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Los políticos de nuestro país, estén o no actualmente en alguna función de gobierno, habrán recibido una gran lección de los últimos acontecimientos relacionados con la publicidad de los nombres de las personas contratadas por ellos en las oficinas públicas. Se habrán dado cuenta del formidable poder de la opinión pública cuando esta despierta, cuando toma conciencia de un problema y se pone en movimiento para buscar una corrección.
Hasta hace pocos días, actuando como voceros de la gente, los medios de prensa estuvieron presionando para que las autoridades de las Cámaras legislativas dieran a conocer la nómina de sus funcionarios, información de interés público que se ocultaba tan celosamente como un secreto oficial cuya develación pudiera afectar a la seguridad del Estado.
Pero se trataba precisamente del caso contrario, pues la exigencia de que se dieran a conocer las nóminas tenía por objetivo averiguar si se estaban vulnerando o no los intereses del Estado y de la sociedad en general en los organismos estatales.
Se pretendía saber si algunos estaban aprovechando sus cargos y funciones para violar la ley y la ética, favoreciendo a sus parientes, amigos, “cuates”, amantes, correligionarios, clientes, operadores electorales y demás paniaguados y parásitos clásicos de nuestro viciado sistema político, agraciándolos con falsos cargos en la administración pública, cobrando por no trabajar, llevándose a sus casas nada despreciables sumas de dinero reclamadas desesperadamente en centros de salud, instituciones educativas, localidades pobres del interior, asilos, etc. Sin pensar que en muchos casos los “padrinos” bien podrían quedarse con alguna buena parte de los salarios de su clientela.
Finalmente, la presión de la opinión pública ejercida a través de los medios de comunicación logró que las pesadas tapas de esas nauseabundas ollas fuesen levantadas. Y gracias, asimismo, a un oportuno fallo de la Corte Suprema de Justicia en una acción de inconstitucionalidad que, aunque referida a un caso de menor amplitud pública, sentó un criterio judicial que deberá ser respetado para todo caso futuro que se encuadre en la misma figura jurídica.
Pues bien, a partir de hoy, dicho criterio jurisprudencial deberá ser aplicado en toda la Administración Pública, incluidos el Poder Legislativo y el mismo Poder Judicial, para revelar cualesquiera bolsones de clientelismo y de nepotismo que puedan existir al amparo de contratos y designaciones de entenados y testaferros en cargos y funciones que deben ser llenados mediante concursos de méritos y aptitudes.
La clase política del Paraguay está asistiendo a un hecho singular en nuestra historia: el despertar de la opinión pública, y siendo testigo de los efectos que este fenómeno es capaz de provocar cuando la población adquiere conciencia de su influencia cuando ejerce su derecho a la libertad de expresión.
Los políticos ahora ya están enterados de que la gente quiere saber quiénes son los privilegiados en este país, quiénes son sus favorecedores y padrinos, y cuánto le cuesta al contribuyente mantener esta inicua manera de sustraer recursos a las necesidades de la mayoría para obsequiárselos a unos cuantos privilegiados.
¿Qué hubiera sucedido si la presión social y la insistencia de la prensa no hubieran logrado vulnerar la coraza protectora que las autoridades de las Cámaras legislativas erigieron a su alrededor para ocultar sus trapisondas? ¿Cuán ignorantes seguiríamos de la repudiable situación real del latrocinio de fondos públicos si los presidentes de las Cámaras de Senadores y de Diputados, Julio César Velázquez y Juan Bartolomé Ramírez, se hubieran salido con la suya y logrado que nadie metiera la nariz en sus registros?
Lo cierto es que, apenas removidos los primeros papeles, la podredumbre que salió de entre ellos es suficiente para dar una idea de lo que queda debajo. Por poner un solo caso de cualquiera de los muchos que habría que citar, la diputada liberal Nimia Carísimo –¡que ingresó recién en este periodo legislativo, que comenzó en julio!– ya colocó a sus cuatro hijos en funciones públicas, en las que algunos de ellos no cumplen ninguna tarea, pero que les permiten llenar sus bolsillos con varios millones de guaraníes mensualmente, además de dotarse de privilegios especiales y otros beneficios que son cargados sobre las espaldas de la gente, de esas mismas personas que están formando filas en centros de salud, escuelas y colegios, cajas de pago de jubilaciones y pensiones, aguardando se les abonen sus escuálidos beneficios o se les brinde el mínimo servicio público al que tienen derecho y que les está siendo demorado o retaceado por “falta de recursos presupuestarios”.
Así como los políticos, que han de estar anonadados ante el espectáculo del dique de aguas putrefactas que se acaba de romper bajo sus pies, ha de estar estupefacta la ciudadanía al comprobar la fuerza que posee cuando se propone alcanzar una meta justa en defensa del interés general. Esto es lo que se conoce como opinión pública, que en buena hora está consolidándose en nuestro país y adquiriendo conciencia de los efectos de su poder, cuando este es puesto al servicio de los más altos intereses sociales.
Este es un momento para congratularse por el éxito obtenido en la revelación de las nóminas de funcionarios públicos, y al mismo tiempo para comprender la importancia de no dejarse estar, de organizarse mejor, de forma permanente, y de fijarse nuevas metas. La sociedad civil está adquiriendo la fortaleza que requiere para que los políticos gobernantes sientan por ella el respeto que nunca le tuvieron. Es una ventajosa situación que la ciudadanía no debe desperdiciar, pues comenzando con ella podrá edificar ese sistema de vigilancia y censura social que le permitirá hacer realidad aquello tan retóricamente publicitado pero tan sistemáticamente soslayado: la construcción de la “democracia participativa”.