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Tras haber fracasado en su pretensión de asirse del Tribunal de Cuentas como tabla de salvación para adjudicar la concesión del Aeropuerto Silvio Pettirossi al consorcio liderado por la empresa española Sacyr, a contramano de la recomendación en contrario de la Contraloría General de la República, hete aquí que el pasado 30 de octubre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) presentó ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una acción de “certeza constitucional” para proceder a dicha adjudicación manu militari sin más ni más.
Este insólito paso del tortuoso cabildeo llevado a cabo desde hace más de un año por el ministro Ramón Jiménez Gaona conjuntamente con el titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Luis Aguirre, ha despertado estupefacción en el ánimo de la ciudadanía por el cinismo y prepotencia con que ambos cuestionados funcionarios vienen actuando para forzar la entrega de la administración y operación de la principal terminal aérea del país a una empresa extranjera con pésimos antecedentes en el cumplimiento de sus contratos en ciertos países de la región, como Argentina y Chile.
Los cuestionamientos al insistente intento se dan no solo por cláusulas lesivas al interés nacional incluidas en el pertinente contrato de concesión –públicamente denunciadas por legisladores y expertos en su oportunidad y que obligaron al MOPC y la Dinac a requerir el parecer de la Contraloría General de la República, que falló en contra de la adjudicación–, sino también por la insólita negativa del ministro Ramón Jiménez Gaona a acatar la recomendación legal vinculante, con el chabacano exabrupto de que “el contralor no es Dios”. La insolencia del ministro fue absorbida como un insulto al sentido común de los paraguayos y paraguayas, que fue exacerbado por su recurrencia al Tribunal de Cuentas como atajo para incumplir la ley, su raro posterior desistimiento y, finalmente, la interposición ante la Corte Suprema de Justicia de un recurso inexistente en la Constitución y en las leyes, y que, por tanto, debe ser rechazado in limine, como sostienen legisladores y abogados.
Así coincidieron, por ejemplo, el constitucionalista Hugo Estigarribia y el senador Miguel Abdón Saguier. El primero señaló que la Corte no es un órgano consultivo. “Esto que hace el MOPC es un ejercicio inadecuado del derecho (…) No tiene asidero constitucional ni legal alguno”, dijo. Por su parte, Saguier sostuvo que “el artículo 260 dice que son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional: conocer y resolver la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos. En este caso, el dictamen no es ningún instrumento normativo”.
Más allá de las opiniones de entendidos y legos en materia legal, lo que a la ciudadanía le inquieta es el descarado irrespeto al orden legal de la República demostrado por el ministro de Obras Públicas, quien, con ínfulas de aprendiz de dictador, pretende llevarse todo por delante, en un tiempo en que más que nunca el país necesita de funcionarios honestos y respetuosos de la ley.
Después de todo, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas considera que, contrariamente a lo sostenido por el presidente Horacio Cartes en una desafortunada ocasión, el Paraguay es un país de oportunidades para propios y extraños y no uno de aventura, del que pueden “usar y abusar” quienes quieran venir a invertir en él sus caudales para ganancia comercial.
La alianza público-privada (APP) prevista en la Ley Nº 5102, que ha querido implementar el Gobierno para la construcción de obras de infraestructura mediante la complementación del aporte estatal con capital privado, no alcanzó la suerte esperada, precisamente porque su ministro de Obras Públicas no ha tenido el patriotismo de equilibrar los beneficios de ambas partes (público y privado) de modo que se pudiera cumplir el principio rector del gana-gana, mediante una sociedad de respeto mutuo en la que se beneficien ambos actores.
Lamentablemente, el modelo de APP que pretende implementar el ministro Jiménez Gaona se encuadra dentro del concepto aritmético de suma cero, en el que uno gana y el otro pierde, correspondiendo al Estado paraguayo la pérdida. Al menos, esto es lo que se da en la única APP hasta ahora concertada: la ampliación de tramos de las Rutas 2 y 7, a cargo del consorcio integrado precisamente por la cuestionada empresa española Sacyr a la que el ministro Ramón Jiménez Gaona pretende entregar el Aeropuerto Silvio Pettirossi como sea, con grave perjuicio económico para el Estado.
Lo peor de todo es que las APP concertadas –y las que aún podrían concertarse si la Corte Suprema de Justicia admite la ilegalidad pretendida por el titular del MOPC– adolecen de la falta de un requisito fundamental: la retención por el Estado de algún control, sea cual fuere la forma de sociedad elegida.
Es de esperar que el Poder Judicial, como custodio de la Constitución, cumpla con su misión existencial y ponga punto final a la pretensión de los buitres que tenazmente procuran apoderarse de las fuentes de recursos de la Nación para beneficio propio. Tanta insistencia por violar la ley induce a pensar que la torta a repartir con la pretendida APP del aeropuerto ha de ser muy grande como para beneficiar generosamente a los comensales ocultos que con tanta ansiedad esperan acceder a ella.