Las “listas sábana” crían cuervos

La situación del destituido exintendente de Mariano R. Alonso y actual concejal municipal Walberto Zárate es una prueba más del daño moral y perjuicio material que causan las “listas sábana” al desarrollo nacional y al patrimonio local. Zárate fue destituido de la Intendencia en 2009 por la Cámara de Diputados a raíz de serias y numerosas irregularidades al frente de la Municipalidad, pero el órgano legislativo, llamativamente, “se olvidó” de remitir los antecedentes del caso a la Fiscalía para que el munícipe fuera investigado y procesado. De esta manera, los “justicieros”, con su proceder, no se preocupan de combatir la corrupción, sino solo buscan “inhabilitar” temporalmente a sus adversarios hasta que estos se alineen en la vereda correcta, en la que ellos se encuentran casualmente. De esta manera, el exintendente se candidató para concejal y ganó una banca en las últimas elecciones. Ahora la Contraloría encontró graves indicios de irregularidades en su administración, por lo que la Junta Municipal pide merecidamente que se lo procese. Sucede, sencillamente, que los partidos políticos tienen como marca registrada el sistema de listas cerradas y bloqueadas para salir al rescate de personajes averiados.

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La situación del destituido exintendente de Mariano Roque Alonso y actual concejal municipal por el Partido Colorado Walberto Zárate es otra prueba más de lo que nuestro diario viene advirtiendo y denunciando continuamente con respecto al daño moral y perjuicio material que causan las “listas sábana” al desarrollo nacional y al patrimonio local.

Tal como se publicó en su momento, Zárate fue destituido del cargo de intendente en el año 2009 por la Cámara de Diputados luego de una intervención ordenada por la propia institución a raíz de serias y numerosas irregularidades de este personaje al frente de la Municipalidad. Sin embargo, la cámara en cuestión, llamativamente, “se olvidó” de remitir los antecedentes del caso a la Fiscalía para que el munícipe fuera investigado y procesado por los presuntos delitos que le fueron atribuidos.

En la tortuosa relación que existe entre los movimientos internos de los partidos políticos suelen ocurrir estas situaciones, que más bien corresponden a hechos de venganza entre caciques partidarios de municipios, regiones o departamentos, antes que obedecer a sanas preocupaciones parlamentarias sobre el buen manejo de los bienes públicos y correcto desempeño de las autoridades locales, elegidas para ejercer la intendencia y las concejalías municipales.

Para su elección como intendente, Zárate tuvo que haber dejado un tendal de heridos dentro de su propio partido, ya que se supone que si en la administración de la intendencia –que ejerció durante dos años antes de ser destituido– fue fraudulento, por qué no lo sería en el proceso electoral que condujo a su elección. Los caciques superiores suelen organizar componendas de poca monta en las cámaras del Congreso para “honrar” a sus partidarios castigando al adversario de turno “que se pasó de la raya”.

Sin embargo, este tipo de castigos originados en confabulaciones parlamentarias casi nunca completan el proceso de hacer justicia, ya que los “justicieros”, con su proceder no se preocupan en combatir la corrupción promoviendo la prisión de los culpables, y menos aún la devolución de lo robado, sino en “inhabilitar” temporalmente a sus adversarios, o alinearlos para que en próximas competencias operen en la vereda correcta, en las cuales ellos se encuentran casualmente.

Es lo que sucedió con Zárate, cuya administración de los ejercicios 2007/08 fue revisada por la Contraloría General de la República, que encontró hechos de nepotismo, creación de empresas fantasmas, proveedoras a nombre de amigos y parientes, sobrefacturaciones y todo tipo de irregularidades en llamados a concursos, por lo que ahora merecidamente la Junta Municipal pide que se lo procese.

Se calcula que los hechos punibles atribuidos al exintendente, tales como lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, daño patrimonial, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir, entre otros, produjeron perjuicios por un total estimado en nada menos que 8.000 millones de guaraníes en Mariano Roque Alonso, un distrito lleno de necesidades y con sectores marginales carentes de los servicios más elementales.

Sin embargo, en las últimas elecciones municipales Zárate fue elegido concejal en nombre de su partido, la ANR, cargo que básicamente tiene la función de hacer o cambiar la legislación municipal, además de controlar a la actual administración ejecutiva.

Podría pensarse que la ciudadanía de Mariano Roque Alonso carece por completo de interés en elegir a los mejores que la represente en la institución municipal, o que todo lo negativo publicado contra Zárate es mentira. Ambas situaciones son improbables, ya que de hecho la ciudadanía votó esta vez a una mujer como intendenta, que además es de otro signo político, y todo lo publicado se basa en documentos de instituciones constitucionales y legalmente habilitadas para hacer la denuncia que hicieron.

Sucede, sencillamente, que los partidos políticos cuentan como marca registrada el sistema de listas cerradas y bloqueadas para salir al rescate de personajes averiados, inclusive para proteger y reciclar a verdaderos delincuentes, cuyos procesos de investigación y sanción retardan deliberadamente haciéndolos elegir en cargos de representación.

Es necesario que los líderes políticos decidan de una buena vez cambiar este sistema por el de elección directa y por nombres en los cargos plurinominales (para ejercer funciones en organismos colegiados), no solo por los daños patrimoniales que causa el estilo tramposo de las listas sábana, sino porque llegará la hora en que ellos mismos y sus partidos serán víctimas de la reacción pública del hartazgo de la ciudadanía contra los bandidos empotrados en el poder gracias a esta forma de elegir.

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