La Justicia Electoral reglamentó la Ley Nº 4743/12 para estandarizar las cuentas del dinero estatal y de los aportes privados que reciben los partidos en los comicios municipales y generales, obligándolos a habilitar una cuenta única en el Banco Nacional de Fomento y creando un Sistema Nacional de Financiamiento Político que permitirá rendir gastos desde internet. Todo cuanto sirva para transparentar tal financiamiento debe ser bienvenido, dado que es de capital importancia para el sistema democrático que el dinero mal habido no influya en los resultados electorales y, por tanto, en la conducta ulterior de los representantes del pueblo. Empero, no basta con que las normativas se ocupen de los aportes a los partidos que compiten por cargos electivos, ya que es evidente que los mafiosos intervienen sobre todo en las campañas electorales internas y, en especial, en las muy disputadas de los dos grandes partidos.
Ocupar un buen lugar en una lista sábana puede requerir un notable desembolso por parte de los interesados, que no siempre tienen el capital suficiente. Luego habrá que contratar a operadores políticos en todo el país, si se aspira a la candidatura presidencial o senatorial, en cuyo caso las erogaciones serán mayores que cuando se pretende fungir de diputado, gobernador, intendente o concejal. El senador Fernando Silva Facetti (PLRA) reveló que el cuarto lugar en la “lista sábana” de su movimiento le costó cien mil dólares, suma nada despreciable, pero muy inferior a otras manejadas en el ámbito politiquero. No volverá a gastar tanto dinero de cara a las elecciones generales, confiando en que la campaña sea financiada por su partido. En efecto, los candidatos que terminaron ocupando uno de los primeros puestos en la “lista sábana” del partido, gracias a una buena inversión en las internas, ya no necesitan gastar más.
Quienes recibieron aportes de un narcotraficante, por ejemplo, deberán devolver el favor, no tanto en efectivo como mediante el tráfico de influencias en organismos tales como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. La retribución también puede adoptar la forma de un proyecto de ley o de un voto oportuno en alguna cuestión de interés para el mecenas. Por lo demás, a los bandidos les conviene financiar las campañas electorales internas tanto o más que las del partido, pues es improbable que los legisladores o concejales electos actúen en bloque para aprobar o rechazar alguna iniciativa. En efecto, como de hecho no existen bancadas, es más seguro comprometer a precandidatos individuales o a los movimientos internos, mucho más cohesionados que el partido.
Hay razones, pues, para que urja impedir legalmente que el crimen organizado o los facinerosos de todo pelaje metan sus sucias manos en los comicios internos. Es allí donde se definen las chances de los que competirán en las elecciones “externas”. Sin embargo, tras años de reclamos en tal sentido, al menos desde la promulgación de la ley que regula el financiamiento político no se ha logrado que ella regule con mayor precisión el financiamiento de las campañas electorales internas. Su art. 2º, inc. b, dice que esa ley también es aplicable a las campañas electorales internas de los partidos, pero su art. 3º solo amplió el 64 del Código Electoral en el sentido de que es innecesario contabilizar los gastos de los candidatos en las elecciones internas y de encargar a los Tribunales Electorales Partidarios controlar las erogaciones y los ingresos de los candidatos y movimientos internos para cargos electivos nacionales, debiendo publicarse en el sitio web del partido su balance y un informe anexo sobre los aportes financieros recibidos. Estas disposiciones son insuficientes, a todas luces.
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En mayo de 2017, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard, respaldó a los legisladores renuentes a transparentar con mucho mayor rigor el financiamiento de las campañas electorales internas, sosteniendo que las organizaciones políticas son autónomas y que las elecciones municipales se realizarían en poco tiempo. El 24 de ese mes, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley respectivo, pero le dio media sanción, tras nuevas dilaciones en su estudio en particular, recién el 11 de septiembre; para entonces, la Justicia Electoral ya había convocado a los comicios internos y generales. La cuestión aún está en manos de cuatro comisiones permanentes del Senado y es de esperar que, corrigiendo lo que haya que corregir para mejorar la iniciativa de los diputados Jorge Ávalos Mariño y Amado Florentín, emitan cuanto antes sus respectivos dictámenes.
Hace poco más de tres años, en una sesión plenaria de ese cuerpo colegiado, su Comisión de Lucha contra el Narcotráfico informó que los diputados Freddy D’Ecclesiis, Magdaleno Silva (hoy fallecido), Bernardo Villalba y Marcial Lezcano, así como el suplente Carlos Rubén Sánchez y la “parlasuriana” Concepción Cubas de Villaalta, estaban ligados a dicha actividad delictiva. De hecho, el diputado Villalba, que se ocupó de dilatar el estudio del proyecto de ley, pidió el respaldo económico de su cliente, el narcotraficante Carlos Antonio Caballero (Capilo), antes de las elecciones internas de la ANR de 2012: “¡Apoyame a mí para diputado, y vas a ver actuar a un diputado valé!”, le dijo, según una grabación que trascendió al público. El referido informe de la comisión senatorial –enviado al Ministerio Público, donde está acumulando polvo– evidenció que el crimen organizado ha corrompido el Congreso. Lo hizo, con toda certeza, financiando precandidaturas, sin esperar el desenlace de los comicios internos. Se entiende, así, que los políticos no estén interesados en regular como se debería la recepción de fondos en esa etapa del proceso electoral, para reducir, al menos, la importancia de la narcopolítica.
Puede afirmarse, así, que muchos de los candidatos que resulten elegidos el 22 de abril próximo devolverán más tarde los favores monetarios recibidos de grandes delincuentes. Se pondrán a sus órdenes, porque, cuando se trata de ocupar espacios de poder, está visto que son capaces de vender su alma al diablo.
Por lo tanto, los legisladores honestos, que es de esperar sigan existiendo, deben decidirse por una de dos: rescatar al país de las garras de la narcopolítica mediante la aprobación de una norma clara y firme contra el financiamiento de los candidatos con dinero sucio, o dejar que los narcotraficantes, los contrabandistas, los lavadores de dinero y tantos otros delincuentes que pululan en nuestro medio sigan copando las instituciones del Estado.