La policía, un brazo del crimen organizado

En algún momento del último domingo, dos miembros de la organización criminal brasileña Primer Comando Capital (PCC), condenados en su país, salieron con toda tranquilidad por la puerta principal de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, presuntamente una de las unidades mejor custodiadas en nuestro país y donde son recluidos los presos de mayor peligrosidad. Casualmente, las cámaras de seguridad no estaban funcionando.

El presidente Mario Abdo Benítez cree que hubo complicidad de agentes policiales y se pregunta “cuánta plata corrió allí”. Su realista opinión puede ser compartida por la ciudadanía, y su curiosidad, satisfecha desde ya por los jefes de la institución dependiente del Ministerio del Interior, que han de conocer la tarifa vigente para este tipo de servicios. Incluso la opinión pública sabe, entre otras cosas, que la protección brindada anteriormente en Ciudad del Este al argentino fugitivo Íbar Pérez Corradi, hasta mediados de 2015, le costó al prófugo argentino unos cien mil dólares, aparte de la suma que abonó en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional por un pasaporte y una cédula de identidad. Se ignora, en cambio, cuánto invirtió el PCC para poder robar impunemente en la misma ciudad, en abril de 2017, casi doce millones de dólares de la empresa transportadora de caudales Prosegur.

Hablando de precios, el entonces jefe de la Senad, Luis Rojas, reveló en enero de 2015 que el “impuesto” pagado por cada avioneta de los narcotraficantes era de tres mil dólares y que también el transporte por tierra costaba lo suyo, con el detalle de que había “peajes” en diversas zonas. Según el mismo Rojas, siete de cada diez agentes de la Senad, a su cargo, “apestaban a corrupción”, el Departamento de Transparencia buscaba depurarla de quienes fueron comprados por el crimen organizado, y se estaba rotando a los corruptos para apartarlos de los puestos clave. De acuerdo a esta última información, los agentes facinerosos no eran sancionados, sino solo trasladados, como suele ocurrir en la Dirección Nacional de Aduanas y acaso con la misma consecuencia: los bandidos, con toda certeza, encuentran rápidamente otras fuentes de ingresos ilegítimos en sus nuevos destinos.

A propósito, en la Policía Nacional son muy apetecidas ciertas ciudades fronterizas, como Pedro Juan Caballero, donde hace casi cuatro años desaparecieron nada menos que 252 kilos de cocaína, hasta ahora no recuperados, del propio local de la jefatura policial. El hecho causó la destitución del jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Amambay, el comisario Víctor Barúa, nombrado de nuevo en noviembre último jefe de la Agrupación Especializada, cargo del que fue removido días después al trascender sus antecedentes.

Dado que el crimen organizado se ha infiltrado en las diversas dependencias de los organismos de seguridad, no cuesta mucho acceder a su dinero sucio a cambio de un servicio que le resulte útil. El comisario Barúa había sido designado dos días después del asesinato cometido en el cuartel de la Agrupación Especializada por Marcelo Pinheiro (“Piloto”), del Comando Vermelho, para tratar de impedir su extradición al Brasil, no sin antes haber revelado, en una insólita conferencia de prensa, que el comisario Abel Cañete, director general de Investigación Criminal, le había vendido protección en Ciudad del Este. Como se ve, la plata del narcotráfico hace bailar a muchos funcionarios policiales, y también a los de la Senad, salvo que en este organismo se haya realizado una gran limpieza bajo su actual conducción.

No son pocos, entonces, los delincuentes uniformados, porque, en el mejor de los casos, los jefes policiales están más interesados en escalar posiciones a codazos, socavando la disciplina, que en controlar el desempeño de los subordinados. Si solo hay destituciones cuando estalla algún escándalo mayúsculo es porque el Departamento de Asuntos Internos no sirve para nada, por estar contaminado o lleno de ineptos. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, sobre quien recae la responsabilidad política inmediata, debe ocuparse de una vez por todas de liberar la Policía Nacional de quienes la han convertido prácticamente en un brazo más del crimen organizado.

Es intolerable que la institución que debe preservar el orden público e investigar los delitos, entre otras cuestiones, esté integrada por verdaderos malhechores, cuyos principales ingresos no provienen de sus salarios, sino de los sobornos que perciben de bandidos de todo tipo. Los agentes policiales deben estar al servicio exclusivo de las personas honestas, pero resulta que no es raro que actúen hasta de guardaespaldas de delincuentes y que, de hecho, trafiquen con cargos desde los cuales se puede cobrar una “comisión” a los narcotraficantes, tal como denunció hace un par de meses un suboficial destinado en el Alto Paraná. Es cierto que el cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional no integra el sistema penitenciario y que, por tanto, no es un lugar de reclusión de procesados o condenados. Pero también es verdad que, mientras ellos estén allí, el citado organismo tiene el deber de impedir fugas como la referida, atribuible a la corrupción desenfrenada en la que está inmerso.

Ya se sabía que el crimen organizado permea los tres Poderes del Estado, como lo admitió hace algunos años, siendo entonces presidente de la Cámara de Diputados, el hoy vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Lo que no podía imaginarse es hasta qué punto tan alarmante ocurría eso, como lo confirmó ahora la fuga de los brasileños de la Agrupación Especializada, saliendo tranquilamente por el portón principal.

El ministro del Interior debe dejar de lado las explicaciones ampulosas después de cada escándalo, y tomar el toro por las astas para evitar que el Paraguay se convierta definitivamente en un centro de operaciones de la mafia brasileña. Hay que impedirlo a toda costa, con la ley en la mano, empezando por depurar decididamente los organismos de seguridad de los sinvergüenzas que los prostituyen.