Suele ser una costumbre que políticos implicados en hechos desdorosos se mantengan prófugos el tiempo suficiente para que sus abogados negocien alguna salida benévola, para luego presentarse, cumplir alguna pena leve –si se aplica– y después, “si te he visto, no me acuerdo”. Al poco tiempo, vuelven a la vida pública como si no hubiese pasado nada. De la misma manera, políticos acusados por alguna causa relacionada con su gestión simplemente renuncian, lo que ya se considera suficiente para terminar la persecución penal, y los sinvergüenzas van a sus casas a disfrutar de lo que robaron.
Ante estos ominosos antecedentes, la simple renuncia de Sandra McLeod de Zacarías a su cargo de intendente de Ciudad del Este no debe frenar la intervención de la Comuna esteña. La falsedad de esta munícipe no tiene límites, pues por un lado, en la renuncia presentada ante la Cámara de Diputados –del todo innecesaria– asegura que lo hace en aras de la paz social y para evitar posible pérdida de vidas humanas, pero en la renuncia “indeclinable” que presentó ante el titular de la Junta Municipal de Ciudad del Este, Miguel Prieto, aclara “convenientemente” que “en caso de tratarse y darse la intervención de la Municipalidad por parte de la Cámara de Diputados me reservo el derecho de retirar o no mi renuncia...”. Quiere decir que no le interesan “la paz social” ni la posibilidad de víctimas fatales toda vez que pueda seguir atornillada en el cargo. Mayor hipocresía, imposible.
El clan de los Zacarías Irún, integrado por Javier, su esposa Sandra y su hermano Justo, viene manejando la Municipalidad desde hace 17 años, y en algunos periodos Javier y Justo alternaron además en la Gobernación del Alto Paraná. Una hermana de ambos, Margarita Zacarías Irún, es funcionaria judicial.
El matrimonio de Javier y Sandra está investigado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal, a los que luego se sumó el de evasión impositiva.
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Es evidente que con su renuncia tramposa, ridícula, “con piolita”, Sandra quiere encontrar una ventanita por donde salvarse. Es lógico, a su vez, que sus adversarios políticos en la Junta Municipal se preparen para contrarrestar sus maniobras. Así, Herminio Corvalán, concejal de esa municipalidad, aseguró que “no vamos a tratar bajo ningún sentido (la renuncia). La Junta en pleno no se reúne antes de que la Cámara de Diputados trate mañana (por hoy) la intervención”.
Por su parte, el diputado Antonio Salyn Buzarquis, presidente de la comisión cameral que dictaminó a favor de la intervención, manifestó en una entrevista radial lo que era evidente durante los Gobiernos anteriores del país: “Acá se estableció un esquema jurídico-político para blindar la administración de Ciudad del Este”. Relató que la comisión a su cargo no pudo hacer una auditoría a la administración de McLeod porque los documentos a ser auditados estaban repartidos entre el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía. Es una artimaña, para difuminar las excusas en todas partes.
Por lo demás, Sandra McLeod, siendo esposa de Javier Zacarías Irún –exintendente, exgobernador, exdiputado y hoy senador por el coloradismo “cartista”– y compartiendo con este los beneficios de dos décadas de actuar como si fueran padrinos mafiosos de esa localidad, tiene que rendir cuentas por varios hechos que son, cuando menos, altamente sospechosos de ser ilícitos, hayan sido estos cometidos en el ejercicio de su función pública o en negocios particulares de la pareja.
Es llamativo que, en vez de allanarse a una intervención de la Municipalidad a su cargo y colaborar al máximo con los interventores –quienes pueden limpiarle el nombre si la intendente no tiene nada que temer–, el clan se haya opuesto rotundamente a ella, al punto de enviar manifestantes a Asunción, entre ellos funcionarios de la Municipalidad en horas de trabajo, para expresar su apoyo a quien ahora, con toda desfachatez, se presenta como perseguida política.
De hecho, la figura jurídica de la intervención, como bien se sabe, no es una sanción, sino una medida excepcional creada para averiguar de qué manera se está administrando una institución que, por definición constitucional, es autónoma. De modo que el hecho de que un intendente renuncie no tiene nada que ver con la finalidad de la intervención, porque si se cometieron actos ilegales, estos no dejarán de existir ni sus efectos negativos dejarán de dañar los intereses sociales por el hecho de que su causante se retire.
De modo que si la renuncia de McLeod es una mera estratagema para evitar la intervención y sus eventuales consecuencias, como todo parece indicar, los diputados tienen que dejar bien sentada la autoridad política y moral con la que están actuando y no dar a esa jugada táctica más atención que la que merezca otra de la misma índole. Porque si no se aprovecha la oportunidad de conocer a fondo cómo el “clan ZI” manejó la Municipalidad que administraron tanto tiempo, nunca se sabrá la verdad sobre los negociados que en esa ciudad crearon muchos multimillonarios dignos del Primer Mundo.
Los diputados tendrán hoy en sus manos una ocasión histórica para establecer un precedente contundente y decisivo en relación con las administraciones que aparecen como corruptas. La intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este debe realizarse pese a la renuncia de Sandra McLeod, y continuar hasta las últimas consecuencias. Es tiempo de apartar de la función pública los focos purulentos que envenenan las administraciones de las oficinas y que los responsables respondan con sus bienes por los perjuicios ocasionados a los contribuyentes.