El Senado no prestaría su acuerdo constitucional al nombramiento como fiscal general del Estado de la agente fiscal Sandra Quiñónez, propuesta en terna por el Consejo de la Magistratura y elegida por el Poder Ejecutivo.
Con independencia de los méritos y aptitudes que pueda o no tener, así como de los motivos que tendría la mayoría de los senadores para rechazar su designación, la ciudadanía no puede confiar en que ella sea la persona más adecuada para representarla ante los órganos jurisdiccionales del Estado, por la simple razón de que se ignoran los criterios que tuvo el Consejo de la Magistratura para seleccionarla junto a Javier Díaz Verón y Victoria Acuña. Solo se sabe que su nombre figuró entre los 21 recomendados por el Tribunal de Honor y que, en lo que a sus méritos académicos respecta, ocupó el puesto 60º entre los 93 postulantes. Este último dato solo llegó a conocimiento de la ciudadanía debido a una filtración, pues quienes elaboraron la terna se negaron a brindar la información requerida, incluso judicialmente, por diversas organizaciones civiles, que invocaron el art. 28 de la Constitución y la Ley Nº 5282/14, “De libre acceso ciudadano a la información pública y a la transparencia gubernamental”. Cabría preguntarse qué otros factores intervinieron para que la agente fiscal Quiñónez figurara entre los tres candidatos más idóneos o para que su colega Acuña también apareciera entre ellos, pese a no figurar entre los sugeridos por el Tribunal de Honor y a haber ocupado el puesto 51º en cuanto a los méritos académicos.
La ciudadanía puede estar ahora convencida de que esos factores fueron matufias de orden político, ya que el control sobre el Ministerio Público permite asegurar la impunidad de los corruptos empotrados en el poder, como bien lo sabrá justamente uno de los miembros del Consejo, el senador Enzo Cardozo, acusado por el desvío de casi 72.000 millones de guaraníes durante su gestión como ministro de Agricultura y Ganadería.
Ese organismo se limitó a informar el costo del famoso test de “personalidad, competencia e integridad”, sin revelar la puntuación obtenida por los examinados. Dicho sea de paso, los nombramientos hechos por el actual fiscal general del Estado en beneficio de parientes de su esposa, de exempleadas domésticas suyas, de vecinos y hasta de una persona con antecedentes por estafa, que acaban de salir a la luz, hacen presumir que no pudo haber obtenido una buena posición en la prueba de integridad si es que fue “científica” y no un mero subterfugio para favorecer a los beneficiarios del tráfico de influencias.
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Como tampoco se tienen noticias de las puntuaciones recibidas por quienes expusieron sus planes en las audiencias públicas, bien se puede suponer que no fueron más que una tomadura de pelo en perjuicio de los candidatos de buena fe.
Dada la negativa ilícita y persistente a brindar datos acerca del proceso de selección de los ternados, ninguno de ellos tendría la autoridad moral suficiente para ejercer la alta función pretendida. Aunque hubieran sido realmente los mejores, el hecho de que la opinión pública no haya podido comparar sus méritos y aptitudes con los de los otros postulantes les resta toda credibilidad. Lo muy poco que sabe, más bien, hace presumir que fueron elegidos respondiendo a apreciaciones ajenas al interés general de que el Ministerio Público esté encabezado por una persona capaz, honesta, laboriosa e independiente.
Las escandalosas maniobras de ocultación no le han hecho ningún favor a la escogida por el Presidente de la República ni al propio Consejo, cuyo descrédito es atribuible a la actitud reacia y ofensiva de sus miembros. Si fueron imparciales al evaluar a los postulantes, no tendrían por qué haberse negado a transparentar el procedimiento. Solo quien ha cometido una fechoría tiene motivos para encubrir algo; así que, todos ellos, empezando por su presidente Osvaldo González Ferreira, están ahora sospechados de haber incurrido en un indignante favoritismo para dar satisfacción a los que mandan. Esa conducta inadmisible impide que ninguno de los ternados cuente hoy con el apoyo de la opinión pública y que, en consecuencia, lo atinado sería que la Cámara Alta rechace la designación de Sandra Quiñónez. Ni siquiera los senadores saben, al menos formalmente, por qué ella integra la terna, dado que no recibieron los antecedentes de su selección: solo uno de ellos está personalmente al tanto de lo que se cocinó entre cuatro paredes. Desde luego, dado que conocen al dedillo las reglas del juego político, deben de estar muy bien enterados de los medios empleados para inducir a los miembros del Consejo a elegir a los tres “mejores” y de la razón por la cual Horacio Cartes prefirió a una de entre los postulados.
Si el pedido de acuerdo no fuera aceptado, se abriría un debate acerca de si se debe conformar una nueva terna, o si el Poder Ejecutivo puede efectuar otra propuesta, o si procede la “reconducción tácita” del actual fiscal general del Estado, es decir, que siga en el cargo hasta que sea nombrado un sucesor. Se volvería a abrir así una interminable discusión, de esas que tanto distraen la atención de los asuntos de interés general que esperan solución.
Cabe repetir, una vez más, que esta triste situación es consecuencia de las “listas sábana” que elevan a los cargos electivos a la escoria política y a los bandidos de mucho dinero que son incluidos en ella por los capitostes de los partidos. Los ciudadanos y las ciudadanas deben iniciar cuanto antes una campaña vigorosa y sostenida para sacudirse de encima este maligno sistema electoral.