Con todo derecho, el Paraguay sigue negándose a asumir las consecuencias del multimillonario fraude cometido entre 1986 y 1987 por el argentino-uruguayo Benjamín Levy Avzarradel, alias Gustavo Gramont Berres, devenido “embajador itinerante” del dictador Alfredo Stroessner. Mediante la falsificación de una nota del entonces ministro de Hacienda César Barrientos, obtuvo dos créditos del ya desaparecido banco suizo Overland Trust, supuestamente avalados por el Estado paraguayo, para montar en nuestro país otras tantas fábricas. Ellas nunca fueron construidas porque este personaje solo tenía en mente una monumental estafa, de la que ahora los paraguayos tendríamos que hacernos cargo si una jueza norteamericana admitiera una demanda por valor de 95 millones de dólares, promovida en 2015 por la aseguradora estatal italiana Societá Assicurazione al Commercio Estero (SACE), que había emitido las pólizas respaldatorias de los empréstitos.
Como correspondía, los Gobiernos que se sucedieron tras la caída de la dictadura se negaron a reconocer esa deuda del todo ilegítima porque Gramont Berres, que fungía de cónsul honorario en Ginebra, carecía de los poderes que necesitaba para gestionar en nombre del Paraguay unos empréstitos que, además, y lo más importante, nunca fueron aprobados por el Congreso.
Tras la caída de la dictadura, el delincuente de guante blanco fue condenado en nuestro país y luego extraditado a Suiza, en tanto que sus cómplices –altos ejecutivos de la SACE– fueron condenados por la Justicia italiana por delitos financieros. El Estado paraguayo no tuvo ninguna intervención en lo que, en verdad, representaba una estafa perpetrada, como lo reconoció en primera instancia un tribunal suizo al rechazar la demanda de los bancos europeos que compraron la deuda del Overland Trust Bank. Sin embargo, en 2005, insólitamente un Tribunal Federal condenó a nuestro país, pues, según este fallo, el defraudador habría tenido una representación “aparente”, como si el banco no debía haberse informado fidedignamente y tomado recaudos para asegurarse de la autenticidad del documento internacional presentado, y estar sabiendo que el Congreso debía aprobar el contrato de préstamo, tal como lo exigía –y lo exige– la Constitución Nacional.
No se le ocurrió efectuar consultas con la sede diplomática de la Confederación Helvética en el Paraguay y, sospechosamente, se dio por satisfecho con un papel entregado por Gramont Berres para otorgarle tan enorme suma de dinero. Nadie puede alegar en favor suyo su propia torpeza.
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Es de toda evidencia que el Estado paraguayo no tiene por qué pagar los platos rotos, tal como lo declaró la Cámara de Senadores al rechazar con firmeza el fallo referido, y a la vez exhortar al Poder Ejecutivo a “no reconocer ni pagar” la inexistente deuda. En tal sentido, el Decreto Nº 6395/05 encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo entonces de Leila Rachid, que comunique al Gobierno de la Confederación Helvética la negativa paraguaya a cumplir con la sentencia y a promover el reclamo pertinente ante la Corte Internacional de las Naciones Unidas. Es de lamentar que este reclamo ante La Haya nunca fuera efectuado y que la omisión obligue ahora al procurador general de la República, Roberto Moreno, a litigar ante un juzgado de Estados Unidos. Como bien sostiene este funcionario, así como el Estado paraguayo nunca tuvo la menor actuación en la deuda contraída por el cónsul “honorario” de la dictadura, la Justicia de ese país “no tiene jurisdicción sobre el caso”, pues las partes y los hechos no tienen ninguna relación con él.
De esta forma, la SACE pretende que la Justicia de un país ajeno a la cuestión obligue al nuestro a resarcirle la suma que tuvo que pagar por haber otorgado con ligereza o complicidad una póliza de seguro fundada, en última instancia, en una estafa colosal en su contra en la que el Estado paraguayo no intervino en modo alguno.
No tenemos por qué pagar los platos rotos por un delito cometido no solo por Gramont Berres sino también por sus cómplices que manejaban la SACE.
En toda esta sórdida cuestión, con la que los paraguayos nada tuvimos que ver, hubo varios actores que incurrieron en dolo o negligencia, incluidos los diez bancos internacionales que compraron del Overland Trust Bank los títulos de una deuda ilegal.
Aparte de pedir explicaciones a los ministros de Relaciones Exteriores que desde 2005 han incumplido el encargo del Poder Ejecutivo de recurrir a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, cabe exhortar al actual Gobierno a que se mantenga en la brecha, sin temer que la resistencia afecte “la imagen del país”, tal como supuso hace cinco años el actual presidente del Consejo de Administración del IPS, Benigno López, entonces miembro del directorio del Banco Central, cuando sugirió la “revisión y solución” del escandaloso asunto.
Confiamos en que la postura expresada por el procurador general de la República sea aceptada en un país cuya Justicia “es más grande que su escuadra”, como dijo Manuel Gondra al referirse al Laudo Hayes.