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Para hoy está previsto el inicio del juicio oral y público del exintendente municipal de Ypejhú Vilmar “Neneco” Acosta, presunto autor intelectual del brutal asesinato de nuestro corresponsal en esa zona del país, el periodista Pablo Medina, y de su acompañante Antonia Almada, acaecido el 16 de octubre de 2014, en la colonia Itanaramí. Es de esperar que se haga pronta justicia para que el doble homicidio –motivado por las reiteradas denuncias del corresponsal contra la narcopolítica que se adueñó de Canindeyú– no quede impune como el asesinato de su colega Santiago Leguizamón, cometido en 1991 por sicarios del crimen organizado. Uno de los que habrían actuado en el horrendo caso en cuestión –Wilson Acosta– sigue prófugo, mientras que el otro –Flavio Acosta– está recluido en Foz de Yguazú y, con argucias judiciales, está tratando de impedir su extradición.
Inclusive, no puede descartarse que hoy, hasta última hora, la defensa del procesado presente alguna chicana para impedir el comienzo del juicio, sabiendo cómo actúa la gente vinculada con el poder –sobre todo, el narcotráfico– para quedar impune, y teniendo en cuenta que “Neneco” Acosta tenía –y sigue teniendo– estrecha relación con la poderosa “madrina del Norte”, la diputada colorada Cristina Villalba, muy cercana a su vez al propio presidente Horacio Cartes. Recuérdese que el procesado, estando prófugo, telefoneó a la legisladora dos días después del crimen, manteniendo una conversación de nada menos que 12 minutos. Es obvio que no fue solo un saludo protocolar.
Es lamentable que la grabación del diálogo no haya sido oportunamente requerida por la agente fiscal Sandra Quiñónez, pues podría haber aportado pruebas adicionales, incluso para abrir una causa por encubrimiento u obstrucción de la Justicia contra la “madrina del Norte”. Con todo, las reunidas son suficientes para que el Tribunal de Sentencia, integrado por Ramón Trinidad Zelaya, Yanine Ríos y Benito González, dicte un fallo que sería muy significativo si se ajustara a Derecho, tanto por las investigaciones sobre el narcotráfico que realizaba el periodista asesinado como por el hecho de que el acusado era un “político” del partido oficialista.
Pablo Medina es un ejemplo de coraje y amor a la profesión que abrazó, porque, aun sabiendo que arriesgaba su vida al revelar que el temible “Neneco” Acosta traficaba con marihuana –además, era de pública notoriedad en la zona que este ya habría ordenado, dos meses antes, el asesinato de su adversario político Julián Núñez Benítez–, no se amilanó y siguió publicando las fechorías del jefe comunal, que tenía a sus órdenes a los policías locales y estaba bien relacionado con la diputada Cristina Villalba, una persona muy allegada al presidente de la República, Horacio Cartes.
Es de sobra conocido que los narcotraficantes financian generosamente la política. “Neneco” Acosta se dedicaba a ambas actividades, de modo que podría ser considerado el prototipo del narcopolítico, que no solo cuenta con operadores para sus campañas proselitistas, sino también con sicarios. Inclusive, no puede descartarse que desde su lugar de reclusión en la Penitenciaría de Tacumbú continúe desplegando su actividad delictiva, tal como lo estuvo haciendo el famoso narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão.
Estas son razones de peso para que la ciudadanía preste atención al desarrollo de este proceso penal, que debió haber empezado el 16 de octubre, pero fue postergado por tiempo indefinido a causa de un supuesto “recargo de trabajo” de los miembros del Tribunal de Sentencia. Ante las publicaciones, se resolvió iniciarlo este lunes.
El juicio se realizará en Asunción por motivos de seguridad. Salto del Guairá, donde tiene su asiento el Tribunal de Sentencia, es una ciudad fronteriza del departamento de Canindeyú, gobernado por el multimillonario exprés Alfonso Noria Duarte, otro buen amigo del acusado y de la “madrina del Norte”. La decisión tomada al respecto es atinada, pero los brazos del crimen organizado son lo bastante largos como para llegar a la capital del país sin mayores dificultades, de modo que la anunciada fuerte presencia policial en el Palacio de Justicia también es apropiada.
Aunque “Neneco” Acosta se abstenga de revelar sus nexos con el poder político, este proceso penal servirá para demostrar que en el Paraguay de hoy un narcotraficante puede llegar a ser intendente municipal, encargar tres asesinatos y comunicarse luego con una persona influyente para intentar huir de la Justicia.
La ciudadanía ya sabe que las pruebas en contra del acusado son contundentes y que el asesinato de Pablo Medina no conseguirá acallar la voz de los periodistas que anhelan un país liberado de las garras de la narcopolítica. Si se hace justicia, sin admitir chicanas dilatorias que apunten a la extinción de la causa, el narcotráfico sufrirá un duro golpe y la política quedará algo menos contaminada. Pero, sobre todo, disminuirá la desconfianza generalizada hacia el Ministerio Público y el Poder Judicial, al transmitirse al país y al mundo el mensaje de que la narcopolítica en el Paraguay no es omnipotente y que la sangre vertida puede ser lavada si hay fiscales y jueces probos y valientes, que cumplen con su deber de perseguir el delito allí donde lo encuentren. Los vínculos de los delincuentes con el poder no deben seguir siendo una patente de corso para los amigos de los políticos encumbrados.