Aunque los “infortunios del Paraguay” es un cliché lejano en la memoria colectiva de la nación, hay uno que increíblemente goza de buena salud hasta nuestros días: la violación del derecho constitucional que en democracia tienen el ciudadano y la ciudadana de “elegir” al candidato de su preferencia que deba representarle en el Congreso Nacional, el Poder del Estado que representa al pueblo soberano. En ningún tiempo, bajo dictadura o democracia, pudo el votante paraguayo ejercer este derecho cívico, pese a que en todas las Constituciones que ha tenido la República –autoritarias o democráticas–, incluida la actual, siempre estuvo consagrado este derecho político inalienable.
Sin embargo, desde hace casi siglo y medio las élites de los dos partidos políticos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal, se han confabulado para impedir que los votantes puedan ejercer su derecho a “elegir”, y no, como ahora, meramente a votar por una lista de candidatos confeccionada entre cuatro paredes por los “partido jára”. Para ello se han valido sistemáticamente de la correspondiente Ley Electoral para bloquear el derecho de los votantes de tener participación activa en la elección de los candidatos de su preferencia para el Parlamento.
El antidemocrático recurso legal establecido para el efecto en la actualidad es el de las “listas sábana”, anacrónico sistema que ha convertido a los capitostes de los partidos políticos en dispensadores de las mercedes –por lo general, no gratuitas– a sus elegidos para los cargos electivos, señaladamente el Parlamento.
Al impedírsele al votante tener mayor autonomía en la elección de su candidato, la voluntad popular permanece secuestrada por las cúpulas de los partidos políticos, con lo que queda abierta la compuerta para que por ella se infiltren heces de la sociedad, que acaban por contaminar la política como instrumento de la gobernabilidad del país.
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La palabra de estos personajes no vale nada, pues hoy pueden decir una cosa y mañana lo contrario, sin consecuencia alguna, como lo demuestran, por ejemplo, dos encumbrados protagonistas actuales de nuestra política, como son el propio presidente Horacio Cartes y el expresidente y senador Fernando Lugo, en relación con la enmienda constitucional para el “rekutu”. Otro ejemplo digno de mención puede constituir el colorado cartista Cándido Aguilera, representante paraguayo en Itaipú y uno de los que apoyan el actual asalto a la Gobernación del Guairá, quien en el pasado consideraba abiertamente a Cartes como un narcotraficante y ahora es un recalcitrante operador por su reelección.
Estos hechos desdorosos explican por qué, tras el derrocamiento de la dictadura stronista hace 28 años, la clase política paraguaya no ha sido capaz de consolidar la democracia y sus instituciones básicas. En vez de eso, con el transcurso del tiempo ha venido a menos la calidad moral e intelectual de la clase dirigente. Uno ve los debates en las Cámaras de Diputados y de Senadores en otros países y los compara con el debate en el nuestro, y quiere ponerse a llorar. ¡Cómo es que el nivel de calidad de nuestra clase política ha llegado a la bajeza insoportable que estamos padeciendo ahora!
El estercolero en que se ha convertido el Congreso Nacional es, sencillamente, producto de las nefastas “listas sábana”, que hasta ahora las dirigencias de la ANR y del Partido Liberal se resisten a eliminar. La gente vota, pero no elige. Los grandes electores son cuatro o cinco capitostes que se han adueñado de los resortes de los partidos políticos, secundados por claques de inmorales y mafiosos que, a su vez, extienden sus tentáculos a lo largo y ancho del país, llegando con eficacia hasta los últimos rincones.
Derrocada la dictadura, nuestro país hubiera podido emprender un camino de mejoría de las instituciones republicanas tan destruidas por el tirano. Sin embargo, ocurrió lo contrario; cada vez estamos cayendo más y más abajo, y más de prisa, y no sabemos hasta qué debacle podemos llegar.
Mientras la mayoría de los indignos representantes del pueblo se revuelcan en el lodazal de la corrupción y la inmoralidad política, en el afán de impulsar el atropello a la Constitución por el atajo de la enmienda que propicia el presidente Horacio Cartes, el pueblo reclama respeto a la institucionalidad de la República, la atención de las necesidades prioritarias de la gente y su seguridad, como sus máximas prioridades. Honestamente, el pueblo cree que la crisis política generada por el afán del “rekutu” de Cartes y su antecesor Lugo, así como la inseguridad y los problemas sociales y económicos que afectan a la mayoría de la gente, están inextricablemente ligados a la repudiable degradación moral de la mayoría de los legisladores.
Al respecto, hace más de un siglo, refiriéndose precisamente a la degradación moral de la clase política, el Dr. Blas Garay (colorado) escribió en el diario de su dirección, La Prensa: “Los malos gobernantes, los que se han enriquecido con los despojos del tesoro fiscal, nunca entregarán el mando a quien sea capaz de sentir tentación de convertirse en incorruptible moralizador y despojarles de la influencia que aspiran a tener”. Por su parte, otro connotado político del pasado, el Dr. Teodosio González (liberal) sostenía: “En el Paraguay la Constitución es un andrajo para los que mandan y una pobre cosa, que no escuda, ni protege, para los que obedecen. Mientras los políticos están en la llanura no se les cae la Constitución de la boca; apenas se apoderan del poder, encuentran que nada hay más insubstancial que la Constitución”. Cualquier semejanza con lo que está ocurriendo ahora, no es casualidad.
Por efecto de las “listas sábana”, en el Paraguay el ciudadano es políticamente un paria, y seguirá siéndolo si esperamos que nuestros legisladores, principales artífices y beneficiarios de sus nefastos efectos, modifiquen la Ley Electoral eliminando las “listas sábana”.
Tenemos, pues, que ser nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, quienes debemos exigir masivamente en las calles la liberación de nuestro derecho de elegir consagrado en la Constitución nacional, y arteramente conculcado por la corrupta clase política de antes y de ahora.