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Desde el 28 de agosto pasado, el presidente Horacio Cartes dispone de la terna de candidatos para fiscal general del Estado conformada en el Consejo de la Magistratura, situación que le fue notificada formalmente en esa fecha, sin que se pronunciara hasta hoy.
La conformación de la terna se realizó siguiendo una supuesta selección de aspirantes con base en los méritos y aptitudes, que, en este caso, fue con la mayor lista de inscriptos para concursar (93) que tuvo el país hasta ahora. Como se recordará, al final de ese proceso, el Consejo incluyó un “test de personalidad, integridad y capacidad” que, al parecer, fue el “instrumento” que determinó la suerte de las candidaturas de forma definitiva e irreversible, confirmando la impresión de que todos los trámites anteriores fueron pura y vana formalidad, hojarasca para cubrir la decisión establecida de antemano por el “gran elector”, o sea, el Presidente de la República, sórdida finalidad a la que sirvió el imprevisto test.
La terna resultante de ese proceso quedó integrada por Javier Díaz Verón –actual titular del Ministerio Público y preferido de Horacio Cartes, según aseguran sus allegados y las apariencias indican–, Victoria Acuña y Sandra Quiñónez, que ocupan el segundo y tercer lugar en la lista de preferencias.
Como el hedor a trampa se escapaba por todas las rendijas de la cocina del Consejo de la Magistratura, algunas personas que se consideraron víctimas de una sucia maniobra, así como el Colegio de Abogados y la Coordinadora de Abogados, recurrieron a la justicia para que, con una orden judicial, se dieran a la luz pública el contenido y el régimen de evaluación empleado en el famoso test, a fin de averiguar cuáles fueron realmente los elementos de juicio empleados para escoger a los ternados, si es que hubo algún otro que no fuese la lista que Cartes les remitió.
El presidente del colegiado interpelado contestó a la jueza que atendió y dio trámite a la acción de amparo que “se entregarán los informes solicitados”, mas, esta declaración resultó ser apenas otra maniobra de elusión, porque entonces comenzó a moverse la maquinaria de las chicanas. Así, cuando el titular del Consejo remitió un papel al juzgado, resultó que se trataba solamente de una referencia a dos de los cinco puntos informativos que el juzgado le había reclamado. Y aquí se produce el final de la farsa –que sería cosa de causar risa si no fuese por la importancia del asunto–: la misma jueza –Karen González Orrego– decidió declarar inoficioso al mismo amparo que ya estaba tramitando y, además, tuvo por justificada la omisión deliberada cometida por el presidente del Consejo de la Magistratura –Osvaldo González Ferreira– al no remitir todos los informes que le fueron exigidos, bajo la ridícula excusa de que dar a conocimiento público lo referente a los test psicotécnicos “podría menoscabar el ámbito de intimidad de los postulantes”, y que la Constitución protege este derecho en su artículo tal, y el bla-bla-bla conocido que suele seguir a estas peroratas seudojurídicas.
Según dice esta magistrada, en los test se preguntó acerca de asuntos pertenecientes al ámbito íntimo y reservado de los aspirantes, como ser aspectos del comportamiento, sentimientos, opiniones, orientación política y cultural, estabilidad emocional, agresividad, lealtad, independencia “y muchas otras cosas que no vinculan directa y concretamente con el perfil del cargo en concurso”.
Es difícil calificar el tamaño del disparate de este pretexto para ocultar los famosos test. Hay que insistir en esto: si no fuese porque lo que se pone en juego en este caso es de suma importancia para el país, sería cosa de sentarse a reír a carcajadas. ¿Cómo es que “cosas que no vinculan directa y concretamente con el perfil del cargo en concurso” son incluidas en un proceso de selección de candidatos para el cargo de nada menos que titular del Ministerio Público? Si no se vinculan, ¿para qué averiguarlas?
¿Para qué se indagan aspectos de la personalidad de un candidato a cargo público si después esa información no va a servir para nada, ni para hacerlo en alguna forma responsable por los actos ilícitos o irregulares que cometa en un eventual caso de conducta reprochable?
Ese test psicotécnico del que en su momento se ufanaron los miembros del Consejo de la Magistratura, pretendiendo hacer creer que se trataba de la octava maravilla del procedimiento para asegurar la máxima garantía (y, de paso, mintiendo descaradamente sobre la jurada transparencia de los trámites que se cuidarían de mantener), resultó que, si se lo mira detenidamente, también fue una exigencia violatoria del Art. 33 de la Constitución, que establece el derecho a la intimidad, sencillamente porque ningún organismo estatal tiene el derecho a formular preguntas personales, íntimas y que nada tienen que ver con las aptitudes que se exigen a los postulantes a un cargo público.
Si se nos permite una inferencia clara y sincera, que se deriva, con estricta lógica, de todo lo relatado y analizado hasta aquí: el tal test psicotécnico inventado por el Consejo de la Magistratura no fue otra cosa que la herramienta de remache de la grosera manganeta que preparaban y que constituyó la brecha que especialmente se dejó abierta para poder satisfacer las preferencias del presidente Horacio Cartes; o para cumplir perrunamente sus órdenes.
Con esta negativa a dar a conocer los informes ocultos, los miembros del Consejo de la Magistratura alcanzan el cenit de su desprestigio público, y el organismo que integran se hunde más profundamente en la estimación general.
En este momento, el presidente Horacio Cartes está demorando la forzosa decisión que debe asumir enviando al Congreso el nombre del ternado que escoge para fiscal general del Estado. Es evidente que lo hace adrede, pero ¿por qué? Las tres personas ternadas tienen su complacencia; o, al menos, subieron los peldaños con su consentimiento. ¿Teme que una mayoría del Congreso vete a su candidato? Pero si este es Díaz Verón, como puede apostarse, si lo rechazan en el Congreso, simplemente permanecerá en el cargo que ya posee por el método de la reconducción tácita.
Las inicuas maniobras de ocultamiento perpetradas por el Consejo de la Magistratura y consentidas por la jueza González Orrego violan la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, y el art. 28 de la Constitución, que dispone que “Las fuentes públicas de información son libres para todos”.
El pueblo tiene el derecho de conocer los méritos y las aptitudes de quienes aspiran a representarlo ante los órganos jurisdiccionales. Las organizaciones de abogados deben convertirse en sus férreos mandatarios de hecho, exigiendo que el Consejo de la Magistratura revele lo que se empeña en esconder. Se impone, pues, que perseveren para que no se salgan con la suya quienes se burlan miserablemente de la ciudadanía en general y de los profesionales del Derecho en particular.