Ayer, nuestra ciudad capital y el país entero fueron conmovidos por la noticia de que los ocupantes de una camioneta en circulación, en una concurrida zona residencial, fueron atacados por un grupo de sicarios que se movilizaban en otra camioneta, armados con potentes fusiles automáticos, a resultas de lo cual asesinaron en el acto a un niño e hirieron a otras dos personas, de las cuales una de ellas falleció poco después.
El dato que vincula a este episodio con las bandas armadas de Pedro Juan Caballero es que el vehículo atacado está registrado a nombre de la empresa “Grupo Cristo Rey SA”, radicada en aquella ciudad, organización presuntamente creada por el narco más buscado actualmente en el Paraguay, Clemencio “Gringo” González. No sería extraño, por consiguiente, que este atentado pertenezca a la saga criminal de las bandas de narcotraficantes que ya tiene varios capítulos precedentes, similares e igualmente sanguinarios.
La novedad, en este caso, es que aquellos hechos trágicos que antes los teníamos solamente en las fronteras y los veíamos por la televisión, se están produciendo en Asunción, por cuanto este es el segundo en su género perpetrado en nuestra capital en los últimos tiempos.
Recopilando la serie roja de atentados, y ciñéndonos solamente a los de este año, recuérdese que el 12 de enero, cuatro sicarios del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC) fueron detenidos en Pedro Juan Caballero con relación al ataque ocurrido diez días antes, en Asunción, en el que murieron un supuesto “secretario” de Jarvis Chimenes Pavão y su novia. En el procedimiento se encontraron documentos relacionados con el Grupo Cristo Rey SA.
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El 8 de agosto pasado, una docena de miembros del PCC, que un mes antes asaltó un convoy de blindados de la empresa Yrendague SA, en el Chaco, fue capturada en la estancia Cristo Rey, en Pedro Juan Caballero, que fue supuestamente cedida a los delincuentes por el citado “Gringo” González, la cara visible del Grupo Cristo Rey SA.
El 22 de agosto pasado, también en la capital del Amambay, un sicario resultó baleado y luego capturado después de que fuera repelido a tiros por el guardaespaldas del empresario brasileño Marcel Martins Silva, nada menos que presidente del Grupo Cristo Rey SA, quien resultó herido pero sobrevivió al atentado.
El 15 de setiembre pasado, un comerciante concepcionero murió baleado en Pedro Juan Caballero al ser alcanzado aparentemente de manera accidental por las ráfagas de fusil que estaban dirigidas a los ocupantes de una camioneta blanca, que esa noche fue encontrada abandonada y totalmente perforada por proyectiles. Ese rodado figura igualmente a nombre del Grupo Cristo Rey SA.
La policía, seguramente, podrá recoger mucha más información y juntar los pocos cabos sueltos que deben de haber, por cuanto todas las evidencias apuntan a los mismos sospechosos: los cárteles de Pedro Juan Caballero, algunos de los cuales, al parecer, ya se sienten lo suficientemente fuertes (o respaldados) para venir a actuar en plena capital de la República, a más de 400 kilómetros de su teatro de operaciones habitual.
Entre tanto, nuestros gobernantes, en especial los que tienen sobre sí la responsabilidad por la seguridad general y el combate contra el crimen organizado, parece que viven en otro planeta. Nada huelen, nada ven, no pueden prever ningún acontecimiento, no demuestran voluntad para poner en la cárcel a un par de capos; o bien, aun en casos en los que la policía hace su trabajo, finalmente los bandidos consiguen de los jueces y fiscales las ventajas que quieran.
Mientras estos hechos se suceden, al presidente de la Cámara de Diputados y de la ANR, Pedro Alliana, se le ocurrió declarar recientemente que observaba que la gente, en nuestro país, cada vez tiene una mayor sensación de seguridad. Este dislate fue refutado fuertemente por la ciudadanía en las redes sociales, ciertamente, pero eso no despoja a tales declaraciones de su sentido más profundo y alarmante: nuestros políticos gobernantes realmente viven en una burbuja y no les preocupan estos atentados ni los similares que puedan suceder, porque ellos se sienten personalmente a salvo. ¡Claro que se sienten seguros bajo la cubierta de decenas de escoltas policiales, de guardaespaldas y guardias privados, cámaras de vigilancia y alarmas diseminadas a su alrededor! Así, cualquiera. Hasta hace dos meses, el Congreso gastaba anualmente 1.300 millones de guaraníes en servicios de guardias privados.
Obviamente, estas declaraciones “optimistas” tienen una finalidad propagandística. En la época del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, su ministro del Interior, Rogelio Benítez, también se despachó con un disparate del mismo calibre que el de Alliana. Según aquel ministro, la inseguridad que la gente padecía era pura sensación; sí, como el frío o el calor.
Lo que no es sensación general sino certeza confirmada es que los que están en la cresta de la ola política no vibran en la misma onda que la gente común que transita por caminos, rutas y calles sin choferes, guardaespaldas ni agentes policiales custodios; esa gente que tiene que salir y retornar a sus casas inermes desde sus lugares de trabajo o de estudio.
Y no podemos olvidar que actualmente hay siete personas secuestradas, cinco de ellas a manos de la banda terrorista Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), prácticamente olvidadas por las autoridades, pese a la angustia y el reclamo de sus familiares.
Lo cierto es que este atentado de ayer viene a ponernos ante las narices que el crimen organizado, sea de los narcotraficantes o de otro tipo de maleantes, está aquí, entre nosotros, en la capital de la República.
Los ciudadanos y las ciudadanas no pueden seguir soportando tan mansamente este grave peligro y la desidia de las autoridades. Debe reclamarles a estas, mediante manifestaciones públicas en las calles, que cumplan con su obligación de brindar seguridad a la población.