En una insólita decisión, que abre un ancho campo a la impunidad de los políticos sospechados de delinquir en perjuicio del erario, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia suspendió por unanimidad los efectos de los fallos de primera y segunda instancias que confirmaron la imputación fiscal contra el exministro del Interior Rafael Filizzola, procesado por el delito de lesión de confianza (sobrefacturación) que habría cometido en la construcción de obras de ampliación inconclusas en veintidós comisarías.
La sorprendente resolución paraliza el juicio, hasta tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad promovida por los defensores del beneficiado para lograr su completa anulación. La gravedad de la decisión se acentúa cuando se considera que no interrumpe los plazos procesales, que en materia penal son perentorios e improrrogables, de modo que podrían operarse la extinción de la acción penal y la prescripción de la sanción. Aunque ello no ocurra, el auto interlocutorio dictado puede interpretarse como un anticipo del fallo que se emitirá con motivo de la citada acción de inconstitucionalidad, pues los ministros Myriam Peña, César Garay y Miguel Óscar Bajac analizaron el fondo del asunto en vez de limitarse a resolver si la medida cautelar solicitada era o no admisible, según el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Federico Espinoza. Peor aún, la resolución puede sentar un nefasto precedente en beneficio de otros políticos procesados por hechos de corrupción, como el diputado José María Ibáñez y los senadores Enzo Cardozo y Víctor Bogado, quienes también cuestionan las actuaciones del Ministerio Público en sus respectivas causas.
De la indignante impunidad que se avizora sería finalmente responsable la máxima instancia judicial, tres de cuyos miembros –Sindulfo Blanco, César Garay y Miguel Óscar Bajac– fueron acusados por la Cámara Baja de mal desempeño de sus funciones, en el marco de un juicio político hoy congelado. No es casual que los dos últimos hayan integrado la Sala Constitucional que favoreció las pretensiones de Rafael Filizzola, marido de la senadora Desirée Masi. Para entender en este asunto, reemplazaron a los ministros Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, apartados a instancias del imputado para que la decisión quedara a cargo de dos magistrados cuya continuidad en el cargo depende del voto de su esposa y del de sus colegas. Estos no tuvieron el decoro de inhibirse de entender en una causa en la que la legisladora tiene un interés evidente, en tanto que la recusación planteada por la Fiscalía fue rechazada de plano. O sea que la Sala Constitucional fue conformada a gusto y paladar del exministro del Interior, quien el mismo día en que se dictó el auto interlocutorio asistió a la toma de juramento de una abogada, que estuvo a cargo del ministro Bajac.
Desde hace tiempo nuestro diario ha venido advirtiendo que la indefinición del juicio político a miembros de la Corte Suprema es como una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de estos, ocasión más que propicia para que los legisladores los tengan con el “cháke” permanente y les manden fallar de acuerdo a sus intereses. A la luz de lo que parece todo un contubernio, es imposible imaginar que la senadora Desirée Masi llegue a votar por la destitución de los ministros Bajac y Garay. De hecho, ya en abril de este año hizo depender su voto en tal sentido de la promoción de un juicio político contra los ministros Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, apartados por su esposo del caso en cuestión.
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En declaraciones a la prensa, el fiscal adjunto Federico Espinoza señaló que este es quizá el primer caso en que un proceso es suspendido mediante una inconstitucionalidad. Puede, en efecto, que sea el primero, pero es de temer que no sea el último, sobre todo cuando la imputación alcance a algún político ligado de cierto modo al Congreso. El mecanismo abierto sería más efectivo que el de las descaradas chicanas a las que recurren sistemáticamente los ladrones de fondos públicos, y evidencia hasta qué punto el poder político puede influir en las resoluciones judiciales.
Garantizando la impunidad de los corruptos, la Corte Suprema de Justicia violará no solo la conciencia moral de nuestros compatriotas, sino también el principio constitucional de igualdad ante la ley: el común de los ciudadanos puede ser sancionado si roba una gallina, pero quien causa un perjuicio al Estado por valor de más de 1.131 millones de guaraníes, como el que se le atribuye al exministro del Interior, puede quedar libre de culpa y pena por el mero transcurso del tiempo, gracias a que la magistratura distingue entre paraguayos de primera y de segunda.
El mensaje transmitido por la Sala Constitucional, conformada a la medida de un encausado, resulta bastante claro: el contenido de una decisión judicial puede depender de una contraprestación, no necesariamente monetaria, como lo sería un voto favorable en el Senado. Ni siquiera es necesario guardar las formas, puesto que la delicadeza no es una cualidad muy apreciada en la función pública. Lo que importa es “negociar” oportunamente los términos de un acuerdo que beneficie al juzgador y al justiciable: “te doy para que me des”, sin que importen un bledo ni la justicia ni lo que la gente piense del acuerdo. De esta manera, los políticos corruptos pueden sentir ahora, como nunca antes, que tienen las espaldas cubiertas nada menos que por la máxima autoridad judicial, y que, en consecuencia, pueden dedicarse tranquilamente a robar a mansalva el dinero público. En particular, los que hoy están procesados pueden confiar en que, en su momento, el Poder Judicial les tenderá la mano para sacarlos del momentáneo apuro, siempre y cuando, desde luego, tengan un voto oportuno para ofrecer a cambio.
Por de pronto, los jueces de primera y de segunda instancias del fuero penal ya saben el camino a seguir cuando tengan ante sí a un político estrechamente relacionado con el Congreso. La impunidad está de parabienes.
Los ciudadanos y las ciudadanas ya no deben quedar callados y salir a las calles para demostrar con acciones concretas su repudio a los integrantes de los tres Poderes del Estado que bastardean tan descaradamente las instituciones públicas en beneficio propio.