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Con buen criterio, el presidente Horacio Cartes decidió impulsar una acción que hace 25 años la nación esperaba: ordenó a las instituciones públicas que presenten una lista de sus funcionarios, la función que cumplen y el salario que perciben, para corroborar quiénes son los que trabajan efectivamente y quiénes son los que “planillean” solamente para cobrar a fin de mes sin trabajar.
El problema del espantoso exceso de personas que reciben salarios del Estado en el Paraguay genera numerosos perjuicios para todos, incluidos los propios funcionarios, su estima personal, su futuro y su dignidad ciudadana. Es parte sustancial de la peor enfermedad que padece el Paraguay en la actualidad: la corrupción.
La distorsión del régimen de servicio y funciones públicas llegó a tan desvergonzado extremo que se inventan cargos completamente injustificados y con nombres ridículos, como “jefe de secretarias”, “jefe de ascensoristas”, para intentar acreditar el puesto fabricado bajo un título engañoso. Pero es en vano, porque se sabe cuál es la realidad de los miles y miles de “parásitos” que pueblan las oficinas y los pasillos de las oficinas públicas, ya que en la mayoría de los casos ni siquiera hay espacio físico libre para ellos. Tanto es el abuso en esta materia que abundan los jefes de oficinas de tercera categoría que tienen un ¡¡¡jefe o jefa de gabinete!!! Ni que fueran el mismísimo presidente de la República.
El recurso de emplear más y más personas se tornó una salida fácil para los politicastros, principalmente para los que están en posesión del poder de administrar el Estado. A este régimen se lo conoce por “prebendarismo”. Mediante él, los políticos pagan sus deudas y promesas con las personas que les prestaron su adhesión, apoyo o les ofrecieron su tiempo y fuerza de trabajo en las campañas electorales, en la militancia permanente y en el sostenimiento de su base partidaria. Sin olvidar que a estos suelen agregarse parientes, amigos, asesores personales, empleados domésticos y hasta parejas y amantes, como se está publicando ocurre en el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Por otra parte, los que reciben el beneficio especial de un contrato o un nombramiento logrado dentro del régimen prebendario, en su mayoría, son personas que carecen de trabajo; es decir que, de no ser así, serían desocupados.
En los países donde se combate el paro laboral suele existir un fondo especial para adultos sin ingresos, un seguro público de desempleo. En nuestro retorcido y vicioso régimen, repartir cargos públicos es el recurso que sustituye al ordenado y controlable sistema de seguro de desempleo. El prebendarismo es arbitrario, caótico, inequitativo y onerosísimo; es un régimen que causa gravísimos problemas a la eficiencia en el funcionamiento de los organismos estatales y a las arcas públicas, comprometiendo severamente las posibilidades de desarrollo real del país.
Ahora es el propio titular de la Secretaría de la Función Pública, Humberto Peralta, quien confirma que el 20% de los que reciben salarios estatales están sobrando, no tienen nada que hacer. De esta forma, de una cifra estimada de 300.000 funcionarios existentes, unos 60.000 haraganean en algún lugar de las oficinas públicas o directamente se quedan en sus casas, con el consiguiente alto costo para el erario.
En consecuencia, hay una cifra elevada de funcionarios permanentes o contratados de los que muchos organismos deberían desprenderse, lo que clarificaría las oficinas atiborradas, definiría mejor las funciones, facilitaría el control del cumplimiento de reglas, suprimiría figuras de tan dudosa racionalidad y legalidad como los “comisionados”, y ahorraría mucho dinero al fisco.
Por de pronto, existen dos figuras legales que están siendo completamente distorsionadas: la del “contratado”, que, según la ley, siempre debe responder a un caso excepcional y no convertirse en permanente, como ahora; y la del concurso de méritos, requisito que, cuando no se lo ignora directamente, no pasa de ser un trámite burocrático más para acceder al cargo ya obtenido.
Sin soslayar que no todo el montón de dinero del que el Estado debe desprenderse mensualmente va al bolsillo de funcionarios menores y medianos. También –y en inmensa cantidad– a pagar remuneraciones extraordinarias, varios aguinaldos extemporáneos y gratificaciones especiales, de nivel “Primer Mundo”, que avivados titulares de ministerios y secretarías, de entes descentralizados y sociedades anónimas estatales se autoasignan.
Lamentablemente, de los senadores y diputados no hay que esperar iniciativa alguna en esta materia, pues es obvio que no moverán un dedo para cambiar el régimen que ellos mismos crearon y tanto les favorece. Deberán ser presionados por la opinión pública, embretados por la ciudadanía, obligados a ceder sus abusivos e injustos privilegios y a cooperar con la tarea de suprimir el prebendarismo.
Es el Poder Ejecutivo el que debería tomar la iniciativa de reformar este sistema viciado. Al mismo tiempo, el acompañamiento de los miembros del Poder Judicial es imprescindible, pues si los jueces se prestan a facilitar los obstáculos y sabotajes a las reformas, estas nunca podrán hacerse valer, como sucedió y ocurre ahora mismo con la Ley de la Función Pública, semiparalizada por acciones de inconstitucionalidad.
Se debe concordar –no queda alternativa– en que el reordenamiento de las finanzas y funciones públicas debe comenzar a hacerse de inmediato, para que las reformas avancen gradualmente contra viento y marea –hay que prever que le lloverán las oposiciones, las huelgas, las acciones de inconstitucionalidad–, y permitan ver alguna luz al final de este negro túnel que acogota al pueblo paraguayo.
Un buen primer paso constituye la lista de funcionarios solicitada por el Poder Ejecutivo, y cuyo plazo de presentación se cumplió ayer. Es muy importante que las autoridades del Gobierno del “nuevo rumbo” actúen en consecuencia y comiencen a sanear nuestra elefantiásica burocracia.