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02 de Febrero de 2019

 

Las aguas negras están matando nuestros ríos

El titular de la Essap, Natalicio Chase, se refirió en los últimos días a la carencia de una planta de tratamiento para depurar las aguas negras vertidas en el río Paraguay. En el contexto regional, Asunción es la única capital que no cuenta con una planta de tratamiento de desechos fecales, cuya descarga diaria oscila en alrededor de los 300.000 m3, de los cuales solo el 2% recibe algún tratamiento de descontaminación. Consecuentemente, la pavorosa cantidad de 98% es arrojada directamente al río Paraguay a través de más de 15 caños maestros. Después, la Essap capta nuevamente el agua del mismo río al que arroja los desechos, a fin de tratarla y devolverla a la población, supuestamente como “agua segura”. Es de lamentar que, aun cuando existen unas 20 instituciones involucradas en la temática del gerenciamiento del agua, la realidad de este sector sea calamitosa. Los ciudadanos y las ciudadanas, que son directamente afectados por este descalabro, deben alzar su voz en defensa de la naturaleza agredida y reclamar públicamente que las autoridades asuman sus funciones como corresponde.

La reciente declaración del ingeniero Natalicio Chase, presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap), respecto a la carencia de una planta de tratamiento para depurar las aguas negras vertidas en el río Paraguay, pone en entredicho la calidad del líquido vital del cual depende buena parte de la ciudadanía.

En el contexto regional sudamericano, el área metropolitana de Asunción es la única capital que no cuenta con una planta de tratamiento de desechos fecales, cuya descarga diaria oscila en alrededor de los 300.000 m3 procedentes de los hogares, de los cuales solo el 2% recibe algún tratamiento de descontaminación. Consecuentemente, la pavorosa cantidad del 98% es arrojada directamente al río Paraguay a través de más de 15 caños maestros.

Lo más reprochable de esta realidad es que la Essap capta nuevamente el agua del mismo río al que arroja los desechos, a fin de tratarla y devolverla a la población, supuestamente como “agua segura”, de lo cual, es de lamentar, la ciudadanía carece de certeza. A este respecto, en 2010, a través de un informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República (CGR), a instancias de la Dirección General de Control de la Gestión Ambiental, se pudieron constatar falencias, ya que el documento mencionó explícitamente que “la Essap se encuentra funcionando sin un manual de mantenimiento que asegure la adopción de las diligencias de protección que requieran los diseños, conducción, tratamiento y distribución como lo establece el Reglamento de Calidad para Concesionarios”. En otra parte del informe, refiriéndose al tratamiento de la calidad del agua cruda (agua tal como se encuentra en las fuentes, en estado natural, sin tratamiento), menciona que “el prestador –Essap– debe realizar un monitoreo permanente de la calidad de la fuente de captación, con la finalidad de detectar posibles deterioros que limiten o impidan el proceso de producción de agua potable”.

Las recientes declaraciones de Óscar Rodas, director de Cambio Climático y Políticas del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Paraguay, indican que las cosas son preocupantes, a tal punto que si se continúa evacuando agua fecal en el río Paraguay se producirán más “eventos de mortandad de peces”, como así también se afectará el tránsito migratorio de algunas especies de aves. Pero de entre todos los impactos negativos de la contaminación del río Paraguay, esta realidad afecta mucho más la calidad de vida de la población. A este respecto, desde varios años atrás el Ministerio de Salud Pública viene advirtiendo sobre los altos niveles de contaminación microbiológica, que superan ampliamente los límites de tolerancia establecidos.

Desde 1992, el Estado paraguayo, a través del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de las Naciones Unidas, se comprometió, por una parte, a asegurar la disponibilidad de agua mediante el respeto y la protección de los recursos hídricos contra la contaminación, así como la sostenibilidad de los mismos. Además, se propuso garantizar el acceso pleno y universal al agua necesaria para uso personal y doméstico, independientemente de la capacidad adquisitiva de la población.

Lamentablemente, estas consignas cayeron en saco roto, teniendo en cuenta que, además del río Paraguay, los otros ríos, arroyos, lagos, acuíferos, manantiales, también se encuentran en estado calamitoso. No solo están deteriorados por los efluentes cloacales sino, además, por los desperdicios que arrojan las industrias de todo tipo que, así, han sumado su cuota de participación, pese a las normativas existentes.

Es de lamentar que, aun cuando existen unas 20 instituciones involucradas en la temática del gerenciamiento del agua, la realidad en este sector sea calamitosa.

La Ley 2552/05 establece que las aguas superficiales y subterráneas son del dominio público, pero la acción del Estado en ese campo es sumamente débil. Por tanto, ante las actuales condiciones de deterioro de los cursos hídricos del país, es perentoria una redefinición de políticas que contemplen sensatas disposiciones conducentes a superar la catastrófica situación a nivel país, para evitar que las aguas negras sigan matando nuestros ríos. Por tanto, los ciudadanos y las ciudadanas, que son los directamente afectados por este descalabro, deben alzar su voz en defensa de la naturaleza agredida y reclamar públicamente que las autoridades asuman sus funciones, aplicando con firmeza las disposiciones legales destinadas a proteger nuestros ríos y otras fuentes de agua.

 
 

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