctrica equivalente a lo que para Brasil representa actualmente su segunda mayor usina hidroeléctrica después de Itaipú, la de Belo Monte, sobre el río Xingú, en el estado de Pará, cuya primera turbina acaba de entrar en operación.
La Argentina se debate en aguda crisis en cuanto a suministro de electricidad a sus habitantes, la que, sumada a la desaceleración de su crecimiento económico, obliga al gobierno del presidente Mauricio Macri, al sector privado productor y al pueblo entero a ajustarse el cinturón. Mientras tanto, en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) las autoridades argentinas siguen dilatando el arreglo de cuentas indispensable para sanear la administración del ente binacional, de conformidad con los mecanismos previstos en el Tratado.
La pertinacia del Gobierno argentino en dilatar una avenencia que ponga fin al caos administrativo y financiero implantado por sus representantes es una estrategia más perjudicial para ellos que para nosotros, habida cuenta de la desproporción existente entre la necesidad de electricidad en ambos países y la capacidad de generación del vital insumo universal.
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Desde que entró en operación la usina binacional, la estrategia del Gobierno argentino se centró en apropiarse de la máxima cantidad posible de energía paraguaya, al mínimo precio. Para ello se valió de un mecanismo muy sencillo pero eficaz: el encubierto soborno de las autoridades paraguayas, a nivel nacional y operacional, en forma de salarios estratosféricos para el personal paraguayo destacado en la administración binacional, y en supuestos programas de “asistencia social” por cientos de millones de dólares para los gobernantes de turno, que nunca ingresaron a las arcas fiscales y de cuyo destino ninguno de ellos dio cuenta jamás. A propósito, es de conocimiento público por declaración del exdirector ejecutivo argentino, Óscar Thomas, que el actual gobierno de Horacio Cartes recibió US$ 130 millones a libre disposición apenas asumido el poder. ¿En qué se invirtió ese dinero, más allá de una que otra ayuda a sectores populares carenciados estruendosamente publicitados? Nadie sabe.
Con semejante recuento de venalidad y falta de patriotismo por parte de nuestros gobernantes de los últimos tiempos, con toda razón la ciudadanía desconfía que esta vez también, tanto en Yacyretá como en Itaipú, el Gobierno esté de nuevo rifando los intereses nacionales allí comprometidos. Refuerza esta desconfianza pública la llamativa prioridad y urgencia que el gobierno del presidente Horacio Cartes está dando a la Nota Reversal 6/14 de cogestión, convenida entre gallos y medianoche por el canciller Eladio Loizaga y su par argentino del anterior gobierno de ese país. Contradictoria iniciativa que choca de frente con el objetivo inicial de las conversaciones bilaterales: la revisión del Anexo C y la puesta en orden de la caótica administración unilateral de la usina binacional por parte de los argentinos.
Este enfoque de desconfianza pública en las verdaderas intenciones del gobierno del presidente Cartes en cuanto al arreglo de cuentas en la EBY no es un error de percepción de la ciudadanía. En efecto, los pasos dados hasta ahora por los negociadores paraguayos en lo que aparenta ser la estrategia del Gobierno nacional no solo fallan en capturar todo el cuadro del despelote existente en la binacional, sino que se tornan además perniciosos, pues la excesiva receptividad que demuestra nuestro gobierno a las propuestas de los argentinos conlleva el peligro de que el Presidente de la República y sus adláteres estén mirando solo sus intereses personales transitorios y no los de la nación.
La desaceleración del crecimiento económico de la Argentina se ve agravada por el agudo déficit de electricidad que le afecta, con una demanda de alrededor de 23.900 MW, según Cammesa, órgano administrador del sistema eléctrico argentino, lo que le obliga a importar electricidad de Brasil y Uruguay para atenderla en horas pico. Por tanto, le urge aumentar su capacidad de generación. Y la opción más a mano que tiene el gobierno es agregar otras turbinas a la represa de Yacyretá, sea en la propia central o maquinizando el brazo Aña Cua, sin excluir la construcción del embalse de compensación a la altura de Itacorá-Itatí, prevista en el tratado, con el agregado de más turbinas generadoras.
Mientras tanto, Paraguay está con ventaja, porque le sobran más de 40.000 millones de MW de electricidad por año para exportarla a Brasil y Argentina, pese a la seria crisis de infraestructura eléctrica por la que pasa actualmente.
Por tanto, en la maraña de detalles que conforma el enredo de la EBY, la mira del Gobierno paraguayo debe estar puesta en un arreglo completo y definitivo de las cuentas y en precautelar que se nos pague puntualmente LO QUE VALE nuestra electricidad. Esa es la seguridad que debe garantizarnos el nuevo Anexo C que se convenga.