Según todos los indicios, en el Instituto de Previsión Social (IPS) se sigue echando mano al aporte de los empleadores y de los trabajadores para el enriquecimiento ilícito de sus proveedores de bienes y servicios, así como probablemente el de los directivos y funcionarios que intervienen en los procesos licitatorios.
La más reciente presunta corruptela que ha salido a luz en esa institución tiene que ver con la tradicional sobrefacturación, que implica recargar el precio de lo ofertado para compensar con creces el soborno que se debe entregar para obtener el contrato, lo que a su vez supone que el procedimiento previo esté amañado. Esta vez, el IPS pagará al menos unos 40.000 millones de guaraníes en exceso por los servicios de seguridad de la empresa Security Service Technology SA (SST), la misma que, bajo el nombre de Doram, ya había sido multada por el Ministerio de Trabajo por incumplir leyes laborales. Por lo visto, las multas no le afectan frente a los beneficios que obtiene, pues, en otro contrato, esta vez con la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), esta firma continúa ignorando dichas normas bajo su actual denominación, adoptada en 2013.
En efecto, empleados de SST denunciaron en una nota dirigida en febrero último a Nicanor Duarte Frutos, director de la EBY, que carecen de una copia del contrato de trabajo, que tienen turnos de 12 horas diarias, sin recibir un pago adicional por las nocturnas ni por las extras de fin de semana, y que no son atendidos en el IPS, pues la empresa no entrega el aporte mensual descontado. Es administrada por Óscar Chamorro Lafarja, hijo del propietario, el famoso exdiputado colorado por Alto Paraguay y acaparador de contratos con diversas instituciones, José Chamorro. Entre otras cosas, a este último se le atribuyó el cobro, en 2006, de más de 250 millones de guaraníes en cheques por “gestionar” el desembolso de royalties para la Municipalidad de Puerto Casado. La firma del influyente exlegislador ha celebrado contratos con al menos 16 entidades públicas, siendo el IPS su mejor cliente: en la última década, fueron a parar a sus bolsillos nada menos que 250.000 millones de guaraníes por la provisión de guardias de seguridad. Las autoridades de la previsional deberían explicar cómo es posible que, cuando las empresas que incumplen leyes laborales no pueden intervenir en contrataciones públicas, SST siga siendo la favorita del instituto al que no transfiere el dinero descontado a sus trabajadores.
El sobreprecio antes referido resulta de comparar el contrato adjudicado con el que firmó en 2018 con el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), por un valor total de 10.955.538.504 guaraníes y con relación a 74 guardias de seguridad. Prestarán servicios durante dos años, lo que significa que cada uno de ellos le costará al SNPP 6.189.659 guaraníes mensuales. Al IPS, los 673 guardias de seguridad le costarán per cápita 9.681.703 guaraníes mensuales, durante el año y medio de vigencia del contrato por un valor total de 117.284.157.418 guaraníes. ¿Cuándo terminará la sobrefacturación en este antro de corrupción? Al menos debería dejar de contratar a empresas que ya violaron las leyes, pero de nuevo son mimadas a la hora de adjudicar contratos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El segundo “paquete” licitatorio, referido a la provisión de un sistema de circuito cerrado de televisión, beneficiaría a Buller SA, ¡también perteneciente al mismo exdiputado de pésima fama! En este caso, el detalle revelador del favoritismo habitual es que, según el pliego de bases y condiciones, los equipos deben ser de una marca específica, casualmente representada en el país por Buller SA, en forma exclusiva. La ganadora está así predeterminada, violándose el principio de “igualdad y libre competencia”, establecido en el art. 4° de la Ley N° 2051/03. Este dato sirve para responder a la excusa del presidente del Consejo de Administración del IPS, Armando Rodríguez, de que solo la firma SST concurriría siempre a los llamados a licitaciones. En verdad, se entiende que así sea, pues las exigencias contenidas en los pliegos apuntan a mantener el monopolio de una familia explotadora que ha ganado muchísimo dinero a costa de los trabajadores y de los asegurados del IPS, con la complicidad de los consejeros y presidentes que ha venido soportando a lo largo de los años.
Aquí cabe llamar la atención sobre el hecho de que en el Consejo también están representados los empleadores, los trabajadores y los jubilados, quienes deberían pegar el grito al cielo cuando surgen serias sospechas de millonarios desvíos de recursos que pertenecen a los aportantes. Desde luego, no cabe esperar mucho de quienes suelen ser designados como presidente y representantes de los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y de Salud Pública y Bienestar Social, dado que provienen de un aparato estatal signado por la corrupción. El actual representante del primer ministerio citado, por ejemplo, es el exsenador usurpador de la presidencia del Senado, Julio César Velázquez, de quien nada bueno se puede esperar en su nueva función, concedida en pago de favores políticos.
Pero sí cabe demandar que los consejeros procedentes del sector privado –hoy Miguel Ángel Doldán, por los empleadores, el eterno Juan Torales, por los trabajadores, y Roberto Brítez, por los jubilados– velen por el uso correcto del dinero que abonan sus representados. Y, sin embargo, como sus antecesores, hacen la vista gorda ante tan escandalosos manejos, sin importarles un bledo el interés de quienes les pagan un sueldo envidiable. En concreto, al consejero Doldán le tiene sin cuidado que otras empresas no puedan competir en igualdad de oportunidades, porque las licitaciones se orientan a una determinada oferente. Lo mismo ocurre con su colega Torales, que se presta a beneficiar a una empresa que viola sistemáticamente la ley laboral. ¿Hay que creer que no se dan cuenta de algo que ocurre ante sus narices y que solo puede consumarse con su consentimiento expreso, salvo que hayan hecho constar su disidencia? Por cierto, los tres consejeros provenientes del sector privado, incluyendo al que representa a los jubilados, hacen mayoría, de modo que se requiere la complicidad de al menos uno de ellos para que se consume algún negociado.
En última instancia, la responsabilidad recae en las entidades o instituciones que proponen al Poder Ejecutivo una terna para el nombramiento de sus representantes en el Consejo. La triste experiencia enseña que no tienen el menor tino a la hora de acercarlas y que luego se desentienden de lo que “sus” consejeros hagan o dejen de hacer durante al menos cinco años.
En suma, los asegurados no pueden contar con que sus intereses sean bien atendidos, porque la corrupción continúa, con la vista gorda de quienes representan a los aportantes. Es hora de que estos levanten la voz contra quienes los traicionan.
