Las “listas sábana” y un borracho

Por haber conducido en estado de ebriedad, el diputado Eusebio Alvarenga (PLRA) fue imputado por el Ministerio Público por la comisión de los delitos de exposición al peligro en el tránsito terrestre, omisión de auxilio y obstrucción al resarcimiento por daños en un accidente de tránsito. Su lujosa camioneta tenía una placa particular y, encima de ella, otra placa del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que el legislador integra en representación de la Cámara Baja. Que días después el diputado haya llegado a un acuerdo económico con su víctima, lo que por cierto implica la admisión de los hechos que se le imputan, no disminuye la gravedad de su falta. Este es el nivel de muchos de los integrantes del Congreso que padecemos, de modo que los electores deben ocuparse de que en la próxima legislatura estén representados por compatriotas mucho más dignos que el imputado por la comisión de tres delitos consecutivos en una madrugada alcohólica. El Paraguay tiene hombres y mujeres que pueden honrar el cargo electivo que le confíen sus compatriotas, para lo cual es necesario que se lancen a la arena política para tratar de limpiarla de tanta podredumbre.

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Por haber conducido en estado de ebriedad, el diputado Eusebio Alvarenga (PLRA) fue imputado por el Ministerio Público por la comisión de los delitos de exposición al peligro en el tránsito terrestre, omisión de auxilio y obstrucción al resarcimiento por daños en un accidente de tránsito, ocurridos en la madrugada del 8 de diciembre último. Su lujosa camioneta tenía una placa particular y, encima de ella, otra placa del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que el legislador integra en representación de la Cámara Baja.

La imputación fiscal omite el detalle de que el susodicho respondió con un gesto obsceno al reclamo de la víctima, pero basta y sobra para que la ciudadanía vuelva a tener presente la calaña de muchos de quienes gustan presentarse como “representantes del pueblo”. Aunque para diputados y senadores no rija la Ley de la Función Pública, cabe apuntar que su art. 57, inc. e) obliga a los funcionarios públicos a “observar una conducta acorde con la dignidad del cargo”. El mismo comportamiento cabe esperar de los parlamentarios, por el respeto que se merecen sus electores. No es suficiente con que se abstengan de incurrir en hechos punibles, sino que también es necesario que actúen con decoro para estar a la altura de la noble labor que el pueblo les encomendó, lo cual, está visto, les importa un bledo a la mayoría de ellos.

Si como cuerpo colegiado las Cámaras del Congreso no buscan sanear sus cuadros sancionando las inconductas, quienes creen tener las manos y la conciencias limpias no deben quejarse de que se los meta en la misma sucia bolsa en la que están sus colegas sinvergüenzas. Aunque los buenos sean minoría, deberían tener al menos la delicadeza de sentar postura cuando ocurren casos indecorosos, para no ser confundidos con los impresentables.

El art. 190 de la Constitución dispone que cada Cámara, “por mayoría de dos tercios, podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros por inconducta en el ejercicio de sus funciones, suspenderlo hasta sesenta días sin goce de dieta”. O sea que, obliga implícitamente a los legisladores a comportarse con circunspección, pero ocurre que, en la práctica, hasta la fecha solo el senador Juan Carlos Galaverna (ANR) fue sancionado con suspensión de 60 días, sin goce de dieta, por haber admitido públicamente que incurrió en un fraude electoral, en perjuicio de correligionarios suyos; por su parte, los diputados Jorge Baruja (ANR) y Carlos Portillo (PLRA) fueron amonestados y se les prohibió realizar viajes oficiales al exterior durante dos años, por haber hecho mal uso de viáticos recibidos. Es alarmante que el común de los legisladores no se inmute ante los delitos o los escándalos protagonizados por sus pares.

El diputado Alvarenga es un destacado exponente porque representa a la Cámara Baja ante el órgano encargado de juzgar a los jueces y a los fiscales por la comisión de delitos o el mal desempeño de sus funciones. Y bien, tras los hechos punibles que habría perpetrado estando borracho, carece en absoluto de autoridad moral para juzgar a nadie por haber delinquido o incurrido en “actos u omisiones que constituyen inmoralidad en su vida pública o privada y sean lesivos a su investidura”, que el art. 14, inc. h) de la Ley N° 1084/97 menciona como una de las causales de mal desempeño de los jueces y fiscales.

El diputado de marras, cuya profesión no está indicada en la página oficial de la Cámara que deshonra, se niega a dimitir como miembro del Jurado, lo que no debería sorprender a nadie considerando su propia canallada y la desfachatez de tantos parlamentarios. Lo que sí sería un milagro es que sus colegas le pidan que renuncie a representarlos ante el Jurado, y que lo suspendan en el ejercicio de las funciones de legislador.

El Ministerio Público solicitó al juez competente que tramite el desafuero del diputado para que pueda ser sometido a proceso. Desde luego, tampoco tendrá la decencia de sugerir a sus pares que lo desaforen y habrá que ver si estos resistirán la tentación de proteger su impunidad para hacer honor al perverso espíritu de cuerpo. “Hoy por ti, mañana por mí” es el eslogan más popular en las Cámaras.

Que días después el diputado haya llegado a un acuerdo económico con su víctima, lo que por cierto implica la admisión de los hechos que se le imputan, no disminuye la gravedad de su falta. Entretanto, seguirá creyéndose legitimado para seguir juzgando a jueces y a fiscales, sin tener vergüenza alguna por sus graves limitaciones morales. Por lo demás, es sabido que cuando un proceso judicial involucra a un legislador, el mismo recurre a todas las chicanas habidas y por haber para dilatar incluso la apertura del juicio oral y público, según lo vienen demostrando los senadores Enzo Cardozo (PLRA) y Víctor Bogado (ANR), así como los diputados José María Ibáñez (ANR) y Milciades Duré (PLRA).

Este es el nivel de muchos de los integrantes del Congreso que padecemos, de modo que los electores deben ocuparse de que en la próxima legislatura estén representados por compatriotas mucho más dignos que el imputado por la comisión de tres delitos consecutivos en una madrugada alcohólica. Los parlamentarios no deben seguir dándonos vergüenza ajena, por su pobreza moral e intelectual.

El Paraguay tiene hombres y mujeres que pueden honrar el cargo electivo que les confíen sus compatriotas, para lo cual es necesario que se lancen a la arena política para tratar de limpiarla de tanta podredumbre. Para tener una posibilidad frente a los muchos averiados que hoy “representan” al pueblo, los ciudadanos y las ciudadanas deben reclamar que se ponga fin al oprobioso sistema de “listas sábana”, que hoy permite a los caciques partidarios secuestrar la voluntad de sus compatriotas colocando en los cargos electivos a sus allegados políticos de la peor calaña y de escasa, o ninguna, preparación.

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