Luego de conocerse la sentencia que condenó a varios campesinos en el “caso Curuguaty”, dirigentes del sector del departamento de San Pedro realizaron en la colonia Agüerito una “asamblea popular” para preparar una movilización de alcance nacional, que tendrá lugar en agosto próximo, según informaron. Sus objetivos serán exigir el retiro inmediato de la Fuerza de Tarea Conjunta de la zona, la liberación de los hermanos Víctor y Gregorio Morales, sospechados de brindar apoyo logístico al EPP, la derogación de la ley de seguridad interna, la reincorporación de los beneficiarios del programa social Tekoporã y la anulación del juicio sobre el caso Curuguaty. Uno de los dirigentes del sector, Eulalio López –condenado por estafa y fundador de la liga de “carperos”–, informó que los organizadores se hallan en un “proceso de articulación de fuerzas (…) para seguir luchando por una justicia mejor”. Otro de ellos, Narciso Villamayor, dijo que están “calentando el ambiente, coordinando con algunos miembros de la Iglesia y juntando adherentes con sectores que están en contra de la represión actual del Gobierno”.
Dejando de lado las cuestionables exigencias específicas, así como el vocabulario más bien propio de agitadores o de militares dispuestos a una batalla, viene al caso recordar que la primera parte del art. 32 de la Constitución declara que “las personas tienen derecho a reunirse y a manifestarse pacíficamente, sin armas y con fines lícitos, sin necesidad de permiso, así como el derecho de no ser obligadas a participar de tales actos”.
Es innegable la licitud, aunque no la sensatez, de los reclamos mencionados, así que solo cabe esperar que quienes participen en las marchas lo hagan voluntariamente, sin recurrir a la violencia contra las personas y sus bienes, ni portar armas de cualquier tipo, aunque no lleguen a emplearlas. Los organizadores deberían precaverse, por cierto, de que no aparezcan “infiltrados”, como los que supuestamente actuaron en Marina Cue. Estas acotaciones vienen al caso porque jefes policiales que dirigieron operativos en esa zona manifestaron que en varias ocasiones, personas armadas, como el hoy condenado Rubén Villalba, conminaron a los efectivos del orden a abandonar el lugar, en un claro acto contra la ley.
Por otro lado, se puede confiar en que también los feligreses de la Iglesia Católica que estén presentes en las movilizaciones se ocupen de que ellas sean pacíficas. Los manifestantes deben respetar no solo la norma antes citada, sino también el derecho de los demás a “transitar libremente por el territorio nacional”, reconocido en el art. 41 de la Constitución.
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La segunda parte del art. 32 –concordante con esta disposición– dice que la ley solo podrá reglamentar el ejercicio de la libertad de reunión y de manifestación “en lugares de tránsito público, en horarios determinados, preservando derechos de terceros y el orden público…”. Existe una ley que la regula en Asunción, pero no una que se refiera a las rutas nacionales. No obstante, es obvio que el cierre de las carreteras, como medida de presión ejercida sobre las autoridades públicas, es intolerable y que, dado el caso, la Policía Nacional debe actuar con premura, haciendo un uso adecuado del monopolio de la fuerza legítima que tiene el Estado. Los manifestantes no tienen ningún derecho a bloquear la libre circulación, impidiendo, por ejemplo, que un enfermo ingrese en un hospital o que la gente acuda al trabajo. Vale la pena insistir en esta penosa cuestión, porque el ejercicio de un derecho no debe conllevar la violación de otro, tal como ocurre con tanta frecuencia. Los “piqueteros” rurales son tan prepotentes como los urbanos y deben ser combatidos con el rigor de la ley.
Dicho todo lo cual, conviene dirigir la mirada hacia quienes no son agricultores, sino políticos inescrupulosos que no intervienen directamente en las manifestaciones sino que desde las sombras manipulan a los labriegos como carne de cañón, en función de sus propios intereses. Alguno, como Elvio Benítez, funge de concejal departamental por el Frente Guasu, y otro, como José Ledesma (Pakova), es diputado por el PLRA. El uno controlaba en el departamento de San Pedro una “zona liberada” en la que las fuerzas del orden público no podían ingresar, según denunció cierta vez un jefe policial, y el otro, siendo gobernador, reivindicó públicamente ocupaciones de tierras, incluso fuera de ese mismo departamento.
De hecho, los reclamos anunciados poco o nada tienen que ver con las necesidades propias de los campesinos, sino más bien con asuntos judiciales y de seguridad interna, y pueden ser compartidos o no por los ciudadanos en general. Por lo demás, la liberación de dos procesados y la anulación de un juicio, lo mismo que la derogación de una ley de seguridad interna, no dependen de la voluntad del Gobierno, contra el que apuntan los organizadores de las movilizaciones, menos familiarizados con la separación de poderes que con la agitación y la propaganda.
A este paso, resulta preocupante que las demandas y protestas formuladas en nombre de los pequeños labriegos, de consecución imposible en la forma en que se plantean, parezcan apuntar más bien a provocar crisis políticas en beneficio de la izquierda radical.
La pobreza no da fueros y, por tanto, no es excusa para violar la ley. Por esta vía no se conseguirá jamás la justicia social que pregonan los promotores de estas manifestaciones, sino más bien se agudizarán las necesidades que soportan nuestros compatriotas del sector rural.