En febrero último, la ciudadanía se enteró de que en la Justicia Electoral se robaban fondos públicos previstos para el pago de viáticos y de que los principales beneficiarios fueron nada menos que los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) Jaime Bestard, Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka. Desde entonces transcurrieron seis meses sin que ni el Ministerio Público ni el Congreso hayan tomado ninguna medida con respecto a ellos. Ramírez Zambonini fue imputado solo por haber inducido a sus subordinados al cobro indebido de honorarios, pero no así por el delito de lesión de confianza. Al igual que su colega Bestard, hace unos días devolvió al erario 40 millones de guaraníes cobrados ilícitamente entre enero y diciembre del año pasado, mientras Wapenka reintegró poco después 50 millones percibidos en el mismo periodo. Es decir, estos magistrados admitieron de hecho haber delinquido al cobrar cada mes un sobresueldo para solventar los gastos de traslado a eventos que nunca se realizaron. Para el efecto, los subordinados emitían documentos públicos de contenido falso, convirtiéndose en cómplices.
Hasta la fecha, los fiscales de Delitos Económicos Hernán Galeano y Silvia Cabrera no han imputado a las máximas autoridades de la Justicia Electoral, con el pretexto de que sería una causa muy compleja en la que son muchos los funcionarios investigados. Es claro que no necesitan concluir las investigaciones en curso con respecto a 74 funcionarios que también cobraron viáticos, para tener desde ya indicios vehementes sobre la responsabilidad penal de Bestard, Ramírez Zambonini y Wapenka. Tampoco podrían aducir que necesitan indagar si los hechos punibles que se les atribuyen empezaron antes de 2015, lo que obviamente resulta del todo presumible, pues la imputación podría ampliarse más tarde. Como no debe excluirse alguna confabulación que apunte a la impunidad, el hecho de que se hayan devuelto las sumas percibidas ilegalmente no debe servir para alegar que ya no existe un daño patrimonial y que, en consecuencia, la apertura de la causa sería improcedente. El llamado procedimiento abreviado, que permite eximir de una pena privativa de libertad a quien repara el perjuicio causado, implica un juicio previo, así que de todos modos esos caraduras deberán sentarse en el banquillo de los acusados. Devolvieron el dinero mal habido en 2015 como una maniobra para evitar ser enjuiciados y no porque teman a la opinión pública ni, mucho menos, porque se hayan arrepentido de sus fechorías continuadas.
No debería sorprender que con el paso que dieron obtengan el resultado que pretenden, considerando que la Justicia Electoral es un botín de la clase política.
Todo indica que, pese a todas las irregularidades reveladas en los últimos tiempos en su seno, los legisladores están muy satisfechos con la gestión del TSJE. Es que siempre este tribunal ha estado dispuesto a mantener con generosidad a sus respectivos operadores políticos. Se comprende, entonces, que en el Congreso no abunden las críticas a los tres magistrados “distraídos” y que a ninguno de sus miembros se le ha ocurrido hasta ahora promover un juicio político por delitos cometidos en el ejercicio del cargo o, al menos, por mal desempeño de funciones. Los políticos guardan un profundo silencio sobre Bestard, Ramírez Zambonini y Wapenka, como si lo que hicieron fuera irrelevante y no estuviera incurso en el Código Penal.
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El fiscal general del Estado no puede desconocer esta situación, por lo que cabe suponer que forma parte de la maquinaria fiscal-judicial que protege a los impresentables integrantes del TSJE con la intención de preservar el statu quo en esta institución, en la que se retribuyen favores a los legisladores y otros padrinos políticos.
Si el Congreso no se inmuta ante tan detestable práctica de los miembros del alto tribunal, es de suponer que está satisfecho con ellos. Cabe pensar que también lo está el Poder Ejecutivo, lo que podría atribuirse a la confianza de larga data que el presidente Horacio Cartes tiene depositada en el magistrado Bestard, otrora apoderado del Movimiento Honor Colorado ante el Tribunal Electoral de la ANR. El turbio entramado parece dar al TSJE motivos suficientes para sentirse tranquilo, pues tiene las espaldas cubiertas nada menos que por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como por el Ministerio Público.
El 12 de agosto, la Contraloría General de la República confirmó que empleó 827 millones de guaraníes, que debían destinarse a la compra de pasajes, para pagar alojamientos, cenas y traslados de observadores extranjeros de los últimos comicios municipales. La malversación salió a la luz pública en mayo de este año, sin que en su momento los fiscales de Delitos Económicos hayan movido un dedo para imputar a Bestard, presidente del organismo electoral y, por lo tanto, ordenador de gastos. Por las razones apuntadas, es dudoso que el referido informe les induzca esta vez a hacer algo que pueda afectar aún más al alto magistrado.
Los fiscales ponen todo el empeño cuando persiguen a ladrones de gallinas, pero sienten parálisis cuando deben investigar a intocables con respaldo político. Tal como están las cosas desde hace mucho tiempo, saber distinguir entre paraguayos de primera y de segunda es una condición indispensable para representar a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado.
Los ciudadanos y las ciudadanas no deben permanecer indiferentes, sino reclamar públicamente en las calles el saneamiento del vergonzoso TSJE.