Las mismas promesas vacías

La reciente asamblea de los obispos del Paraguay se ocupó de analizar la situación general que se observa en nuestro país, en vísperas de una nueva elección general. Los prelados identificaron numerosos puntos, entre ellos la renegociación de los Tratados de Itaipú y Yacyretá, la necesidad de lograr una buena reforma de la educación, respuestas para la problemática del narcotráfico y el contrabando, la cuestión del EPP, la protección de los recursos naturales, la creación de fuentes de empleo y otros más. Los obispos observan críticamente la realidad y la ven tan claramente como los políticos que se jactan de recorrer “todos los caminos” y de conocer el “Paraguay profundo”. La diferencia entre ambos radica en que, mientras los religiosos denuncian lo malo que ven, los políticos ocultan lo que les conviene y exhiben lo que les aprovecha. Nuestros actuales candidatos en campaña electoral no han variado un ápice el estilo y la modalidad de conducir estas campañas. Repiten idénticas promesas que hace treinta años, pero ninguno explica al electorado cómo van a cumplir lo que prometen, cuáles son sus proyectos ni de dónde obtendrán los recursos económicos y técnicos para concretarlos. Al final, todo queda en el “vyrorei” ya conocido.

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La reciente asamblea de los obispos del Paraguay se ocupó de analizar la situación general que se observa en nuestro país, en vísperas de una nueva elección general. Los prelados presentaron una síntesis de los principales temas nacionales pendientes de solución política, reuniéndolos en una lista.

Los principales puntos mencionados son: la renegociación de los tratados binacionales de Itaipú y Yacyretá; la estrategia para lograr una verdadera reforma de la educación; respuestas para la problemática del narcotráfico y el contrabando; la lucha contra grupos criminales de corte terrorista, como EPP, y organizaciones de narcotráfico; la protección de los recursos naturales; encarar la creciente brecha entre campesinos sin tierras y terratenientes; la necesidad de la reforma judicial para contar con jueces y fiscales probos en todas las instancias judiciales; la depuración y el saneamiento estructural de las instituciones públicas; el fortalecimiento de las instituciones, evitando la desvirtuación de las ayudas estatales a enfermos y carenciados mezclándolas con campañas electorales; crear fuentes de empleo para los aproximadamente 1.600.000 desocupados existentes; la promoción del desarrollo humano y la superación de la inequidad estructural que mantiene en la pobreza y extrema pobreza a casi dos millones de habitantes; y ajustar a la ley el proceso que se debe seguir para introducir eventuales cambios en la Constitución nacional.

Como se notará fácilmente, de cada uno de estos temas los paraguayos venimos hablando insistentemente desde hace mucho tiempo; no comenzamos a hacerlo durante el presente período presidencial sino, incluso, desde antes de producirse el derrocamiento del dictador Alfredo Stroessner, porque ya hace más de treinta años la prensa independiente viene observando y denunciando cómo estas falencias se reiteran y son sistemáticamente soslayadas por los gobiernos que se sucedieron desde entonces.

Desde la caída de la dictadura, los gobernantes vienen mostrándose mucho más interesados en enriquecerse con licitaciones y contratos amañados, obras públicas sobrevaluadas, recibiendo “maletines” de instituciones recaudadoras, o practicando el clientelismo y el nepotismo, entre otras cosas, antes que en cumplir su obligación de dejar a sus sucesores un Estado más eficiente y menos pesado sobre las espaldas de los contribuyentes. No es de extrañar, pues, que luego de tres décadas, habiendo el país casi triplicado su población y habiéndose sobreexplotado sus recursos naturales, no estemos los paraguayos ni mejor gobernados, ni más ricos, ni más educados ni más seguros. En algunos aspectos, hemos empeorado.

La lista redactada por los obispos es la misma que pudo haberse hecho hace treinta años, aunque con gran desventaja para el presente, porque ahora se alerta sobre algunos puntos malos que no son producto de la herencia de la dictadura, sino creados por los gobiernos “democráticos” que la sucedieron.

En esta línea hay que ubicar al EPP, a la aparición de las organizaciones de narcotraficantes y su creciente influencia en el ámbito político. Asimismo, recordar que la novedad de la prisa y el afán por modificar la Constitución no responden a la intención de fortalecer la institucionalidad y mejorar el sistema legislativo en materia de combate a la venalidad, al tráfico de influencias o a la inequidad en la ejecución de políticas públicas, sino a la de ampliar los privilegios de los políticos actuales para buscar la eternización en sus cargos –especialmente el de presidente de la República– y apoderarse de todas las llaves de los organismos que administran los recursos económicos estatales, para exclusivo provecho personal y del círculo áulico que cada mandamás conforma a su alrededor.

Los obispos observan críticamente la realidad nacional y la ven tan claramente como los políticos que se jactan de recorrer “todos los caminos” y de conocer “el Paraguay profundo”. La diferencia entre ambos radica en que, mientras los religiosos denuncian lo malo que ven, los políticos ocultan lo que les conviene y exhiben lo que les aprovecha. Y si cambian de bando –que últimamente suelen hacerlo con frecuencia– al día siguiente hacen y dicen lo contrario de lo que antes hicieron o dijeron.

Nuestros actuales candidatos en campaña electoral no han variado un ápice el estilo y la modalidad de conducir estas campañas. Repiten idénticas críticas al régimen que se va, los mismos anuncios, iguales promesas que hace treinta años, que la seguridad, que la salud, que la educación y bla, bla, bla. Algunos prometen abaratar costos de servicios públicos, otros que van a crear nuevos ministerios (como si esto solucionara algo), los más hablan de reivindicaciones de sectores carenciados y de obras públicas de progreso, promoción de la producción familiar, incentivación de la exportación y más de lo mismo.

Lo que no dicen, lo que ninguno explica al electorado, es cómo van a cumplir lo que prometen. ¿Cuáles son los proyectos reales que diseñaron para desarrollar sus propuestas? ¿De dónde obtendrán los recursos económicos y técnicos? ¿Qué plazo se pusieron para cumplir sus anuncios?

Al final, pues, todo queda en el “vyrorei” ya conocido; las mentiras electorales de siempre. Por eso, los ciudadanos y las ciudadanas deben leer la declaración de los obispos y hacer suyas las reivindicaciones propuestas. Porque si el próximo Gobierno incurre en lo mismo que se critica y se denuncia, la culpa ya no será solamente de los políticos sinvergüenzas o ineptos, sino de la gente que los votó.

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