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En nuestra calamitosa administración de Justicia no solo se practican el nepotismo y el prebendarismo, sino que además se cometen delitos tales como el prevaricato y el cohecho pasivo agravado (coima). También se incurre en negligencias grotescas, como la perpetrada en el escandaloso fallo sobre el “Caso Curuguaty”, emitido por los magistrados Cristóbal Sánchez, Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón, quienes integraron para el efecto la Sala Penal de la Corte. Los dos primeros hicieron lugar al recurso de casación planteado por la defensa de los campesinos encarcelados y dispusieron “el reenvío para un nuevo juicio por otro Tribunal de Sentencia”; el tercero votó por absolver a los once acusados de reproche y pena, sin necesidad de un nuevo juicio. Por increíble que parezca, la parte resolutiva del Acuerdo y Sentencia N° 293 acogió la opinión minoritaria, de lo que se desprende que los citados camaristas no se tomaron ni siquiera la molestia de leer el fallo. Firmaron lo que algún funcionario puso ante ellos, sin advertir que en el considerando se lee que “En el momento de la deliberación, el Dr. Arnaldo Martínez Prieto manifiesta compartir el Voto del Dr. Cristóbal Sánchez, por las mismas razones expuestas”.
Uno de los tres chapuceros –el Dr. Emiliano Rolón– afirmó ayer muy suelto de cuerpo cuanto sigue: “La atención de los medios de prensa y el reclamo de la Fiscalía nos percataron de nuestro error material y lo corregimos hoy a la primera hora, y es lo más sano que se puede hacer”. Lo primero que cabe apuntar es que el magistrado admitió que si la prensa y la fiscalía no hubieran señalado el tremendo disparate, ni él ni sus colegas se habrían dado cuenta de que el Dr. Martínez Prieto dijo “compartir el voto” del Dr. Sánchez. Lo segundo es que aquí no hubo ningún “error de tipeo”, como habría ocurrido si inadvertidamente se hubiese escrito, por ejemplo, “partir el voto” en vez de “compartirlo”. Lo tercero: no podían haber corregido nada mediante una resolución aclaratoria, porque si la pidiera la parte agraviada, el magistrado solo puede corregir su error “sin avanzar contra el discurso manifestado o decidido”. Aquí, lo expresado con toda claridad por el Dr. Martínez Prieto es que él se sumaba al voto del Dr. Sánchez, de modo que no había ninguna oscuridad que disipar ni, cabe insistir, ningún “error de tipeo”.
Es imposible modificar el considerando mediante un recurso de aclaratoria con el fin de alterar el voto de un magistrado. El Dr. Martínez Prieto no puede cambiar de opinión a posteriori. Si se aceptara tamaña aberración, un camarista o un ministro de la Corte podría en el futuro arrepentirse de su voto, una vez emitido el fallo, e invocar un inexistente “error de tipeo” para alterar lo resuelto o al menos para quedar bien ante la ciudadanía. La cuestión es muy sencilla: dos magistrados votaron en favor de que se inicie un nuevo juicio ante otro Tribunal de Sentencia y, por tanto, la parte resolutiva de la sentencia tenía que responder a la decisión mayoritaria, es decir, ordenar el reenvío de la causa. En todo caso, si algo había que corregir en esta sentencia es el “resuelve”, para que se ajuste a la opinión vertida por los doctores Sánchez y Martínez Prieto.
Independientemente del intríngulis que se armó con la referida sentencia, corren versiones de que la súbita libertad de los campesinos del “Caso Curuguaty” obedeció a una componenda entre el presidente electo Mario Abdo Benítez y el senador Fernando Lugo, interesado en que lo ocurrido el 15 de junio de 2012 en Curuguaty aparezca como un complot urdido para destituirlo de la presidencia de la República –tal como ya declaró inmediatamente– y en que los “campesinos” aparezcan como inocentes de la muerte de seis agentes policiales emboscados. Conociendo el sometimiento de la Justicia a los políticos, no cabe descartar esa posibilidad, además de que Lugo prestó un señalado servicio como titular del Senado para evitar el juramento de Nicanor Duarte Frutos como senador electo, lo que hubiera significado abrir más adelante las puertas para que Horacio Cartes haga lo mismo. Con ambos fuera del Congreso, Mario Abdo Benítez se evitó un conflicto interminable. Volviendo a los tres supinos torpes magistrados, que firmaron un fallo sin leerlo, debe recordarse que todos ellos aspiran a integrar la Corte. Hay motivos suficientes, en consecuencia, para enfatizar, por si aún hiciera falta, que en nuestro país la judicatura ha tocado fondo.
En efecto, si hay un consenso en nuestra sociedad es que la administración de Justicia está podrida, lo mismo que el Ministerio Público. Será muy difícil hallar algún ciudadano honesto que esté satisfecho con ellos. La triste experiencia enseña que entre los magistrados y los fiscales predominan los corruptos, los ineptos y los haraganes, que actúan o dejan de actuar respondiendo a los poderes político y económico.
La intención de proteger a quienes mandan llegó no hace mucho al extremo de que dos fiscalas hayan admitido, en una “declaración testimonial”, que la abogada del senador Óscar González Daher pidiera a la periodista Mabel Rehnfeldt que revelara sus fuentes de información, en el caso de los escandalosos audios que expusieron a la luz el grosero tráfico de influencias que imperaba en la administración de Justicia y en el Ministerio Público. Más recientemente, otros audios revelaron presuntos manejos fraudulentos del funcionario de la Justicia Electoral Miguel Ángel Iturburo. Pero ni en este caso ni en el anterior se advierte una firme voluntad de los fiscales de intervenir vigorosamente para recabar elementos de juicio que conduzcan al esclarecimiento de los hechos. En otros asuntos, sería ocioso enumerar las chicanas interpuestas, desde hace años, por el senador Víctor Bogado y por los hoy parlasurianos Enzo Cardozo y Milciades Duré, para impedir la apertura de un juicio oral y público, es decir, para librarse de una condena que sería inexorable si se respetaran el Código Penal y el Procesal Penal. Lo mismo hubiera ocurrido si la fiscala Victoria Acuña y el juez Julián López no hubieran sido tan indulgentes con el diputado José María Ibáñez, autor confeso de un miserable robo al Estado.
El bochornoso fallo del “Caso Curuguaty” muestra, en fin, que depurar cuanto antes la administración de Justicia y el Ministerio Público debe ser una causa nacional. Para comenzar, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, si va a cumplir con su obligación, debe intervenir con firmeza en este bochornoso asunto protagonizado por tres magistrados absolutamente irresponsables, y apartarlos de la judicatura por constituir un peligro para la sociedad.