Desde la crisis política que precipitó la renuncia del presidente Raúl Cubas Grau en marzo de 1999, las Fuerzas Armadas de la Nación han entrado en gradual pérdida de motivación profesional de sus recursos humanos, de equipamiento y de apresto operacional, para cumplir con su rol constitucional de proteger la soberanía nacional y la vida y bienes de los habitantes de la República.
Con creciente número de oficiales y suboficiales (incluidas mujeres) pero virtualmente sin efectivos de tropa de combate, los ampulosos Cuerpos de Ejército y Divisiones del Ejército, así como los comandos equivalentes de la Armada y de la Fuerza Aérea, solo existen en los organigramas, vale decir, en los papeles, y al mero efecto político de habilitar puestos para generales y almirantes supernumerarios que en la actualidad doblan en número a los que existían durante la dictadura stronista, cuando las Fuerzas Armadas contaban con por lo menos unos 8.000 soldados conscriptos; hoy día no llegan al millar.
A la par del macrocefálico crecimiento del cuadro de oficiales generales y almirantes y de los correspondientes a oficiales superiores y subalternos, así como de suboficiales y sargentos, el escuálido presupuesto asignado a las FF.AA. desde los tiempos del “Gobierno de Unidad Nacional” de Luis Ángel González Macchi hasta ahora, apenas es suficiente para el pago de sueldos del personal militar y el sostenimiento de oficinas burocráticas en que se han convertido hoy los cuarteles por falta de soldados conscriptos a quienes instruir y entrenar profesionalmente. El poco dinero presupuestado para la compra de armamentos y equipos militares, así como para el apresto táctico de las unidades orgánicas de combate, ha sido totalmente absorbido para el sostenimiento vegetativo de la institución militar.
Al asumir la Presidencia de la República, y concomitantemente el Comando en Jefe de las FF. AA., lo que Horacio Cartes debió haber hecho es establecer una política de Gobierno destinada a implementar una estrategia de seguridad nacional, para repotenciar la institución militar de conformidad con la capacidad económica del Estado a fin de devolverle su capacidad operativa en áreas críticas de apresto operacional y de inteligencia y, de ese modo, combatir con más eficacia a la banda terrorista del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) que sus antecesores en el cargo no pudieron, o no quisieron, eliminar. En vez de eso, optó por una solución que con el correr del tiempo, en vez de resolver el problema, ha pasado a constituirse en parte del mismo: la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC); un comando híbrido tricéfalo integrado por elementos militares, policiales y agentes civiles de la Senad, que, obviamente, ha fracasado absolutamente en su cometido de capturar o eliminar a la gavilla criminal que mantiene en vilo a los departamentos del norte de la Región Oriental del país.
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Pese a las recurrentes críticas y reclamos de la ciudadanía, de las autoridades civiles y religiosas de la zona y de los gremios empresariales seriamente afectados por la inseguridad instalada por los forajidos, a la gran cantidad de víctimas civiles, militares y policiales asesinadas y secuestradas por la banda criminal y sus congéneres, así como los innumerables hechos vandálicos de robos y depredaciones que han causado, hasta ahora el Presidente de la República ha hecho caso omiso al clamor ciudadano. En vez de rever su fallida estrategia de combate al grupo marginal, ha optado por poner paños tibios a la inquietud de la gente suscitada en cada trágica ocasión con el ineficaz expediente de cambiar al comandante de la FTC. El recientemente designado nuevo titular de la FTC, coronel Héctor Grau Domínguez, es el quinto comandante que asume en menos de cuatro años. Irónicamente, su antecesor inmediato, el general Julio Brugada Brizuela, duró apenas dos meses, lo que da idea de la desprolijidad con que el Comandante en Jefe maneja esta amorfa agrupación de recursos humanos, profesionalmente tan disímiles como agua y aceite.
A propósito, resta por verse el liderazgo que el nuevo comandante ha prometido imprimir a la hoy criticada fuerza en la que milita desde su creación. Por de pronto, descalificando a sus antecesores en el cargo, ha sostenido que en la FTC nunca hubo “dualidad de mando”. También se ha apresurado a desmentir lo que ha sido “vox populi”: que en la noche del 14 al 15 de mayo último, siendo él el jefe de Operaciones de la FTC y el destituido general Julio Brugada el comandante, dejaron escapar por inoperancia a una veintena de componentes del EPP, con quienes se toparon cara a cara en la zona de Azotey. En un comentario radial abrió el paraguas antes de que llueva: aseguró que el EPP es un grupo terrorista que no puede ser derrotado a corto plazo. Su fatalismo recuerda el que animaba al inoperante exministro del Interior y actual aspirante a fiscal general del Estado, Francisco de Vargas, quien había anticipado que los secuestrados por la banda criminal serían retenidos en cautiverio por mucho tiempo; premonición lamentable que justamente fue cumplida por la inoperancia de la FTC.
Coincidentemente, a esa apreciación pesimista del nuevo comandante con relación al éxito de su comando en la lucha contra el EPP se ha sumado la del ministro de la Corte Suprema de Justicia Miguel Óscar Bajac, quien ¡¡¡ha instado a optar por el diálogo con la gavilla criminal!!!, antes que buscar neutralizarla por la fuerza. “Sugiero el diálogo”, dijo citando el precedente registrado en Colombia entre el Gobierno y las FARC, como si en nuestro país tuviéramos un ejército de insurgentes que tienen sus guaridas en inaccesibles montañas desde donde perpetran sus golpes.
Un comandante que no tiene fe en la victoria está predestinado al fracaso, por lo que la ciudadanía no debiera ilusionarse de que bajo el liderazgo del coronel Grau se vaya a mejorar en cuanto al desempeño operacional de la FTC. Por el contrario, en su menguada foja de servicios lo que consta es que fue un actor destacado en ocasión del fallido complot de terrorismo de Estado que costó la vida al capitán de Ingeniería Enrique Piñánez en Cuero Fresco, distrito de Horqueta, en noviembre de 2014, cuando fungía como comandante de la FTC el general (R) Ramón Benítez Amarilla, ahora autoproclamado candidato para un cargo electivo.
Es hora de analizar seriamente qué hacer con la costosa FTC. Solo caben dos alternativas: exigirle resultados o que se prescinda de ella.