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La reconstrucción y ampliación del tramo de 11,6 km de la Ruta III, de Mariano R. Alonso a Limpio, adjudicada al consorcio de empresas CDD Construcciones SA y Benito Roggio e Hijos, ha sido calificada por la ciudadanía como “la ruta de oro” porque su alto costo de US$ 1.826.087 por kilómetro la convierte en la más cara hasta ahora construida en Paraguay. Aunque así como está ofertada actualmente, la reconstrucción y ampliación de la Ruta XII “Transchaco” hasta Mariscal Estigarribia la sobrepasaría largamente si la obra es adjudicada a la transnacional portuguesa Mota Engil –único oferente–, al amparo de la Ley 5074, “llave en mano”.
Sea cual fuere finalmente el costo que resulte de la rehabilitación de la ruta chaqueña, lo concreto es que la construcción de la “ruta de oro” está suficientemente adelantada como para brillar ante los ojos de la ciudadanía por el imponente despilfarro que se observa en sus sobredimensionadas estructuras de hormigón armado y los correspondientes terraplenes de acceso a las mismas, sean estas puentes o viaductos para cruces a desnivel o para retornos direccionales. Aunque el terreno que media entre Mariano R. Alonso y Limpio es en parte bajo y sujeto a inundaciones en las cuencas de los arroyos Itay (Ñandejára Paso) y Damián, la altura de la rasante de la ruta existente no necesitaba ser elevada más de medio metro como máximo en los cruces citados.
Obviamente, al elevar sin necesidad la altura de los puentes hasta el doble o triple de lo necesario, la altura de los terraplenes de acceso a sus cabeceras también se sobreelevan, con lo que se aumenta sustancialmente el volumen de tierra seleccionada transportada desde muchos kilómetros de distancia, lo que hará, por supuesto, que su costo por metro cúbico resulte más caro.
Estos componentes sobredimensionados del paquete estructural de la ruta y de las obras de arte (puentes y grandes estructuras de hormigón armado) inducen a pensar que tanto el diseño geométrico, en planta como en perfil, así como el paquete estructural de la ruta, fueron sobredimensionados ex profeso a los efectos de maximizar el costo final de la misma, con lo que, al igual que el metrobús, estaríamos frente a una estafa programada contra las arcas del Estado mediante proyectos concebidos y ejecutados exclusivamente para robar.
Todo induce a pensar que el proyecto de este tramo de ruta fue imaginado y cuantificado para que costara lo más posible, con el pretexto de que las condiciones del terreno que atraviesa la ruta exigían que los puentes y terraplenes fueran más elevados que lo realmente necesario. Con solo transitar por ella ya se percibe que, para aumentar su costo, los proyectistas debieron atropellar cuanta razón de sentido común existe para una obra vial semejante.
Concomitantemente, el invento resultó en una obra estrafalaria que posiblemente irá a producir enorme perjuicio económico a centenares de propietarios por la chapucería del proyecto.
Ante esta desagradable realidad, los propietarios eventualmente afectados por los terraplenes de la ruta Mariano-Limpio sobreelevados en forma irracional, deberían analizar la presentación de una querella contra el Estado por daños y perjuicios, y este, de resultar perdidoso, iniciar, a su vez, acción judicial contra los proyectistas y funcionarios públicos que los aprobaron.
Aunque a esta altura del avance de la obra no se ha tenido conocimiento de que el consorcio contratista haya solicitado reajuste de precio por aumento de quilates de la vía áurea, lo más probable es que eso va a ocurrir.
Con el pojera del ministro Ramón Jiménez Gaona para otorgar aumentos a las empresas viales que incumplen plazos contractuales y de calidad de ejecución de los trabajos, como la autopista Ñu Guasu y la ruta de Concepción a Vallemí, seguro que el consorcio CDD-Roggio será beneficiado de igual manera. La explicación patentada del MOPC en tales casos es siempre la misma: que “el aumento se dio por deficiencia del proyecto”, como lo expresara recientemente el director de Vialidad, ingeniero Ignacio Gómez, con relación a la mencionada autopista Ñu Guasu, deficiencia del proyecto que no tuvo importancia para el MOPC pero le cuesta mucho más dinero al pueblo paraguayo.
Como se ve, este caso que citamos es solamente un eslabón más de la larga cadena de robos descarados que las vialeras, en complicidad con consultores proyectistas y funcionarios corruptos del MOPC, han perpetrado contra el Estado, por lo que la Contraloría General debería iniciar una investigación que concluya con los ladrones de guante blanco y sus cómplices en la cárcel, porque es hora de que los burócratas que realizan obras públicas mal proyectadas o mal construidas que perjudican a la gente, paguen con sus bienes personales por el daño que ocasionan al Estado.