Con el fin de alentar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos comunales, la Ley Orgánica Municipal prevé la creación de comisiones vecinales, cuya organización y funciones son determinadas por una ordenanza. La vigente en Asunción desde 2015 dice que esas asociaciones deben promover la intervención de los vecinos en “la solución de sus propios problemas” y, entre otras cosas, “colaborar con la Municipalidad en la estricta observancia de las ordenanzas, sobre todo en cuanto a las normas de convivencia, a la salubridad y a los servicios públicos”.
Y bien, en la capital existen casi 800 comisiones vecinales, que congregan a unas diez mil personas, pero eso no significa que realmente cumplan con su importante papel. Muchas solo tienen una existencia ficticia y otras salen a la luz para protestar contra la construcción de algún edificio de altura o la instalación de puestos de venta de comidas rápidas en zonas residenciales. Sin negar la legitimidad de esos reclamos, es de señalar que el abandono en que se hallan los barrios de Asunción revela que los propios vecinos no se ocupan de mejorar por sí mismos el ambiente en que viven.
Los baldíos donde se crían alimañas, las aguas servidas que fluyen ante las viviendas, los empedrados y asfaltados que están llenos de baches, la basura que se acumula por doquier y las plazas abandonadas, entre tantas otras calamidades urbanas, revelan que las referidas agrupaciones, cuya área de acción puede ser de solo dos manzanas, deben esforzarse mucho más por tomar en sus manos la reparación de tantos desarreglos.
La experiencia enseña que ellas no deben limitarse a esperar que las autoridades comunales rentadas pongan manos a la obra, dado que tienen otras prioridades, como la de instalar en el aparato municipal a parientes, amigos y correligionarios u orientar el resultado de una licitación pública. Lo atinado es que los vecinos activen en la defensa de sus propios intereses, aunque ello implique sacrificar una parte del tiempo libre, sin recibir ninguna compensación monetaria, sino solo la satisfacción de haber hecho un bien a la comunidad y, en consecuencia, a ellos mismos.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Dejando de lado al defensor vecinal, cuya existencia pasa desapercibida, los asuncenos deben formular sus reclamos al intendente y a los concejales e incluso a las autoridades nacionales, tal como lo hicieron al reunirse a fines de marzo con representantes del Ministerio Público y de la Policía Nacional para exigir mayor seguridad. Pero pueden hacer algo más, es decir, proponer y ejecutar iniciativas, aprovechando el Fondo de Proyectos Especiales, por ejemplo, que en el presupuesto municipal de este año asciende a 16.830 millones de guaraníes. Cada una de las comisiones vecinales puede presentar a la Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana un proyecto anual, cuyo costo no debe superar unos 65 millones de guaraníes. O sea que algo se puede emprender en beneficio del vecindario, siempre que el proyecto sea bien concebido. Suele ser necesario, por cierto, que la comisión directiva proponente sea asesorada no solo en la elaboración del proyecto, sino también en la eventual rendición de cuentas. Aquí es de señalar que, lamentablemente, en la mayoría de las obras ejecutadas no existe la transparencia debida, dado que falta información pública sobre el monto recibido y el plazo de entrega, así como sobre los responsables de la ejecución. En otras palabras, como también en las comisiones vecinales se malgasta o se desvía el dinero público, conviene que las asambleas generales, encargadas de considerar la memoria de la comisión directiva, el balance y el informe del síndico, así como de aprobar el nuevo plan general de actividades, controlen con cuidado la correcta administración de los recursos obtenidos.
Hay malandrines que crean una comisión vecinal solo para meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes o brindar apoyo electoral a algún politicastro, aunque el proselitismo partidario esté excluido de su seno, según reza la ordenanza. Este documento también dispone que la Municipalidad, junto con la Coordinadora de Comisiones Vecinales, debe supervisarlas por lo menos tres veces al año, lo que implica que deben hacer un seguimiento de sus actividades, si es que las realizan. En efecto, si es grave que haya hechos de corrupción o se desvirtúen los fines de esas agrupaciones, también lo es que las comisiones directivas, que deben celebrar sesiones abiertas al menos una vez por mes, no hagan nada en favor de los vecinos. La clave está en la participación, es decir, en que no solo actúen los dirigentes, sino también los miembros de la comisión vecinal. Ellos tienen el derecho de exigir que su comisión directiva les comunique periódicamente sus actividades y que les den a conocer el lugar, el día y la hora de sus reuniones.
Nuestra cultura político-administrativa induce a esperar que los problemas sean resueltos desde arriba e impide hasta ahora el arraigo de la “democracia participativa”, de la que habla la Constitución. Dado que ella puede practicarse en el ámbito local con mucha mayor facilidad que en el nacional, no solo por su dimensión sino también porque allí las cuestiones a encarar están cada día a la vista, se impone que los vecinos se valgan de los mecanismos previstos en la ley y en las ordenanzas para encargarse ellos mismos de mejorar su entorno, en la medida de sus posibilidades.
Por nuestro propio bienestar, hay que involucrarse en lo que a todos concierne, así que cabe urgir a las comisiones directivas que trabajen y que –a través de los medios de comunicación y las redes sociales– demanden a las autoridades municipales y nacionales para que cumplan con sus respectivas obligaciones.