Las instituciones públicas siguen tan podridas como antes

Duele constatar que, a seis meses de iniciado el actual periodo gubernativo, la inmoralidad pública sigue tan campante. Desde luego, era impensable que en poco tiempo se eliminara la basura acumulada bajo la alfombra del aparato estatal desde hace décadas, pero al menos se esperaban señales claras de que la corrupción reinante iba a ser combatida con algún rigor. Es cierto que el Ministerio Público y un par de jueces hicieron que el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, el exsenador Óscar González Daher (ANR) y el diputado Ulises Quintana (ANR) guarden hoy prisión preventiva porque se habrían enriquecido ilícitamente, entre otras cosas. Ello generó la expectativa de que se abría una nueva época en el combate a la corrupción. Pero las cosas quedaron allí, pues en las instituciones públicas surgen nuevos y preocupantes signos de deterioro en el manejo de las instituciones y de la cosa pública.

Por ejemplo, contrastando con las primeras medidas auspiciosas mencionadas referentes a altos funcionarios y políticos, por decisión expresa de sus colegas, el senador Enrique Bacchetta (ANR) sigue al frente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tras haber intervenido en una causa penal, y el contralor general Enrique García, imputado por la presunta comisión de dos delitos e investigado por otros tantos, sigue profanando su cargo. Estamos en lo mismo de siempre: la mutua protección en las altas esferas de los tres Poderes del Estado.

La Cámara de Diputados se renovó en gran medida, pues 49 de sus 80 miembros están ocupando por primera vez un escaño. Entre los nuevos figuran su actual presidente, Miguel Cuevas (ANR), sospechado de enriquecimiento ilícito, y el diputado Carlos María López (PLRA), que tiene tres funcionarios a su disposición, que se limitan a marcar sus horas de entrada y de salida: un futbolista y un director técnico, que están comisionados en la Municipalidad de Piribebuy, y una secretaria que está en igual carácter en la Gobernación de Cordillera. Así despilfarran los legisladores sinvergüenzas la plata del pueblo.

Según el director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Julio Arévalos, ese cuerpo legislativo podría funcionar con la mitad de sus 1.985 funcionarios. Se entiende así que, como en el Senado, allí también abunden los “planilleros”, que ni siquiera se sabe dónde están ni qué hacen, por lo que esa Cámara ha ordenado una auditoría –costará 280 millones de guaraníes– para detectarlos. ¿Para qué este gasto? ¿Acaso algún diputado o senador se desprenderá de su clientela? Ahora mismo, ¿a alguien se le ocurre cuestionarle al diputado López por sus nuevos tres “clientes” que enchufó en la Municipalidad de Piribebuy y en la Gobernación de Cordillera? Como se ve, todos están metidos en el menjunje.

Otro foco de corrupción –un anterior feudo del exsenador Óscar González Daher, actualmente procesado y recluido–, es el aeropuerto internacional “Silvio Pettirossi”. Al parecer, la escoba moralizadora anunciada por el presidente Mario Abdo Benítez aún no ha pasado por allí. Acaba de salir a la luz que funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) venían violando los protocolos de seguridad aeroportuarios, haciendo pasar maletas que luego eran entregadas directamente a ciertos pasajeros, sin haber sido objeto de la inspección correspondiente. No sería raro, así, que nuestro aeropuerto sea sancionado por su falta de seguridad, lo que sería muy perjudicial para nuestro país. Esta posibilidad no es descabellada, pues un nefasto operativo como el que venían realizando los funcionarios puede servir al crimen organizado o al terrorismo internacional, ya que las maletas muy bien pueden contener drogas o hasta explosivos, lo que habla muy poco de la seguridad de nuestra principal terminal aérea. Es increíble que nuestras autoridades no dimensionen la gravedad de estos hechos. Si ya se habla mucho de que desde el Paraguay se estarían financiando organizaciones terroristas, ahora se empezará a creer que aquí el control en los aeropuertos puede ser burlado con la mayor facilidad. Se trataría de una práctica heredada de las administraciones anteriores, según el director Édgar Melgarejo, pero las responsabilidades ya las debe asumir el actual Gobierno.

También la corrupción en el ámbito de la fuerza pública sigue tan campante, como se desprende de que agentes de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) hayan rapiñado la mansión decomisada al presunto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña. Los delincuentes de uniforme continúan haciendo de las suyas porque sus cuadros no han sido depurados como corresponde, así que muchos de ellos han pasado directamente a operar con los criminales o a extorsionarlos para sustraerles el producto de sus fechorías o exigirles dinero para dejarles impunes. Según audios difundidos, así ocurrió en los últimos días cuando dos policías intentaron sacar provecho tras la detención del prominente delincuente brasileño Thiago Ximenes, alias Matrix, ocurrido en Villa Ygatimí.

Todo esto está ocurriendo mientras el Gobierno se desgasta en pronunciamientos líricos pero exhibe poca acción. El presidente Mario Abdo Benítez gasta su tiempo en frecuentes viajes cuyos resultados no se ven ni se sienten. La población ya ha acuñado frases como “desastre ko Marito”, o “ndoikói Marito”, que por el momento se utilizan más bien en forma jocosa pero que pueden ir transformándose en recriminaciones públicas si no existen señales claras de una voluntad real de combatir la inmoralidad en las instituciones. Se impone, pues, desenmascarar a quienes las prostituyen y depurar el pútrido ambiente que viene sofocando a los ciudadanos y a las ciudadanas, a quienes se les está tocando reiteradamente las orejas.