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El presidente de la República, Horacio Cartes, y el expresidente y actual senador Fernando Lugo siguen empeñados en violar la Constitución para satisfacer su malsana ambición de poder. Fracasada anteriormente la vía de la enmienda constitucional, los allegados del Primer Mandatario echaron mano al disparate –pergeñado por el equipo jurídico de Frente Guasu– de que él podría aspirar a la reelección si renunciaba seis meses antes de los próximos comicios generales, porque la prohibición del “rekutu” solo rige para los presidentes que están en funciones, no para los expresidentes.
El oficialismo recapacitó, abandonó la descabellada idea luguista, y decidió volver a la iniciativa original de la “enmienda”, esta vez secundado por la izquierda chavista, que parece haber advertido que la cláusula de que el presidente y el vicepresidente de la República “no podrán ser reelectos en ningún caso”, contenida en el art. 229 de la Constitución, impide que su líder pueda retornar alguna vez al Palacio de López.
Respondiendo a una consulta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, prestigiosos juristas ya han señalado que el único mecanismo idóneo para permitir la reelección presidencial es el de la reforma constitucional, cuya necesidad debe ser declarada por la mayoría absoluta de dos tercios de los miembros de cada Cámara del Congreso, tras lo cual deberá llamarse a elecciones para integrar una Convención Nacional Constituyente. Como el tiempo apremia y puede resultar difícil lograr esa mayoría calificada en el Congreso, la maliciosa alianza en gestación, a la que se sumarían el senador liberal Blas Llano –funcional al presidente Cartes– y sus seguidores, insiste en el procedimiento de la enmienda, que solo requiere ser aprobada por la mayoría absoluta de los diputados y de los senadores, que parece ya tenerse comprados, para luego ser confirmada por un referéndum.
Es llamativo que los senadores “luguistas”, que el 25 de agosto pasado rechazaron con sus votos el proyecto de enmienda, ahora “crean” que se ajusta a la Constitución. En aquella ocasión, el senador Lugo afirmó que creía en los principios jurídicos democráticos, pero no en el de “muchas personas oportunistas que cuando hay elecciones quieren torcer y acomodar los principios jurídicos” en favor propio. Por su parte, el senador liberal Fernando Silva Facetti sostuvo que su sector –el “llanista”– ya había resuelto en mayo y en julio rechazar todo proyecto de modificación por la vía de la enmienda por considerarla inconstitucional. Por si fuera poco, el 31 de octubre pasado, recién nomás, el propio Presidente de la República pidió a la bancada oficialista de la Cámara Baja que desista del proyecto de enmienda porque la posibilidad de reelección debía establecerse de acuerdo a la Constitución, y ser aceptada por toda la sociedad.
A todas estas palabras, ajustadas sin duda a la legalidad y a la sensatez, se las ha llevado el viento provocado por la desmedida ambición de dos políticos cegados por el poder, para lo cual están dispuestos a pisotear no solo la Constitución y las leyes, sino a cualquiera que se les cruce en su camino. No les importan las posiciones personales o partidarias anteriores, sino hacer lo que sea, incluso entrar en contubernios escandalosos, con tal de conseguir el objetivo.
En este sentido, a la opinión pública le gustaría saber qué hechos nuevos acaecieron en las últimas semanas para que quienes se habían opuesto a la enmienda ahora la impulsen con tanto brío. Que no nos vengan con el rebuscado cuento de que el asunto no girará solo en torno a la reelección de Fernando Lugo o de Horacio Cartes, pues se está buscando cambiar también otros artículos. La modificación del art. 229 que prohíbe la reelección, requiere el procedimiento de la reforma. Por tanto, la vía de la enmienda no se ajustará a la Constitución aunque se incluyan –para sumar interesados en la manganeta– la reelección de los gobernadores, la posibilidad de que quienes sean candidatos a presidente o a vicepresidente puedan a la vez postularse como legisladores, y el balotaje o segunda vuelta electoral. Estas arteras triquiñuelas no lograrán tapar la impúdica violación que pretenden hacer de la Constitución.
Por otra parte, si el rebuscado intento de violar la Carta Magna se quiere disfrazar como un “nuevo” proyecto, el mismo no puede incluir la reelección presidencial, porque ya fue rechazado el 25 de agosto último y que, de acuerdo al art. 290 de la Constitución, solo puede volver a ser tratado “dentro del término de un año”, aunque, aun entonces, la vía de la enmienda continuará siendo inconstitucional para este asunto específico.
En las actuales circunstancias, como los colorados no tienen un líder que los una, quien, sin duda, saldría triunfante en este sucio entuerto es el representante de la izquierda bolivariana, el senador Lugo, convencido como está, y con razón, de que tiene todas las de ganar en unas nuevas elecciones si sus contrincantes son los expresidentes. Es fácil imaginar que, amparado en la posibilidad de ejercer su derecho a la libertad de expresión que le garantiza la Constitución Nacional, que será respetado por los medios de comunicación independientes del país, lanzaría una campaña propagandística signada por el populismo de izquierda, agitando la bandera de los desheredados, recurriendo a la demagogia más grotesca, prometiendo soluciones a diestra y siniestra: trabajo a los desempleados, tierra a los campesinos, hospitales y medicamentos para los pobres, salario digno a los obreros, subsidios a los necesitados, viviendas para los sin techo, escuelas y caminos para los tantos lugares abandonados del país, y seguridad para la vida y los bienes de las personas indefensas. Sin dejar de afirmar, desde luego, que combatirá la corrupción de los Gobiernos colorados con mano de hierro y que enviará a la cárcel a los ladrones, lo que pondría contentísimo al 90% de la población del país. Si se le recordara por qué no hizo todo eso durante su Gobierno, responderá que la oligarquía y el imperialismo se lo impidieron. El chavismo –en franco retroceso en Sudamérica– así volverá triunfante en el Paraguay, gracias al fracaso de todos los Gobiernos de la transición, incluidos los de Federico Franco y Horacio Cartes, que abandonaron miserablemente a la población más necesitada del país y se caracterizaron por su ineficiencia y su deshonestidad.
En esta truculenta historia, el “llanismo” es un mero idiota útil, y el PLRA, el pato de la boda. El propio Cartes admitió anteriormente que financió las actividades de un legislador “que corre rally”, en clara alusión al senador Llano. No puede dejar de pensarse, entonces, que en la presente coyuntura el dinero continúa siendo un “poderoso caballero”.
Lo que nos aguarda si se impusiera la violación flagrante de la Ley Fundamental, que no otra cosa implica la vía de la enmienda para permitir la reelección, es la instalación del populismo puro y duro, que se habrá aprovechado de la torpeza del “cartismo” y ni qué decir de la del “llanismo”. La confabulación en marcha agravia el Estado de derecho y augura mayores miserias para una población desencantada, hoy más que nunca propensa a dejarse engatusar por cualquiera que –sobre todo si es un exobispo– prometa bajar el cielo a la tierra en nombre de la justicia social. Si los luguistas quieren ganar unas elecciones, que las ganen, pero respetando la Constitución nacional.
Ante la trágica perspectiva que se presenta para el país, y en defensa de la legalidad y del bienestar de los paraguayos, se impone que los ciudadanos y las ciudadanas abandonen su indiferencia y salgan a las calles a exigir que no se eche en gorra a la Constitución, y que se resguarde el futuro del país, amenazado por unos aventureros codiciosos y sus respectivas gavillas.