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La admirable movilización de los esteños que condujo a la destitución ignominiosa de Sandra McLeod enseña que es posible poner coto al latrocinio y la arbitrariedad, siempre que las propias víctimas se decidan a ejercer su derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente. Lo acontecido en Ciudad del Este debe ser replicado allí donde la administración municipal se distinga por ilicitudes reiteradas. El intendente de Concepción, Alejandro Urbieta (PLRA), que admitió haberlas cometido, tiene el descaro de llamarlas “desprolijidades”, eufemismo que no engaña a los pobladores que salen a diario a las calles para exigir su remoción, desde hace casi cuatro meses.
Hay también habitantes de San Lorenzo indignados que llevan mucho más tiempo denunciando los presuntos abusos y las corruptelas de Albino Ferrer (ANR), intendente desde 2007 y antes concejal desde 2001, es decir, hace casi dos décadas. Reclaman la intervención de la Municipalidad supuestamente saqueada y que su profanador sea apartado del cargo, sin que hasta hoy la Junta Municipal haya hecho la solicitud respectiva al Poder Ejecutivo. Es de esperar que lo resuelto por unanimidad en la sesión de ayer –remitir a la Comisión de Legislación la iniciativa presentada en tal sentido por el edil Nery Quiñónez (ANR)– no implique poner paños fríos a un ya dilatado asunto, que requiere una pronta decisión. Por de pronto, al inculpado se le dio un plazo de 72 horas para que responda a las quince objeciones, a las que se sumaron otras cuatro formuladas por otros tantos concejales.
Conviene, por cierto, que más pobladores se manifiesten cada día contra las graves irregularidades denunciadas sobre el desempeño del intendente Ferrer. Ellos deben ser acompañados por la opinión pública de todo el país, a la que debe interesarle también cómo se administran los fondos transferidos a sus respectivas Municipalidades por el Gobierno central. Vale recordarlo, pues el ávido intendente sanlorenzano usó los recursos del Fonacide a su antojo, como tantos otros colegas suyos. Según un informe de la Contraloría General de la República, en 2013 la Municipalidad de la vecina localidad gastó 8.485 millones de guaraníes, sin llamar a licitación pública. Es decir, Ferrer los repartió como si fueran suyos, siendo presumible que, debido a la oscuridad en el manejo de los fondos, se haya quedado con una parte de ellos. La Contraloría ya había pedido dos años antes que esa Municipalidad sea intervenida, porque el intendente no pudo justificar el empleo de 12.573 millones de guaraníes. En muy mala hora, la Cámara de Diputados se negó a prestar su acuerdo. Otro informe del organismo contralor sirvió para iniciar un proceso por la presunta adquisición fraudulenta de un estadio polideportivo, pero Ferrer quedó impune debido a la chapucería del Ministerio Público.
El intendente sanlorenzano no se quedó quieto, ya que en 2015 estos antecedentes le indujeron a promover con éxito una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, con lo que se blindó tal como lo hizo Javier Zacarías Irún en su época de intendente. Se libró así de las tan molestas auditorías, para someterse al indulgente examen del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
Aparte de recordar que fue denunciado ante el Ministerio Público por enriquecimiento ilícito, el proyecto de pedido de intervención presentado por el concejal Quiñónez en la Junta Municipal menciona la práctica del nepotismo, la contaminación de dos arroyos utilizados como desagüe de un balneario del intendente, la falta de fiscalización de varias obras, el pago total de una no concluida, la provisión del almuerzo escolar por valor de más de 2.500 millones de guaraníes, de nuevo sin licitación pública. En síntesis, en la administración municipal de San Lorenzo habrían sido violadas la Constitución, la Ley de Contrataciones Públicas, la Ley Orgánica Municipal, la Ley que Prohíbe el Nepotismo en la Función Pública y la Ley de Recursos Hídricos, lo que conllevaría la aplicación del Código Penal.
Desde luego, lo que allí se habría venido perpetrando no tiene un carácter excepcional, ya que la corrupción está muy bien asentada en los Gobiernos locales de todo el país. Hay que tener en cuenta, por cierto, que las malversaciones sistemáticas suelen ser cometidas con la complicidad de los miembros de las Juntas Municipales. También ellos delinquen, por acción u omisión, traicionando miserablemente a sus representados. Por eso, la ciudadanía debe ponerse de pie no solo contra los intendentes facinerosos, sino también contra los ediles que participan en las comilonas.
Lo ocurrido en Ciudad del Este muestra que hay quienes solo buscan reemplazar al intendente para quedarse con el “zoquete”, sin importarles un bledo que las condiciones de vida de la gente mejoren mediante la correcta inversión de su dinero. Es obvio que la movilización ciudadana no debe apuntar a reemplazar un mal conocido por otro similar o incluso peor. Para que eso no ocurra, una vez lograda la destitución de algún personaje de la misma índole de Sandra McLeod, habrá que prestar mucha atención al desempeño del reemplazante. Los electores de cada localidad tienen la gran responsabilidad de no votar nunca más por bandidos y mentirosos, como viene ocurriendo hasta hoy.
Por ahora, la efervescencia ciudadana ha eclosionado en Ciudad del Este, Concepción y San Lorenzo. La Cámara de Diputados ya recibió pedidos de intervención respecto a otras siete municipalidades (San Pablo, Mauricio José Troche, Francisco Caballero Álvarez, Alberdi, Humaitá, La Paloma y Jesús). Pero se sabe que el latrocinio existe en muchos otros Gobiernos municipales, si no en todos. Por eso, los ciudadanos y las ciudadanas deben exigir que sus autoridades les rindan cuentas, con documentos, sobre el uso de hasta el último centavo de los aportes estatales a sus comunidades y de los tributos que ellos abonan. Solo así se dejará de abultar los bolsillos de munícipes sinvergüenzas.