Con el patrocinio de organizaciones y militantes feministas, y el apoyo de legisladores de distintos partidos, se presentó en el Senado un proyecto de “ley de paridad democrática”, que, según los autores e impulsores, busca regular el precepto constitucional de la “igualdad entre hombres y mujeres, dirigido a la conformación política de la comunidad y del Estado”.
Los propulsores del proyecto pretenden que con este instrumento se alcance la igualdad real en cuanto a números en organismos electivos entre hombres y mujeres para el año 2030, aunque traen a colación la mala experiencia en nuestro país de lo que se dio en conocer como la “discriminación positiva”, es decir, la obligatoriedad legal de que las listas de candidaturas pluripersonales incluyan a mujeres en los lugares elegibles (no solamente de relleno) en un 20% como mínimo, lo que en la práctica lejos está de cumplirse a pesar de los 20 años transcurridos desde esta imposición.
Posiblemente, con un afán politiquero de conseguir coyunturalmente la mayor cantidad de votos femeninos más que con el propósito de lograr la igualdad, los partidos políticos entraron en una especie de competencia sobre cuál de ellos otorgaba mayor porcentaje de participación a la mujer, aunque en la práctica, sobre todo luego de la proclamación de las listas digitadas por los hombres de los partidos, la realidad se encarga de desmentir las supuestas buenas intenciones.
El Partido Colorado, por ejemplo, estatutariamente reserva el 33% de los escaños elegibles en sus elecciones internas a mujeres interesadas en postularse para los cargos en disputa. Lo mismo sucede con el PLRA, que destina también el 33% de cargos elegibles en listas pluripersonales para las mujeres.
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Citamos los casos de los partidos Colorado y Liberal por tratarse de los dos que no solamente concentran la mayoría electoral, sino por tratarse de los dos partidos tradicionales y conservadores del país. Sin embargo, partidos aún más conservadores, como el Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE) y otros de ideología socialista como el P-MAS, tienen en sus estatutos la paridad reclamada por las damas: 50%. Pero ninguno de ellos cumple con lo que establecen sus estatutos.
En consecuencia, la mayor o menor participación de la mujer en la política nada tiene que ver con la ideología de los partidos políticos ni con la capacidad de ajustarse a la legislación vigente en la materia. Este problema es de origen cultural que no puede ser cambiado por decreto o ley, y menos aún por manipulación ideológica.
En la propia exposición de motivos del proyecto de ley que comentamos se señala que “no obstante el reconocimiento formal de la igualdad, a más de 20 años de sanción de la Constitución y a casi 20 de la vigencia de la cuota (mujer), se ha demostrado que los esfuerzos legales e institucionales no han sido suficientes para lograr una incorporación efectiva de mujeres en espacios de toma de decisión. Prueba de ello es que en el Congreso no se alcanza siquiera el mínimo establecido en la cuota de 20% de mujeres” (las negritas son nuestras).
Este sinceramiento de la realidad expuesto por las propias mujeres, justo en el momento y en el mismo documento en el cual reclaman la paridad entre hombres y mujeres –lo que en la práctica significa que la cuota mínima, no cumplida en veinte años de intento, aumente al 50%– es un reconocimiento de que con toda seguridad el planteamiento volverá a fracasar con el tiempo. Si en dos décadas no se cumplió la meta mínima del 20% de participación femenina, ¿cuál será el mecanismo para lograrlo en el futuro con una meta mucho más ambiciosa?
En la historia de las desigualdades que soportan las mujeres, tanto en nuestro país como en todo el continente, la discriminación de la mujer paraguaya es posiblemente la más dramática de todas. Si bien el bajo porcentaje de participación femenina en la política puede ser atribuido al machismo existente en la sociedad paraguaya, desde el momento en que se fueron allanando los obstáculos legales para eliminar la discriminación, como es el caso de los partidos políticos, la baja participación ya es atribuible a las propias mujeres.
Es una realidad indiscutiblemente grave que nuestros líderes políticos necesitan mayor y mejor formación intelectual, además de dedicación a las cuestiones estrictamente públicas por encima de sus intereses. Esto afecta tanto a hombres como a mujeres que participan en el ámbito político. De ahí que, en vez de tratar de engañar con esto de la “paridad” por ley, sería mucho más útil para el país que en esta materia los partidos políticos se aboquen a una vigorosa capacitación de sus huestes, para que de allí surjan mujeres líderes que sobresalgan por sus propios méritos y no catapultadas por padrinos para rellenar una lista y cumplir así con una imposición legal.
Nuestro diario siempre ha valorado a las mujeres y el papel que desempeñan en la sociedad. Es ferviente partidario de que cada vez más representantes del sexo femenino ocupen lugares de decisión en nuestro país, y, si se da el caso, por qué no, que el porcentaje que ahora se quiere igualar, sea favorable a ellas frente a los hombres. Pero este intento de imponer líderes por decreto hasta puede resultar agraviante para las propias mujeres.