Al clausurar su misión conjunta de asistencia técnica al Gobierno, los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) dejaron varias recomendaciones para actualizar y mejorar el sistema aduanero en nuestro país, entre las cuales se destaca una fundamental: que se apliquen sanciones severas a los funcionarios corruptos.
Al respecto, el nuevo director de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), Julio Fernández, manifestó, entre otras cosas, que “Hoy hay cierta liviandad sobre el tema. Normalmente a un importador que transgrede las reglas se le sanciona y se le cobra lo que corresponde, pero el funcionario que dejó pasar el caso no tiene una sanción como corresponde”.
Aquí el titular de la DNA tocó el fondo de la cuestión que hace que esa institución sea considerada una de las más corruptas de la República: la impunidad. Es imposible que sus autoridades y los agentes del Ministerio Público no se percaten de la tremenda patada a la pobreza que, de un día al otro, dan los vistas de aduanas y otros funcionarios de la institución, que acumulan mansiones, estancias, viviendas y automóviles lujosos y realizan costosos viajes de placer, que difícilmente puedan lograr con los salarios que perciben. El máximo castigo que suelen recibir cuando se ventilan sus trapisondas suele ser su traslado a otra terminal aduanera, en la que se instalan con todos sus vicios, que vuelven a poner en práctica tan pronto pasa la tormenta y se olvida el episodio anterior.
El director de Aduanas reconoce que “esas cuestiones tienen que cambiar” y agrega que “no se trata de golpear a nadie, sino de cambiar conductas”. En efecto, se trata de cambiar conductas vigentes hasta ahora, pero, para eso, lamentablemente, hay que golpear, y fuerte. Se debe dar un radical golpe de timón, porque será de ilusos creer que esas conductas van a cambiar con amables exhortaciones a portarse bien, con cursos de capacitación, o con retiros espirituales, como parece intentar alguna institución. Lo que se tiene que hacer con esos ladrones es, primero, sumariarlos y destituirlos; segundo, entregar los antecedentes a la Justicia, y, tercero, obligarlos a devolver lo robado, incluyendo el importe de los daños y perjuicios causados al Estado.
Es ilustrativo recordar al actual titular de Aduanas que ninguno de sus antecesores en el cargo hizo nada de eso, lo que permite que el ciudadano común tenga la sospecha de que los directores y jefes de la DNA reciben una cuota del latrocinio, lo que les sella la boca. Y lo más importante, los políticos influyentes suelen poner allí a sus hombres de confianza, a quienes sostienen en el cargo a cambio de los famosos “maletines” que fluyen permanentemente a sus arcas.
Recordemos, por ejemplo, el caso del aduanero Luis Roberto Pintos, quien, cuando fue nombrado, en 2013, tenía tan solo 30 años de edad y ninguna profesión. Al poco tiempo acumuló una fortuna personal de 3.700 millones de guaraníes, con solo quince millones y medio de remuneración mensual. Esta “joya” es hijo del que durante mucho tiempo fue jefe de la Dirección Nacional de Correos, Ángel Pintos Balbuena (un exintegrante de la “tierna podredumbre” stronista), en su momento acusado de malversar unos 5.000 millones de guaraníes.
Otro caso escandaloso fue el de quien en 2015 era jefe del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave) en el este del país, Ramón Alegre, fallecido en un accidente de tránsito en la Ruta VII, Minga Guazú, siendo encontrado en su poder un maletín con más de 1.000 millones de guaraníes, dinero cuyo origen y destino nunca pudo aclararse.
Continuando en el plan de refrescar la memoria, traigamos el caso del aduanero de Salto del Guairá Venancio González, que en 2017 no quiso adherirse al movimiento cartista, siendo inmediatamente relegado a un puestito intrascendente, que fue cuando el afectado alegó en su defensa que le sorprendía el castigo cuando que él había estado aportando para la diputada cartista Cristina Villalba (la “Reina del Norte” o “la Madrina”) y para el exgobernador de Canindeyú Alfonso Noria Duarte.
Y siguiendo con la cita de los chanchullos más recordados: el caso de Fredy Rubén Gauto, jefe de puesto del Detave, y su secretario César Sosa, quienes en julio del año pasado fueron atacados con armas de fuego en un trayecto rutero cuando se trasladaban custodiados por el suboficial mayor de la Policía Julio César Gauto, una escolta policial que solamente se justificaba si llevaban mucho dinero. Como el asalto no tuvo éxito, no se supo de cuánto se trataba el botín perseguido por los asaltantes. Y casos similares suman y siguen.
Si bien estos incidentes en que unos ladrones roban a otros ladrones pueden ser motivo de comentarios jocosos, lo cierto es que los únicos perjudicados, a fin de cuentas, resultan ser todos los contribuyentes que con su aporte tributario pretenden que el Estado cumpla sus finalidades sociales y económicas. En esas situaciones, los aduaneros, los “maletineros” que traen el botín para repartir entre sus padrinos –políticos, obviamente– pasan un momento desagradable y nada más. Muchos estarán de vuelta en sus puestos y continuarán robando al Fisco, tal vez con más ahínco, para recuperar lo perdido.
Es obvio que todo esto y mucho más lo saben los representantes del FMI y del BM y cualquier otro que pasee una mirada por sobre nuestras aduanas. La fortuna personal que los famosos “aduaneros” amasan y exhiben tan pomposamente como pueden es suficiente para sentar una presunción jurídica de enriquecimiento ilícito, pero las autoridades obligadas a ver prefieren no ver nada, seguramente porque forman parte de la cofradía de ladrones públicos.
Oportuno es, pues, el informe de los dos grandes organismos internacionales, pues llega en los albores del nuevo Gobierno. Es auspicioso que el último viernes una intervención fiscal permitió descubrir a cinco aduaneros y una gestora en momentos en que recibían supuestamente coimas. Es de esperar que exista la voluntad política para incrementar estas acciones y así sanear esa corrupta institución.