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Algunos hechos saludables para el país, registrados en los últimos tiempos, no habrían ocurrido si las víctimas de los facinerosos de la función pública hubieran quedado calladas. De haber esperado que los órganos estatales y municipales competentes tomaran por propia iniciativa las oportunas medidas correctoras ante la notoria desfachatez de ciertos legisladores, José María Ibáñez, Óscar González Daher, Jorge Oviedo Matto, Víctor Bogado y Dionisio Amarilla seguirían hoy mancillando unas bancas. Y si los esteños no hubieran salido a las calles para expresar su indignación ante los atropellos y las corruptelas del clan de los Zacarías Irún, la Municipalidad local no habría sido intervenida, y Sandra McLeod la continuaría manejando a su antojo. Más aún, ni ella ni el senador Javier Zacarías Irún (ANR) habrían sido imputados ni estarían siendo investigados, juntos o por separado, por los hechos punibles de declaración jurada falsa de bienes y rentas, enriquecimiento ilícito, lesión de confianza, asociación criminal y lavado de dinero.
Si los pobladores de Ciudad del Este hubieran reprimido su indignación, los cónyuges Justo Zacarías Irún y Rocío Abed, ambos diputados por la ANR, no estarían siendo investigados por los hechos punibles de asociación ilícita y lavado de dinero. Dicha señora, por cierto, no estaría reemplazando al diputado altoparanaense Ulises Quintana (ANR), si este no guardara prisión preventiva por su presunta vinculación con el narcotráfico. Resulta que el hecho de que algunos agentes fiscales y un par de jueces hayan decidido cumplir con sus respectivos deberes es también atribuible a ese feliz despertar ciudadano, reflejado no solo en la vía pública, sino también en las redes sociales y en la prensa.
Sería bueno que el Ministerio Público y el Poder Judicial tomen nota de que las personas decentes ya no están dispuestas a seguir soportando la impunidad desvergonzada, de la que han venido gozando los capitostes durante décadas. No solo quieren que terminen los latrocinios y las arbitrariedades, sino también que los autores, cómplices y encubridores de tales fechorías sean castigados conforme a la ley. Es lo que acaban de demostrar los esteños, reclamando que el “padrino” sea encarcelado. Ya se le privó de sus fueros para ser enjuiciado por el delito de declaración jurada falsa de bienes y rentas, pero apeló la imputación fiscal de haber instigado la comisión del de lesión de confianza, que conllevaría su prisión preventiva. Chicaneó y seguirá chicaneando, en esta y en las otras causas, porque bien sabe que un fallo condenatorio sería inevitable si tuviera que sentarse en el banquillo de los acusados y el proceso se ajustara a Derecho. Por todo ello, es laudable que quienes han tenido que soportar durante casi dos décadas las canalladas del ominoso clan perseveren en su empeño de que se haga justicia.
En especial, es preciso que presten mucha atención a las actuaciones de los agentes fiscales y de los magistrados, más aún atendiendo que acaba de consumarse la componenda abdo-cartista. Teniendo en cuenta funestos antecedentes de manipulación de la Justicia desde las altas esferas, es de desear que este sorpresivo y sospechoso pacto no influya en el desenlace de las investigaciones ni en la resolución de las artimañas procesales. Empero, en un país como el nuestro, donde el poder político está habituado a dirigir a quienes deben entender en los expedientes penales, es conveniente que la ciudadanía se muestre muy precavida.
En efecto, de acuerdo a la experiencia, el jefe del clan, su esposa, su hermano y su cuñada tienen buenos motivos para sentirse optimistas ante el resultado de las negociaciones coloradas en busca de una supuesta “gobernabilidad”. Pueden confiar en que no pasará desapercibido para quienes, en el Ministerio Público y en la judicatura, están siempre dispuestos a inclinar la cerviz ante los mandamases de turno. También es de temer que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, excartista y exfiscal general adjunto en Ciudad del Este, pueda adquirir un gran protagonismo en estas nauseabundas cuestiones, de modo que conviene que la opinión pública lo ponga bajo la lupa. Es aconsejable, pues, seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos para tratar de impedir que sean influidos por la citada alianza “non sancta”.
Quienes han vuelto a salir a las calles en la capital del Alto Paraná no responden a una determinada organización política. A ellos no les interesan los “ismos”, sino la honestidad y eficiencia en el manejo de la cosa pública. No ignoran que sus manifestaciones pacíficas fueron la causa final de que los hermanos Zacarías Irún y sus respectivas consortes estén hoy imputados o investigados. La última de ellas puede interpretarse como una atinada reacción ante lo que se ha urdido en las altas esferas del poder.
Lo que mueve a los esteños no les concierne solo a ellos, pues, al fin y al cabo, Javier y Justo Zacarías Irún son legisladores nacionales. Pero hay algo más importante y es que nadie puede permanecer indiferente ante la lucha contra la corrupción, cualquiera sea el lugar en que se emprenda. Para emplear una expresión manida, se trata de una “causa nacional”, que exige la participación ciudadana, la solidaridad y la constancia. Por todo ello, la rebelión que se inició y continúa en el otrora feudo de los Zacarías Irún tiene que ser imitada en todo el Paraguay, para que nadie se sienta solo en el combate contra los malhechores de guante blanco.