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Convocadas a sesiones extraordinarias por la Comisión Permanente del Congreso, las cámaras de Diputados y de Senadores se ocuparán hoy, respectivamente, de la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, y de su esposo, el senador Javier Zacarías Irún. Ambos fueron imputados el 29 de enero por el supuesto delito de haber incurrido en falsedades en sus declaraciones juradas de bienes y rentas. La primera también lo fue por el de lesión de confianza en el ejercicio del cargo.
Es probable que el Ministerio Público les atribuya aun más hechos punibles considerando su pedido de reapertura de la causa abierta al matrimonio por enriquecimiento ilícito y el lapidario informe final de la interventora de la Municipalidad, Carolina Llanes.
Como si fuera poco, ayer apareció otro contundente informe sobre la gestión de Sandra McLeod, esta vez de la Contraloría General de la República. Consta de 124 páginas –que incluyen reportes gráficos–, que dan cuenta del descontrol de ingresos en estacionamiento tarifado, falta de respaldo documental de millonarias adquisiciones de alimentos, ubicación de guarderías de niños en sitios insalubres, pagos indebidos en concepto de ayuda económica y falta de rendición de cuentas de órdenes de pago. También figuran inconsistencias entre pedidos y entregas… y hasta una maravilla de la ciencia: compras de medicamentos para dolencias, 15 días antes de que se supieran los diagnósticos.
Es que la corrupción, en la que los susodichos habrían estado sumidos durante largos años, abarca numerosas normas de la legislación penal. Valga como ejemplo que el enriquecimiento ilícito, derivado del cohecho pasivo agravado o de la malversación pura y dura, suele ser encubierto falseando datos en las declaraciones juradas. También está el grave asunto de la evasión impositiva, confesada por el aludido senador.
O sea que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción aún tiene algo que hacer para que esos presuntos delincuentes comparezcan ante la Justicia por todo el daño causado al fisco y a sus conciudadanos. Por de pronto, ya hay bastantes elementos de juicio para que la intendenta sea destituida y el senador desaforado, sin largas deliberaciones.
Para los legisladores honestos, debe de ser muy fácil optar entre la ley y la impunidad, entre la población trabajadora y quienes la embaucaron para llenarse los bolsillos. Hoy podrán demostrar que no están dispuestos a transigir con la corrupción, expulsando a la una con ignominia del cargo que deshonró y poniendo al otro en manos de un juez competente para que responda por sus actos.
Las últimas actuaciones de los cónyuges han revelado que están decididos a defenderse con uñas y dientes. En vísperas de la intervención felizmente resuelta, Sandra McLeod recurrió no solo a sus funcionarios para agredir a sus adversarios y presionar a los diputados, sino también a sus abogados para manipular a la Justicia Electoral. Trató de entorpecer la tarea de la Dra. Llanes y hasta “convenció” a un concejal, Celso “Kelembu” Miranda, otrora acérrimo opositor a su gestión, para que asuma la Intendencia con el apoyo de sus fieles, a fin de aceptar la renuncia de la jefa comunal y evitarle el desdoro de su destitución. Como último recurso, alegando el derecho a la legítima defensa, pidió ayer a la Cámara Baja que llame a audiencia pública, para realizar su descargo.
Por su parte, Javier Zacarías Irún solicitó su desafuero, pero no sin antes cuestionar la investigación fiscal y el pedido formulado por el juez, que no estaría firme por haber sido apelado. Se puede tener la certeza, entonces, de que recurrirá a múltiples chicanas en sede judicial para dificultar el proceso, una vez que sea privado de sus fueros, como cabe esperar. La misma actitud tendrá, sin duda, su cuestionada cónyuge.
Por de pronto, lo que importa es subrayar que los parlamentarios harán bien en tomar nota del reclamo popular de que se ponga fin al nefasto imperio de un clan, también integrado por el exgobernador y hoy diputado Justo Zacarías Irún, que manejó a su arbitrio tanto la capital del Alto Paraná como el departamento. El poder de este grupo fue impugnado, en primer lugar, por los vecinos de Ciudad del Este, hartos de sus arbitrariedades y latrocinios. Algunos de ellos formularon serias denuncias al respecto, como la que contribuyó al fracaso del proyecto del hotel-casino que iba a ser montado irregularmente en un predio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Es encomiable que los pobladores se hayan movilizado, una y otra vez, para evidenciar los groseros desmanejos y reclamar que sus autores sean sancionados. Han venido reclamando un rechazo rotundo a la impunidad, del que deben hacerse eco los parlamentarios primero y los jueces después. Ya lo habían hecho los diputados al resolver, por amplia mayoría, que la Municipalidad saqueada sea intervenida, con el impactante resultado ya conocido.
Es hora de que los ladrones no ocupen más un cargo público sino una celda, para lo cual es preciso que se emitan señales muy firmes, tanto desde la sociedad civil organizada como desde los órganos que tienen la potestad constitucional de separarlos de sus funciones y de aplicarles la ley penal. Lo que hoy se decida en el Congreso podrá interpretarse como un claro mensaje de que al menos desde allí ya no se seguirán cerrando los ojos ante las iniquidades perpetradas por los intendentes y por sus propios miembros. Aquí no es cuestión de alineamientos partidarios o grupales, en favor o en contra del presunto delincuente, sino de una toma de posiciones en función de la moral y de la ley. Es evidente que el clan Zacarías Irún actúa en función del dinero y es capaz de tomar en todo momento un “nuevo rumbo”, si así lo exige la defensa de sus intereses económicos. Lo demostró su jefe al pasar, sin transición, de ser un furibundo opositor y detractor de Horacio Cartes –a quien consideró narcotraficante– a ser su más fanático adherente.
No estamos en presencia de una persecución política, como alegan quienes se habituaron a amenazar y hasta a mandar golpear a sus críticos. Lo que se anhela es una decidida persecución penal en el marco de la ley, para que quienes hicieron de la arbitrariedad y de la corrupción todo un estilo de vida tengan el condigno castigo, al que debe sumarse la devolución de los recursos escamoteados a la población y ocultados al fisco. Se aguarda, pues, que senadores y diputados se manifiesten hoy en favor de la decencia en el manejo de la cosa pública y en contra de la impunidad.