La piñata del MOPC

En su balance de fin de año del 2016, el Foro Económico Mundial incluyó un informe elaborado por Transparencia Internacional entre el 2014 y 2015, y publicado en junio del año pasado, acerca del nivel de corrupción en los países de Latinoamérica. En el mismo se sindica al Paraguay como uno de los países de la región donde más corrupción existe en el ámbito de la función pública, después de Venezuela y Haití. En efecto, las reparticiones públicas del Estado, incluidos el Parlamento, el Poder Judicial, las gobernaciones y las intendencias municipales, continúan siendo antros de desembozada corrupción. Obviamente, la contundencia de los zarpazos a las arcas estatales se da en función del presupuesto de inversión de las reparticiones públicas. Concomitantemente, en función de su mayor disponibilidad de recursos para la construcción de obras públicas –primariamente viales–, el MOPC se convirtió también en el principal antro de corrupción en el ámbito del Estado ya en los tiempos de la dictadura stronista, aunque a una escala comparativamente menor que la actual.

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En su balance de fin de año del 2016, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) incluyó un informe elaborado por Transparencia Internacional entre el 2014 y 2015, y publicado en junio del año pasado, acerca del nivel de corrupción en los países de Latinoamérica. En el mismo se sindica al Paraguay como uno de los países de la región donde más corrupción existe en el ámbito de la función pública, después de Venezuela y Haití. Se trata de un rotundo mentís a la engañosa prédica del gobierno del presidente Horacio Cartes de que bajo su administración se ha implantado una política de transparencia y honestidad en la función pública, mediante la cual se ha logrado reducir significativamente la endémica corrupción que por décadas ha dado tan mala fama al país.

En realidad, no sorprende que desde afuera nos vean de tan mala manera. Cotidianamente, la ciudadanía tiene la visión en tiempo real del saqueo del dinero público perpetrado por burócratas concusionarios en colusión con empresarios corruptos y corruptores, al amparo de total impunidad.

Las reparticiones públicas del Estado, incluidos el Parlamento, el Poder Judicial, las gobernaciones y las intendencias municipales, continúan siendo antros de desembozada corrupción. Se roba descaradamente. Al amparo del clientelismo político reactivado por el Presidente de la República en su afán por ser reelecto –pese a la prohibición constitucional–, el vicio de la corrupción en la función pública ha adquirido renovado impulso.

Obviamente, la contundencia de los zarpazos a las arcas públicas se da en función del presupuesto de inversión de las reparticiones públicas. De todas estas, la que mayor cantidad de dinero ha recibido históricamente en ese concepto es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), merced a préstamos de las agencias financieras internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras, a más de los aportes del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem).

Concomitantemente, en función de su mayor disponibilidad de recursos para la construcción de obras públicas –primariamente viales–, el MOPC se convirtió también en el principal antro de corrupción en el ámbito del Estado ya en los tiempos de la dictadura stronista, aunque a una escala comparativamente menor que la actual, pues los concusionarios se cuidaban de no salirse de los límites del “precio de la paz”, el eufemismo con que los jerarcas del régimen robaban la plata del Estado en aquel tiempo.

Tras la emergencia de los “barones de Itaipú” –devenidos poderosos empresarios viales con el dinero ganado en la construcción de la represa binacional–, el MOPC cayó en sus garras y la corrupción se hizo endémica, hasta el punto de que Cavialpa, el gremio que conformaron los “barones de Itaipú”, logró hacer aprobar por el Congreso una ley por la que los empresarios viales se arrogaron poder de decisión en pie de igualdad con las autoridades del MOPC para la aprobación de costos unitarios de las obras viales, así como su adjudicación. Por esta ley se creó la Dirección Nacional de Obras Públicas (Dinop), aunque la misma fue derogada con posterioridad.

Bajo el actual gobierno, con la burbuja financiera posibilitada por el endeudamiento masivo del país mediante la emisión sin control de bonos del Tesoro, el MOPC triplicó su presupuesto de inversión y, concomitantemente, también la corrupción inherente a su gestión institucional.

Al asumir el cargo, el ministro Ramón Jiménez Gaona expresó su intención de querer hacer bien las cosas, con honestidad y rectitud, a fin de poner orden en el prostituido escenario de la construcción vial que recibía en herencia, entre ellas la avenida Ñu Guasu, a la que calificó como la peor de todas. Sin embargo, tras el breve lapso de hipocresía institucional con que inició su gestión, se sacó la careta y aceptó las mañas para continuar apañando el pillaje de sus antecesores en el cargo.

Efectivamente, en vez de castigar a los consultores y empresarios corruptos responsables de las obras mal construidas, retrasadas en plazos y sobrefacturadas en costo, así como a los funcionarios corruptos de la institución que a cambio de coimas prohijaron los chanchullos, el flamante titular de la cartera optó más bien por premiarlos con un pago adicional equivalente al 20 por ciento del monto original de sus contratos respectivos. Esto ocurrió con los tres consorcios responsables de la construcción de la ruta Concepción-Vallemí (Consorcio Tagatiyá, representado por Óscar Rubiani; TyC, representada por Francisco Griñó; y Benito Roggio, representado por Emilio Gill), así como con los dos que tenían a su cargo la construcción de la avenida Ñu Guasu (Tramo 1: consorcio formado por Tecnoedil (Roque Ardissone), Heisecke SA (José Luis Heisecke), Ocho A (Luis Pettengill); Tramo 2: Consorcio Las Residentas, representado por Isacio Vallejos y Julio Mendoza Yampey), por citar las obras más costosas y problemáticas en ese momento.

Un botón de muestra de la incoherencia e incompetencia de gestión del ministro Jiménez Gaona lo constituye la solución final dada a su “peor herencia”, la avenida Ñu Guasu, recientemente inaugurada con bombos y platillos pero que en términos de funcionalidad vial es un desastre. Ahora que se tienen que solucionar y pagar sus defectos, resulta que “había sido” no se previó expropiación. ¿En qué consistió entonces el estudio de factibilidad? ¿Existen tales estudios? ¿Quiénes son los consultores estafadores que no advirtieron de esta situación? ¿Quiénes fueron los ministros y directores devenidos cómplices?

Este tipo de obras proyectadas defectuosas ex profeso, procedimiento clásico del MOPC en los últimos 60 años, es exclusivamente para coimear. Los consultores dan coima para que se los elija. Los del ministerio dan coima a la gente del BID para que les den los préstamos. Las empresas dan coimas al MOPC para ser adjudicadas. Dan coima para hacer modificaciones y ampliaciones que cuestan otra vez centenares de millones de dólares, por lo que dan coima. Y así sucesivamente, estas obras públicas se hacen a coimazos limpios.

El día que venga un gobierno honesto van a ir a parar a la cárcel muchos exfuncionarios del MOPC de los últimos años. Tal cual sucede actualmente en Brasil y Argentina.

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