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El 13 de febrero, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) hizo llegar a los tres Poderes del Estado una nota en la que expresa su preocupación por los hechos políticos actuales. La entidad empresarial cree que este tipo de situaciones “inevitablemente produce efectos sociales y económicos” y exhorta a los actores políticos a que superen sus diferencias para cumplir con sus deberes constitucionales. Señala, además, que el Estado no puede funcionar sin la Ley del Presupuesto General de la Nación y subraya la necesidad de que la democracia sea respetada. Al mismo tiempo, condena que “los responsables del Estado no ajusten sus actos a lo que impone la Constitución” y “antepongan sus intereses personales a los nacionales”, para concluir subrayando que “las decisiones políticas deciden la suerte de un país”.
Esta elocuente nota se suma a otras declaraciones del empresariado en torno a los sucesos que mantienen en vilo a la ciudadanía, y que derivan de la pretensión ilegítima de gobernantes y políticos ambiciosos de torcer la Constitución para aferrarse al poder o para volver a él. En efecto, el 28 de octubre de 2016, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Eduardo Felippo, declaró que el intento de reelección presidencial distrae la atención de cuestiones más importantes y que “la alternancia es lo mejor”; el 9 de diciembre de 2016, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay emitió un comunicado bajo el título “La discusión de la reelección nos desgasta y pone en riesgo el país”; seis días más tarde, el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) expresó, “en defensa de la institucionalidad democrática”, su “más absoluto rechazo” a dicha iniciativa que “altera la convivencia pacífica”.
Estas oportunas manifestaciones del sector empresarial, que coinciden con lo señalado en enero por la agencia financiera internacional Bloomberg en cuanto al posible impacto económico del debate en torno a la reelección presidencial, desmienten la creencia del Banco Central de que “normalmente el empresariado se aísla del ruido político”. Sin embargo, el sector empresarial ya había emitido opiniones similares cuando Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo intentaron también inconstitucionalmente el rekutu, de modo que no es ninguna novedad que hoy se pronuncie sobre una cuestión que nos interesa a todos. Los empresarios no viven aislados de la sociedad. Al contrario, viven integrados en ella, y está muy bien que compartan las inquietudes de sus conciudadanos en lo que hace a los aconteceres políticos.
Por lo demás, no puede resultarles indiferente producir bajo un régimen dictatorial o bajo uno democrático, bajo uno en el que se respeta la Constitución o bajo otro en el que es violada para satisfacer ambiciones personales o de grupos. La previsibilidad en materia económica depende de la seriedad de los actores políticos. ¿Qué se puede esperar, en términos más concretos, de un gobernante que renuncia públicamente a promover su reelección debido al rechazo de amplios sectores de la ciudadanía, y que poco después se lanza frenéticamente a una campaña para conseguirla a toda costa? Es lógica, entonces, la preocupación del sector empresarial, pues, como bien lo señala la Feprinco, las decisiones políticas determinan el destino de un país.
Si el empresariado ya está preocupado ahora por el impacto que tiene desviar la atención de los verdaderos problemas nacionales para anteponer campañas políticas, ya puede preverse lo que vendrá si los actuales impulsores del rekutu atropellan la Constitución y consiguen su objetivo: este año y en 2018, el Paraguay se convertirá en un agitado campo de batalla política, en el que los recursos humanos y materiales del Estado estarán completamente dirigidos a promover las candidaturas del oficialismo colorado y sus compañeros de ruta. Serán otros de los tantos “años políticos” que ya conocemos, que se despliegan en detrimento de la producción y del erario.
En el deteriorado ambiente que se perfila, puede preverse también que se vivirá una tensión constante entre diversos sectores de la ciudadanía, ambiente poco propicio para el trabajo y la producción.
Los principales responsables de este despropósito son el presidente Horacio Cartes y el expresidente y senador del Frente Guasu Fernando Lugo, apoyados por el senador liberal Blas Llano y sus seguidores. Con toda seguridad, este ominoso panorama no va a pasar desapercibido para quienes tienen en vista al Paraguay como futuro destinatario de sus inversiones. A eso se agrega que estamos también con un peligro cierto de “default” o cesación de pagos, provocado por el irresponsable endeudamiento del país realizado por el Gobierno de Horacio Cartes, quien en sus pocos años de gestión ha hipotecado este país, y se está a punto de tirar por la borda el ambiente de inversión y desarrollo que ha venido conociendo el Paraguay desde hace más de una década, cuya exclusiva paternidad quiere atribuirse el actual Gobierno.
Todos los habitantes de este país deben estar en alerta máxima para defender con todas sus fuerzas las conquistas democráticas, y rechazar a quienes quieren volver a las oscuras épocas de las “reelecciones” de Alfredo Stroessner.