Los sinvergüenzas que se apropian de fondos públicos no deben estar en un restaurante, sino recluidos en una cárcel. Así lo cree la ciudadanía, según se desprende de los millares de manifestaciones en las redes sociales, y, sin duda, así también lo creen los propietarios del local gastronómico “La Tarantella”, que prohibió la entrada al diputado José María Ibáñez y a su esposa Lorena Plabst, autores confesos de tres delitos en perjuicio de sus conciudadanos. El comunicado de la empresa no puede ser más explícito acerca de la grave contradicción existente entre la gente que trabaja, que financia sus gastos con el fruto de su esfuerzo, y los políticos y su clientela, que viven como garrapatas del dinero que aporta al fisco precisamente esa gente que trabaja. “Nosotros pagamos a nuestros empleados con el dinero fruto de nuestro esfuerzo, trabajando día a día en forma honesta, sin sacar provecho de los más necesitados”, expresa. El legislador, que reconoció su grave culpa pero quiere minimizarla, no solamente hacía figurar a sus empleados como funcionarios de la Cámara de Diputados, sino que se quedaba, junto con su esposa, con parte del monto que cobraban. El caso resulta así aun más asqueante.
“José María Ibáñez y Lorena Plabst, ustedes son personas no gratas en nuestro local”, agrega el comunicado de “La Tarantella”.
El joven propietario del local, Juan Galeano (30), formuló, además, valiosas opiniones a través de la Radio ABC Cardinal. “Es muy importante que en Paraguay volvamos a sentir la indignación, y no solo sentirla, sino expresarla”, dijo, e instó a la ciudadanía a tener “memoria colectiva”.
Debemos recordar que este local gastronómico reverdece otras manifestaciones similares que ya se produjeron hace un par de años, cuando varios negocios negaron la entrada o expulsaron a esta misma pareja y a otros políticos indeseables de nefasta actuación pública. Ahora mismo, también, socios del Club Centenario están recogiendo firmas para pedir la expulsión de Ibáñez y su esposa de esa entidad, como también está pretendiendo hacer la asociación de exalumnos del Colegio Internacional, mientras la conocida “Sastrería Robert” vuelve a exponer su ya famoso saco “anticorrupción”, sacos sin bolsillos, con la “Nueva Colección Ibáñez”, además de las numerosas movilizaciones de trabajadores, estudiantes y otras agrupaciones en la capital y en el interior del país contra el detestable “blanqueo” del legislador colorado.
Son manifestaciones muy importantes que, a no dudarlo, irán creciendo a medida que los ladrones públicos no muestren arrepentimiento alguno y sigan siendo beneficiados por magistrados y fiscales igualmente cobardes o corruptos.
Para más, estos que se dicen “representantes del pueblo” y autoridades con cargos importantes se burlan abiertamente de la gente que trabaja, como lo hizo en estos días el gobernador colorado del Alto Paraná, Roberto González Vaesken, con la escandalosa exhibición de una lujosa casa rodante para momentos de ocio de alto vuelo, y el ofensivo comentario emitido mientras brindaba: “Que trabajen los pobres”. Vale la pena recordar también la declaración que realizó otro repudiable miembro de la fauna legislativa, el diputado liberal Carlos Portillo, según el cual un legislador jamás se puede comparar con la “gente común”. Y como se ve, los fiscales y los jueces le dan la razón.
En verdad, todos los ciudadanos y las ciudadanas deben sumarse a la indignación que se viene ya registrando al observar que legisladores y funcionarios delincuentes abonan su consumición con la plata a todas luces sustraída al erario, es decir, al pueblo contribuyente. Hacerles el vacío en los lugares públicos es una suerte de cordón sanitario para evitar el contagio de su inmoralidad.
Estas actitudes de repudio serían innecesarias si los fiscales y los magistrados cumplieran con su deber de perseguir y sancionar a quienes se valen de la función pública para practicar el latrocinio. La sociedad debe defenderse de una manera lícita, como la comentada, porque la impunidad de los poderosos es fomentada por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Más aun, allí también se cometen fechorías de diversa índole, lo que hace aconsejable anotar los nombres de conocidos fiscales y jueces prevaricadores para expresarles igualmente el repudio en los lugares públicos. Ellos son los culpables de la impunidad y, por tanto, de que el Paraguay continúe chapoteando en el fango de la corrupción.
En tal sentido, es de recordar que desde hace varios años la judicatura viene tolerando las chicanas sistemáticas de presuntos delincuentes, tales como el senador colorado Víctor Bogado y los hoy “parlasurianos” liberales Enzo Cardozo y Milciades Duré, el primero acusado por los delitos de estafa y cobro indebido de honorarios, en tanto que los otros dos, por el de lesión de confianza. Por su parte, el diputado colorado Carlos Núñez Salinas –contrabandista confeso– sigue impune desde 2011. Sin olvidar al impresentable mayor de los últimos tiempos, el senador colorado Óscar González Daher, que volvió a ocupar una banca luego de ser despojado de su investidura el año pasado por evidente tráfico de influencias, revelado en audios que salieron a la luz pública.
Y en tren de recordar también a magistrados prevaricadores, allí están Jaime Bestard y Alberto Ramírez Zambonini, así como el camarista Carlos Escobar y los ministros Raúl Torres Kirmser, Luis María Benítez Riera, Antonio Fretes, Miryam Peña y la hoy vicepresidenta de la República, Alicia Pucheta, quienes deberían ser repudiados por haber convalidado las candidaturas inconstitucionales a senador de Nicanor Duarte Frutos y de Horacio Cartes.
Lamentablemente, lejos de dar muestras de arrepentimiento y de tratar de mejorar las cosas, una mayoría de políticos y legisladores se abroquelan alrededor de los bandidos para protegerlos, sin darse cuenta de que la indignación ciudadana está creciendo, ni de que serán los responsables de cualquier consecuencia indeseable que pueda presentarse. El despreciable diputado colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez no ve que la gente esté indignada y afirma que la repulsa ciudadana es apenas una “cuestión mediática”. Es poco, entonces, lo que puede esperarse de parte de los propios políticos y legisladores y de la Justicia. Con razón, el propietario del restaurante “La Tarantella” afirma que “no vemos un arrepentimiento de parte de esta persona que nos representa”, en alusión a Ibáñez, pero el concepto puede hacerse extensivo a todos los de su clase y a sus acólitos que les apoyan.
Ante esta circunstancia, cabe esperar que los ciudadanos y las ciudadanas intensifiquen las expresiones de repudio sobre esta clase podrida que está robando su presente y su porvenir a la gente de bien.