En los últimos años han surgido diversas iniciativas para modificar el sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, de modo a empoderar al votante, hasta ahora impedido de alterar tanto la composición de las mismas como el orden de las candidaturas.
En setiembre del año pasado se efectuó la primera reunión de la Mesa de Diálogo Pro-Reforma Electoral, impulsada por el Poder Ejecutivo con el fin declarado de estudiar el tema de su título. Fueron invitadas organizaciones políticas y civiles, que asistieron con sus opiniones y propuestas. Estas llegaron a abarcar asuntos colaterales, como las eventuales reformas de la Constitución, del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
El resultado de tales debates, convertido en proyecto de ley y presentado ante el Senado, propone el régimen electoral conocido como “voto preferencial”, relativo y aplicable exclusivamente a los comicios internos de las organizaciones políticas, consistente en agregar una casilla al lado de cada nombre, en las nóminas en pugna, de tal suerte a que el elector tenga la opción de dar su preferencia a un candidato de la lista. El escrutinio dejará así establecida una lista diferente, pues cada candidato ocupará el lugar que le haya correspondido según los votos preferenciales obtenidos, sin que importe el que tenía en la lista original.
“El objetivo del Gobierno es marcar la cancha. El partido lo van a hacer los jugadores. El Gobierno no es jugador, participa”, dijo el ministro del Interior, Villamayor, en el acto de instalación del grupo. Las recomendaciones de esa Mesa de Diálogo fueron finalmente utilizadas para redactar el proyecto de ley presentado al Congreso, modificando varios artículos del Código Electoral.
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La cuestión política de fondo, la que impulsó esta iniciativa, fue la constante crítica que se hace al régimen vulgarmente conocido como el de “listas sábana” en el seno de la ciudadanía y a través de la prensa. Se considera que el sistema de listas cerradas y bloqueadas, que es el que en nuestro país recibió el apelativo de “listas sábana”, es poco o nada democrático al permitir que algunas personas, reunidas en grupos selectos, cúpulas u oligarquías partidarias, dirijan la confección de listas y, en definitiva, se las impongan al electorado como única opción.
Quienes apoyan el proyecto afirman que su régimen, el de listas semidesbloqueadas mediante el sistema de voto preferencial, resultará en listas de candidaturas confeccionadas de manera más democrática, pues el elector no se vería constreñido a votar por la lista cerrada y bloqueada (sábana) o abstenerse por completo. Al permitirle escoger a un candidato en particular, aseguran, el monopolio de la confección de listas desaparecerá.
Esta última aseveración resulta, cuando menos, ilusoria, si no engañosa; en primer lugar, porque la herramienta de otorgar preferencia a un solo miembro en cada lista nunca tendrá la fuerza necesaria para transformar profunda y significativamente la calidad de la lista misma, que es lo que la ciudadanía pretende cuando reclama mayor participación en la elaboración de estas. En definitiva, las cúpulas partidarias poderosas conservarán prácticamente intacto su privilegio antidemocrático de señalar quiénes serán “representantes del pueblo” y quiénes no.
Pero si los partidos llamados “grandes” o “tradicionales” incurren en falseamiento democrático al emplear el régimen de listas cerradas en sus elecciones internas, los partidos y movimientos políticos menores suelen ser aún peores, porque en estos ni siquiera se practica la confrontación comicial interna; se arreglan callada y oscuramente con “asambleas” y “consensos”. En estas organizaciones las oligarquías dirigenciales son todavía más duras e impenetrables que en aquellos otros partidos, lo cual no obsta a que se agiten públicamente mostrándose los más entusiastas partidarios de la modificación del sistema electoral.
La discusión sobre cómo mejorar nuestro régimen de elecciones políticas, con el fin principal de hacerlo más democrático y equitativo es, pues, complicada, pero indispensable. Se sabe que hay muchos intereses particulares en juego (nada menos que los monopolios de poder), que los políticos influyentes arriesgan mucho y que muchos dirigentes de estas organizaciones no están preparados para resistir una transformación de envergadura, que les obligaría a “bajar a la llanura” a pelear por conservar sus privilegios, por cuanto la apertura comentada necesariamente implicará mayor capacidad de decisión y de influencia de un electorado que, hasta el momento, no tenía derecho más que a depositar su voto en el sentido que se le indicara.
Hace poco, el senador Paraguayo Cubas presentó su propio proyecto de ley de reforma electoral nacional. En su opinión, el sistema de voto preferencial –al que ya se está denominando de “semidesbloqueo”– que fue la opción final de los miembros de la Mesa de Diálogo Pro-Reforma Electoral, no suprime las “listas sábana”, o sea, no abre totalmente las listas electorales, solución que sí encuentra su proyecto, según asegura.
Se le objetará, quizá, que un sistema de listas electorales completamente abiertas no se emplea en ningún país del mundo, debido a que, si se lo adoptara, desaparecerían los partidos y movimientos políticos, o quedarían relegados a ser una especie de asociación civil con objetivos y funciones secundarias en el seno social, perdiendo su carácter esencial, cual es fungir de intermediarios entre la ciudadanía y el Gobierno del Estado, asegurando la vigencia de la pluralidad de opiniones e intereses, así como las demás finalidades citadas en el Art. 124 de la Constitución.
Por otra parte, le recordarán que las objeciones técnicas que se hacen al régimen comicial de listas abiertas son numerosas. De hecho, sin el auxilio de modernas herramientas informáticas (que supone también el empleo de ingentes recursos económicos y humanos), y aun con todo esto, los escrutinios serían complicados y retardados.
Más allá del debate y todas estas consideraciones, lo real es que la opinión pública se inclina decididamente por realizar el mayor esfuerzo para concretar un cambio de régimen de elecciones, que reduzca el poder excesivo y privilegiado de las cúpulas oligárquicas de las organizaciones políticas, inficionadas y a menudo manejadas por personas moralmente indeseables, de tal suerte que aumente cada vez más la participación ciudadana en la elección de sus representantes políticos y que sus preferencias tengan una gravitación real en la elección final y no una meramente simbólica, como hoy ocurre.
Los senadores y diputados tienen ahora la oportunidad de lograr este resultado, de la manera más práctica posible, modificando las normas electorales en el sentido deseado, que es el correcto, sin dejarse vencer por sus propios intereses egoístas, en primer término, ni intimidarse por la incertidumbre de las consecuencias posibles de las transformaciones que han de darse.
La próxima reforma electoral tiene que producir, como primer y principal resultado, la mayor democratización del régimen electoral nacional. Si no lo consigue, todo lo demás, por bueno que sea, no servirá de nada.