Las declaraciones del delincuente argentino Ibar Pérez Corradi, de que fue extorsionado para pagar por protección a agentes del orden público paraguayo, evidencian la podredumbre en la que está sumida la Policía Nacional (PN). Lo preocupante es que, ante casos como este, de tanta repercusión y hasta con escándalo internacional de por medio, no se observan medidas ejemplificadoras, como ser una purga de raíz de las malas hierbas que poluyen el campo de la seguridad pública de nuestro país.
En verdad, no es que hicieran falta nuevos testimonios para saber que allí la corrupción campea por sus fueros, pero que policías paraguayos hayan vendido protección durante casi ocho meses a uno de los diez prófugos más buscados por la Interpol en América Latina reviste una particular gravedad. Así, el Paraguay mantiene su fama que le viene de la época stronista, de ser un país en donde los grandes delincuentes internacionales pueden hallar refugio mediante su dinero mal habido. En efecto, a cambio de un total de 160.000 dólares entregados a unos once delincuentes uniformados de la Interpol y de la División Antimafia (!), Pérez Corradi no solo pudo conservar su libertad, sino también, posiblemente, proseguir sus “negocios” vinculados a los estupefacientes.
Según el propio Pérez Corradi, le hizo ganar a un socio árabe de la Triple Frontera nada menos que cinco millones de dólares desde que en 2012 se instaló tranquilamente en un country club de Hernandarias, lo que revela que el volumen de sus operaciones era enorme. Su mercado era la ciudad de São Paulo, de modo que alguien que escapó de la Argentina exportaba al Brasil una droga ilícita como el éxtasis, para lo cual contaba desde fines de mayo de 2015 con un amparo policial bien remunerado, que incluyó la concesión, en agosto y en octubre de ese año, de una cédula de identidad y de un pasaporte paraguayos, bajo el nombre de una persona fallecida.
Según las informaciones, la emisión de esos documentos de contenido falso fue detectada por el jefe del Departamento de Identificaciones de la PN, el comisario principal Gilberto Gauto, quien, para mayor bochorno, fue destituido de inmediato tras haber revelado a principios de junio que el comandante de la PN, el comisario general Críspulo Sotelo, sabía desde hacía un mes que Pérez Corradi portaba esos documentos.
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El ministro del Interior, Francisco de Vargas, se enteró del asunto a través de la prensa y sostuvo que el titular policial tenía en este caso “responsabilidades no solo penales, sino administrativas y hasta políticas”. Pero, pese a esta grave afirmación, uno y otro siguen en sus respectivos cargos, como si el escándalo suscitado no hubiera tenido la menor importancia.
El argentino desligó a “jefes policiales”, aunque admitió haber visto a uno –“El Jefe”– que le había anunciado la entrega de los documentos de identificación. En realidad, no podría haber sabido si parte de las sumas cobradas era transferida o no a los niveles superiores de la PN, tal como suele denunciarse, por ejemplo, en el caso de las guardias privadas ordenadas por los superiores de las comisarías.
Si los jefes policiales no estuvieron involucrados en este oscuro caso, de cualquier manera demostraron una gran ineptitud. El prófugo estuvo en el Paraguay nada menos que cuatro años, sin que la cúpula del organismo de seguridad estuviera enterada, como sí lo estuvieron, al menos desde fines de mayo de 2015, algunos de sus subordinados. ¿Hay que suponer también que el jefe de Interpol Paraguay y el de la División Antimafia ignoraban que sus respectivos agentes venían cooperando durante largos meses con un mafioso de los más buscados en la región? Si así fuera, solo cabe concluir que han perdido el control de sus subordinados y que, en consecuencia, deben asumir la responsabilidad que les corresponde por su enorme negligencia.
Tampoco el comisario general Sotelo está exento de responsabilidad, y en estas condiciones no puede permanecer en el cargo. Si fue negligente a la hora de supervisar a sus inferiores, también lo está siendo ahora al no abrir tan siquiera una investigación con respecto a estos hechos denunciados ya hace varios días por María Gladys Delgado Brítez, la concubina del hoy extraditado Pérez Corradi, quien por lo menos exculpó a los dos suboficiales del Departamento de Identificaciones de la PN, hoy procesados, al decir que “esos de Interpol fueron los que le sacaron la huella…”.
Debe insistirse en que el acuerdo entre Pérez Corradi y los agentes de Interpol y de la División Antimafia fue bastante prolongado, y que durante todo ese tiempo la Comandancia de la PN no habría tenido la menor idea de nada.
De todo este cúmulo de hechos se puede inferir que, en el mejor de los casos, la PN está en manos de unos inútiles de marca mayor y que, por lo tanto, el Presidente de la República debería destituir al comisario general Sotelo si este no tiene la decencia de apartarse. Lo exigen no solo la seguridad interior, sino también el buen nombre del país, ya que la PN ha caído en el mayor descrédito, incluso a nivel internacional.
La PN está carcomida por la corrupción. Pese a que cada nuevo comandante promete depurarla, al final solo se reacomodan ciertas piezas del perverso engranaje al servicio de la voracidad de los delincuentes policiales. Existen, desde luego, agentes que honran su uniforme, pero la institución lleva la impronta de los bandidos porque el Ministerio del Interior, del que depende, nunca se ha ocupado de controlarla, como bien lo demostró el episodio antes referido, que dejó en ridículo al ineficiente ministro Francisco de Vargas. De hecho, el Poder Ejecutivo ignora lo que allí se hace o se deja de hacer y solo actúa, en el mejor de los casos, cuando la prensa devela algún nuevo escándalo. Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este –centros de operaciones predilectos de los policías corruptos– son tan solo las manifestaciones más flagrantes de un fenómeno que abarca todo el territorio nacional.
Los derechos y la seguridad de las personas no estarán debidamente precautelados mientras la PN siga contaminada por los malvivientes de uniforme. Entonces, la primera operación de limpieza debe hacerse en la propia institución, para después pretender hacerlo en el resto del país.