El presidente del Comité de Cañicultores de Quiindy, Luis Montiel, denunció la rápida venta de palas, machetes, polluelos y productos balanceados que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) entregó a supuestos labriegos para fomentar la producción. Según el denunciante, que ya se habrá ganado la inquina de los defraudadores y de sus cómplices, el MAG no efectúa seguimiento del uso que se les da a los equipos e insumos donados. Se entiende que así sea porque, en realidad, las operaciones de este tipo solo sirven para la propaganda política.
Concluido el show de la entrega, con el beneplácito de los politicastros del lugar y de sus jefes de Asunción, los funcionarios ministeriales regresan a sus oficinas con aire acondicionado con la satisfacción del perverso deber cumplido; por su parte, los beneficiarios pueden hacer lo que se les dé la gana con lo financiado a costa del dinero de todos.
Se trata de una práctica de larga data, similar al espectáculo montado con la entrega de “títulos de propiedad”, que el stronismo perfeccionó con Juan Manuel Frutos (h), el tristemente famoso “Papacito”, al frente del entonces Instituto de Bienestar Rural. Los lotes se entregaban solo para las fotos y las estadísticas, pero la mayoría de los pobres agricultores nunca llegaron a disponer de los títulos ni recibieron asistencia técnica ni los créditos necesarios, pero, con la esperanza de obtenerlos, quedaron atados al jefe partidario de la zona para, a su convocatoria, concurrir a los mítines políticos para hacerle hurras al “único líder” o a sus secuaces. Esto continúa igual.
En verdad, para el vil propósito perseguido, es irrelevante que quienes reciben las herramientas, las aves de corral o los insumos sean o no agricultores genuinos. Si parte de los créditos entregados por el exministro Jorge Gattini para incentivar la producción en el departamento de Canindeyú terminó en manos de funcionarios y de maestras, no sería raro que ahora también entre quienes venden los bienes recibidos gratuitamente figuren personas que poco o nada tienen que ver con el cultivo de la tierra. Lo más probable es que entre quienes recibieron las donaciones figuren numerosos secuaces de los caudillos lugareños o amigos de los funcionarios del MAG.
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Es evidente que, luego de la entrega de los donativos, una vez más no se realizó algún control para evitar que el regalo hecho con el dinero público tenga un destino ajeno al “programa de asistencia a la agricultura familiar”.
La experiencia enseña que todo subsidio se presta a la corrupción, de modo que lo denunciado esta vez no debe sorprender a nadie. El Código Penal se ocupa específicamente de la “adquisición fraudulenta de subvenciones”, pero ni los organismos otorgantes ni el Ministerio Público se esfuerzan para que los delincuentes sean sancionados.
Lo que el MAG está haciendo es fomentar la ignorancia y el delito, en vez de capacitar a los campesinos y facilitarles el acceso al crédito, después de que hayan sido identificados como tales. Como bien dice el presidente de la Asociación de Cañicultores de Quiindy, repitiendo un viejo proverbio chino, “es preferible que se enseñe a pescar antes que regalar el pescado”. Lo que el labriego paraguayo requirió siempre y requiere es que la Dirección de Extensión Agraria del MAG le brinde, efectivamente, una asistencia técnica integral para que adopte los mejores métodos de producción, de comercialización y de conservación de sus recursos. Necesita abandonar los métodos arcaicos transmitidos por sus abuelos, y organizarse en cooperativas, para poder competir en el mercado agrícola. En vez de regalarle cosas, el MAG debe capacitarlo para que aumente su productividad. De nada sirve que el campesino reciba un pollito, una pala o un machete si ignora la avicultura o las técnicas modernas de siembra y cosecha, o si nada sabe del mercadeo.
Está visto que la capacitación laboral no es un buen “negocio” para los gobernantes ni para los jefes partidarios. Por el contrario, a los politicastros les interesa más que la gente del campo no esté preparada para su actividad, porque, en forma miserable, se benefician de la pobreza producida por la ignorancia perpetua del campesinado. Ella brinda la posibilidad de hacer “regalos” de vez en cuando con dinero que no sale de sus bolsillos, con el objetivo de que el agradecimiento se traduzca en votos.
Lo denunciado es una muestra más de la farsa habitual que consiste en que un organismo gubernamental obsequie dinero o bienes con la intención de engañar a la opinión pública, así como en su momento otros gobernantes recurrieron a las “paladas iniciales” de supuestas obras públicas que nunca se concretaron o se realizaron a medias, pero que generaron gruesos “desembolsos” de fondos públicos.
Como esta es la enésima vez, es de esperar que el Ministerio Público inicie una pesquisa para que los políticos responsables de la defraudación sean castigados y se repare el daño causado al erario.