Muchas son las especulaciones que genera la convocatoria a convención realizada por la Junta de Gobierno del Partido Colorado, reunión que se realizará en la fecha.
Entre las versiones más repetidas se escucha la de que la intención del oficialismo partidario, con relación a esta convocatoria, será intentar obtener de los convencionales la ratificación de la propuesta de modificar la Constitución en lo que respecta a la reelección presidencial por la vía de la enmienda, como trámite rápido y expeditivo, para inmediatamente poner manos a la obra de tal forma a cumplir con los requisitos procesales y que el actual presidente Horacio Cartes tenga la opción concreta de presentarse como candidato de la ANR a los comicios del año 2018, es decir, para intentar hacer el “rekutu”.
Si las actuales autoridades de ese partido –las que responden a la línea oficialista, propulsora de esta iniciativa– logran que una mayoría de convencionales se avenga a esta pretensión, a juzgar por propias manifestaciones del titular partidario, Pedro Alliana, se considerará esta decisión como un mandato imperativo para votar en el Congreso a favor del proyecto de enmienda, y que quienes la desobedezcan serían sancionados por el partido.
Cuesta creer que, a esta altura de nuestro desarrollo democrático, dirigentes de nuestros principales partidos se hayan quedado en la época del autoritarismo, y continúen sosteniendo esta clase de ideas liberticidas y contrarias a la Constitución Nacional. En efecto, nuestra vigente Carta Magna establece claramente que los senadores y diputados “prestarán juramento o promesa de desempeñarse debidamente en el cargo y de obrar de conformidad con lo que prescribe esta Constitución”. Vale decir, exclusivamente de conformidad con esto último, en lo cual no se comprenden, explícita ni implícitamente, las órdenes emanadas de las autoridades de sus partidos. Y es aún más clara cuando en la parte final de su Art. 201 dispone que “Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos”. De modo que lo que pretenden Alliana y otros capitostes del Partido Colorado es una flagrante violación de la Constitución.
En principio, si bien los legisladores son electos a través de organizaciones políticas, en sus funciones representan –o deben representar– a la ciudadanía en su conjunto, lo cual les otorga independencia de criterio para decidir libremente el sentido de sus decisiones en el seno del poder que integran. Si las decisiones de los “representantes del pueblo” estuviesen atadas por vínculos de obediencia rígida a las de sus organizaciones, entonces no tendrían la representación popular sino meramente la partidaria, lo cual no es ni puede ser la intención que está expresada en la mayoría de las Constituciones que conocemos y que hace a la esencia misma de la democracia representativa.
De modo que, yendo por este camino, jurídicamente hablando, del “mandato imperativo” no queda nada válido. Pero podría vehiculizarse tal mandato por otro camino, por el camino más subrepticio de tomarse vendetta o de ejecutar sanciones más o menos solapadas contra los legisladores remisos o desobedientes, como ser inhabilitarles para futuras elecciones o privarles de las ventajas, prebendas o privilegios que puedan estar recibiendo de parte del Poder Ejecutivo, directa o indirectamente, en las personas de sus familiares, recomendados o amigos, como tan frecuentemente se comprueba. Allí está el diputado sampedrano Freddy D’Ecclesiis, momentáneamente instalado en la disidencia partidaria, quien denunció que recibió amenazas de que tendría problemas judiciales, probablemente a partir de una denuncia hecha en el propio Congreso de su posible vinculación con el narcotráfico. Puro sistema gansteril.
Es de esperar que en la convención de los colorados una mayoría sensata rechace la decisión de imponer la imperatividad fáctica a sus dirigentes, y que se limite a lo que dignamente puede hacer, que es dejar asentada su opinión y decisión, aconsejando a los mismos actuar en consecuencia. Pero, en caso de ocurrir lo indebido, los colorados democráticos deben manifestarse decididamente en contra de una actitud de corte netamente dictatorial.
Por el contrario, en el caso de que estas especulaciones resulten vanas y todas las actuaciones de la convención y los convencionales terminen de un modo regular y juicioso, entonces el Partido Colorado y el presidente Cartes saldrán éticamente fortalecidos, en especial después de los indignos vapuleos a que sometieron a los diputados en esta semana que culmina.
En realidad, lo que razonablemente más les convendría al Primer Mandatario y a sus partidarios es que el primero anuncie de una vez por todas su renuncia a intentar el “rekutu” por la vía de la enmienda constitucional, es decir, evitando introducir por la ventana del fondo de la Constitución la figura de la reelección. Esta actitud sería extremadamente útil para remover enconos y pasiones exacerbadas que actualmente inficionan su partido y que, aun en el caso de que logre conseguir una candidatura, serían obstáculos formidables puestos en su camino.
Es de esperar que el buen juicio se imponga y que esta convención colorada sea la solución de continuidad para un desagradable debate político, transformado en conflicto, que tuvo el dañino efecto de distraer la atención de los asuntos más importantes de la República, y causar el grave perjuicio de poner en duda, una vez más, la solidez de nuestra democracia y la real vigencia de nuestra Ley Fundamental.