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Uno de los típicos exponentes de nuestra averiada clase política, el senador Julio César Velázquez (ANR), declaró que su partido está en el poder, pero no en el Gobierno. Es probable que haya querido decir lo contrario, es decir, que los colorados están formalmente en el Gobierno, pero que de hecho no ejercen “el poder”, que es lo que suelen alegar los descontentos del partido oficialista. Sea como fuere, lo cierto es que sus palabras trasuntan la ambición insatisfecha de quienes creen que no están disfrutando como merecen del botín del Estado en la medida de lo que consideran son sus “méritos” políticos.
Este legislador cree que se ganan unas elecciones no precisamente para ejecutar un programa de Gobierno en beneficio del país, sino para conquistar prebendas para uno mismo, para los parientes, para los correligionarios y hasta para las amantes. Los cargos públicos apetecidos por ellos no solo conllevan un buen sueldo, sino también brindan la posibilidad de grandes negociados. Este tipo de político pretende que el Presidente de la República los reparta sin atender los atributos morales e intelectuales de los agraciados, sino más bien la angurria de dinero de quienes están llorando porque ella no es satisfecha. El senador Velázquez no cuestiona la política gubernativa, no le preocupa; para él es más importante instalar en el aparato estatal a los dirigentes y operadores colorados de su grupo. Lo que desde el comienzo de este periodo gubernativo les ha sulfurado a algunos colorados es que Horacio Cartes marginó a muchos de ellos para gobernar con la gente de su confianza. Que estos ejerzan bien o mal sus funciones, les resulta indiferente: lo que reprueban es que “están ocupando” el lugar que les corresponde a quienes han frecuentado las bases partidarias. Para él, da igual que desde el Palacio de López se apliquen políticas socialistas, liberales o populistas, siempre y cuando los carcamanes colorados de viejo cuño cuates ingresen con sus respectivos séquitos en una entidad del Gobierno. Hay quienes olvidan su indignación republicana cuando le dan una embajada, como fue el caso de Cándido Aguilera, hoy en Panamá, que formuló gravísimas acusaciones contra Horacio Cartes en vísperas de las elecciones internas de 2012. En realidad, muchas de las críticas que el Presidente de la República recibe de sus correligionarios son con el objetivo de obtener algún puesto bien remunerado. En las Aduanas, o en Petropar; tal vez con más suerte, hasta de “consejero” en una binacional.
Conste que también esos críticos, como el senador Mario Abdo Benítez (ANR), sin ningún rubor tienen ubicados a sus parientes cercanos en algún lugar del aparato estatal. Lo que pasa es que eso no les basta a los colorados de dientes afilados; desean tener una mayor tajada en el botín. No les importan las políticas públicas, sino “las privadas”, para atender los requerimientos de personajes que se creen con derecho a “mandar”. Si los pedidos no son aceptados, buscan excusas para torpedear alguna iniciativa del Gobierno, tal como lo hicieron los 15 senadores colorados, encabezados por Juan Carlos Galaverna, quienes de pronto “hallaron” reparos al proyecto de ley sobre la alianza público-privada, que al principio habían apoyado: “Me equivoqué”, dijo el senador Enrique Bacchetta, con el mayor desparpajo.
Esta repudiable concepción del Estado como una “isla del tesoro” no es privativa de la ANR, tal como se ha visto bajo los gobiernos de Fernando Lugo y de Federico Franco. Muchos de los opositores de antes, que se rasgaban las vestiduras ante la corrupción colorada, desembarcaron entusiasmados con la convicción de que “ahora nos toca a nosotros”. Así, entre otras gracias, engrosaron enormemente el personal público sin respetar la Ley de la Función Pública, y practicaron el nepotismo con el cínico argumento expuesto por el exobispo, de que también sus parientes tenían “derecho a trabajar”. Esta opinión sin duda es compartida por el clan liberal de los Franco: la actual vicedirectora del Registro Electoral, Mirtha Vergara, esposa del senador Julio César Franco, fue antes senadora y embajadora en el Uruguay. ¿Y qué decir de los hermanos Gómez Verlangieri, uno de los cuales arrasó la Industria Nacional del Cemento? Hay serios indicios, por cierto, de que bajo el gobierno de Federico Franco hubo mucho apuro por robar, dada la incertidumbre del resultado de las elecciones generales de 2013.
No se crea que solo en los partidos tradicionales hay políticos de la vieja escuela: Camilo Soares, por ejemplo, está procesado porque, como ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, habría sobrefacturado alimentos –los famosos “coquitos de oro”– destinados a víctimas de las inundaciones. Ahora mismo nos enteramos de que la exdiputada izquierdista Karina Rodríguez –hoy alta funcionaria de la Municipalidad de Asunción– firmó las planillas de asistencia de un “funcionario” español de la Justicia Electoral, comisionado a instancias suyas a la Cámara Baja, cuando el mismo se encontraba de vacaciones en España. Soares y Rodríguez son dirigentes del P-MAS, un partido joven que se dice “revolucionario”; por lo visto, está con los vicios de la vieja política de las agrupaciones tradicionales.
Es evidente, entonces, que el sueño del común de los políticos paraguayos es echar mano al Estado para rapiñarlo en compañía de sus claques. El presupuesto nacional ejerce sobre ellos un atractivo irresistible, y para llegar a exprimirlo están dispuestos hasta a cosas inconfesables.
No hemos mejorado mucho desde que Eligio Ayala constató, hacia 1915, que en el Paraguay “la política se ha convertido en una profesión lucrativa (…) Se ingresa en la política, en los partidos políticos, para adquirir puestos públicos, para distinguirse, divertirse y ganar plata”.
Las nuevas generaciones deben esforzarse por dignificar la política, y liberarla del afán de servirse de ella para tomar por asalto los recursos del Estado.