La gran comilona

“La gran comilona” es el título de una famosa película franco-italiana de 1973, en que unos millonarios se reúnen en una villa para comer y disfrutar hasta morir, prostitutas incluidas. La historia muy bien puede aplicarse al proyecto de Presupuesto nacional para el 2017. Solo que nuestros diputados y senadores no tienen la intención de comer hasta morir, sino “alimentarse” del presupuesto para vivir muy bien, ellos y los de su alrededor, por el resto de sus vidas. El estudio del proyecto de ley respectivo está revelando el descomunal derroche en que han venido incurriendo las entidades públicas, con la participación necesaria de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, semejando una gran asociación delictiva. Ocurre que el proyecto anual se limita en gran medida a reproducir los conceptos y los montos del presupuesto vigente, con el correspondiente ajuste para arriba, sin que nadie haga un detenido análisis de la justificación del gasto. Es evidente que en el futuro solo el pueblo informado y movilizado podrá conseguir que su dinero sea bien empleado. Que el Congreso, fruto de las “listas sábana”, no siga estando en manos de quienes forman parte de una maquinaria maquiavélica corrupta que devora los recursos públicos.

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“La gran comilona” es el título de una famosa película franco-italiana de 1973, en que unos millonarios se reúnen en una villa para comer y disfrutar hasta morir, prostitutas incluidas. La historia muy bien puede aplicarse al proyecto de Presupuesto nacional para el 2017. Solo que nuestros diputados y senadores no tienen la intención de comer hasta morir, sino “alimentarse” del presupuesto para vivir muy bien, ellos y los de su alrededor, por el resto de sus vidas.

El estudio del proyecto de ley respectivo está revelando el descomunal derroche en que han venido incurriendo las entidades públicas, con la participación necesaria de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, semejando una gran asociación delictiva. Ocurre que el proyecto anual se limita en gran medida a reproducir los conceptos y los montos del presupuesto vigente, con el correspondiente ajuste para arriba, sin que nadie haga un detenido análisis de la justificación del gasto. Los anteproyectos elaborados pasan raudamente el filtro del Ministerio de Hacienda y, ni qué decir, el del Congreso, siempre tan generoso con el dinero del pueblo. Y como la caridad empieza por casa, el Senado tenía previsto destinar el próximo año nada menos que mil cien millones de guaraníes a la compra de bocaditos y jugos, despilfarro que su presidente, Roberto Acevedo, trató de justificar señalando que otros organismos, como la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría Nacional de Deportes, gastan mucho más en servicios gastronómicos. También pudo haber mencionado al Banco Central, que este año dilapidó casi diez mil millones de guaraníes en beneficio de los paladares de sus directores, funcionarios y visitantes, con el capcioso argumento de que para ello no recurrió al dinero de los contribuyentes, sino a los recursos generados por sus propias actividades financieras. Olvidan que se trata, de igual manera, de dinero público.

En el Senado, solo el escándalo suscitado con relación a la suma prevista para los alimentos y las bebidas de los legisladores hizo que su presidente anunciara su reducción a 500 millones de guaraníes, lo que significa que el silencio de la ciudadanía hubiera permitido un considerable malgasto, similar al de los últimos años. La excusa del “vos derrochás más que yo”, al que suelen apelar los corruptos denunciados por otros de la misma calaña, resulta en este caso aún menos convincente por el hecho de que las partidas previstas en los presupuestos de las demás entidades públicas han sido aprobadas por los legisladores. ¿Por qué han venido admitiendo que se derroche a tan gran escala, como si los servicios públicos fueran excelentes y las necesidades de la población ya estuvieran satisfechas? Pues porque los diputados y los senadores se creen los dueños del dinero de todos, de modo que, en vez de precautelar su buen empleo, lo que hacen es servirse de él en beneficio propio y en el de su clientela política, bien instalada en el voraz aparato estatal. Claro que el “catering” no es, ni mucho menos, el único rubro prescindible hacia el que desvían lo recaudado en concepto de impuestos, privando así de recursos a las escuelas, a los hospitales o a los caminos, entre otras cosas de interés general. Es muy extensa la lista de gastos superfluos que se realizan a costa de todos los habitantes de este país, empezando por la superabundancia de funcionarios bien remunerados, que encima perciben una “gratificación” a todas luces injustificada y gozan de envidiables seguros privados de enfermedad, financiados exclusivamente por el erario. ¿Y qué decir de los legisladores, de los ministros y de los jerarcas de la burocracia que recorren el mundo con buenos viáticos, so pretexto de asistir a eventos de interés nacional, de los que, en verdad, toman conocimiento a través de las agencias de turismo? Se dilapida a diestra y siniestra, sin que el Ministerio de Hacienda se ocupe de examinar la racionalidad de las erogaciones: le resulta más cómodo emitir bonos soberanos antes que, como corresponde, tomar la tijera para cortar los gastos innecesarios, que constituyen un verdadero insulto a la población pobre del país, esa a la que los políticos le piden sus votos en las pujas electorales. Si bien la compra de vehículos lujosos debe ser autorizada por el Equipo Económico, hay muchos otros rubros que se ejecutan sin la menor justificación, al solo efecto de satisfacer la vanidad de los administradores, sin perjuicio, desde luego, de que ellos sirvan también para la corruptela de rigor.

No solo es repudiable que se despilfarre el dinero que sale del escuálido bolsillo de los contribuyentes, sino también el que las entidades autárquicas, como el Banco Central, recaudan. Al fin y al cabo, se trata de un dinero público, al que se le debe dar el destino más responsable posible, es decir, no pueden hacer con él lo que se les antoje.

Cabe insistir en que la responsabilidad final recae en el Poder Legislativo, que sanciona la Ley del Presupuesto General de la Nación, y en el Ejecutivo, que la promulga, luego de intervenir en su proyecto. Ellos ignoran los conceptos de austeridad, de eficiencia y de racionalidad del gasto público, porque no sienten el menor respeto por la ciudadanía. Están aliados contra la gente común y en favor de sus propios miembros.

Es evidente que en el futuro solo el pueblo informado y movilizado podrá conseguir que su dinero sea bien empleado. Que el Congreso, fruto de las “listas sábana”, no siga estando en manos de quienes forman parte de una maquinaria maquiavélica corrupta que devora los recursos públicos, depende de que los ciudadanos y las ciudadanas se hagan oír cada vez con mayor fuerza, para poner en la picota no solo a los corruptos de tomo y lomo, sino también a los desvergonzados manirrotos.

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