En los meses recientes, previa imputación del Ministerio Público por la presunta comisión de delitos varios, fueron recluidos por orden judicial el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, el exsenador colorado Óscar González Daher y el diputado del mismo partido Ulises Quintana. Después de varios años de estar congelados, finalmente la Corte Suprema de Justicia ha destrabado los expedientes del senador colorado Víctor Bogado y del exsenador liberal y hoy parlasuriano Enzo Cardozo. Últimamente, también fue imputado y se ordenó la detención del extitular del Indert Justo Pastor Cárdenas. O sea que algo ha cambiado en cuanto a la impunidad de la que desde hace tanto tiempo han venido gozando los dueños del poder político y sus prohijados. Sin duda, el cambio de Gobierno contribuyó mucho para que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción se haya decidido a cumplir con su deber de realizar las actuaciones necesarias para que la legislación penal sea aplicada a los sospechados por unos jueces que también se han vuelto un poco más corajudos. Por supuesto, hubiera sido ilusorio esperar que todo cambie de la noche a la mañana, ya que el 15 de agosto de 2018 pudieron entrar también en escena nuevos padrinos o lograr mayor protagonismo algunos que ya lo venían siendo.
Este último es el caso del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, ex fiscal general adjunto, exsuperintendente en Ciudad del Este y extitular de la Cámara de Diputados. Su paso por la capital del Alto Paraná, desde 2002 hasta 2005, le sirvió para aumentar notablemente su patrimonio, forjar amistades con destacados exponentes de las “fuerzas vivas” y crear las bases de una exitosa carrera política.
Ya como vicepresidente de la República, un cargo que suele servir más bien de adorno, está demostrando, sin embargo, tener una notable influencia. Aparte de lograr la reincorporación al servicio activo de su hermano, el vicealmirante Carlos Dionisio Velázquez, nada menos que como comandante de la Armada, se le atribuyó también haber intervenido para que el nuevo asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá sea Juan Carlos Duarte, exsuperintendente fiscal en Ciudad del Este y abogado de Walid Amine Sweid, ambos integrantes de la comitiva que en 2015 acompañó al Líbano al entonces presidente de la Cámara Baja, quien aprovechó el viaje oficial para reunirse con miembros de la organización terrorista Hezbollah, según la revista estadounidense Foreign Policy. El mencionado Amine Sweid es uno de los dueños de la firma Global Logistic Solutions SA y tiene como socio al despachante aduanero Ricardo Galeano, otro amigo del vicepresidente de la República, según lo reconoció este en 2016 para desmentirlo recientemente, pese a que aparece a su lado en la foto tomada en el Líbano. Galeano también tenía como abogado defensor a Juan Carlos Duarte.
Los nombrados habilidosos “empresarios” de frontera, que habrían remesado al exterior monumentales pagos ficticios a proveedores, ocupan un lugar destacado en el expediente 68/14 que el Ministerio Público abrió por el lavado de dinero en el que habrían intervenido 41 firmas. Y bien, al cabo de cuatro años, hay documentos acumulados en 437 expedientes y ya se han ocupado del asunto quince agentes fiscales, sin que hasta ahora nadie haya sido tan siquiera imputado. El deplorable récord en negligencia lo tiene la agente fiscal Silvia Cabrera, que “estudió” el caso durante un año y diez meses, sin haber hecho nada, pese a haber recibido informes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Desde hace más de cuatro meses, la causa está a cargo de las agentes fiscales Fátima Villasboa y Gilda Villalba, quienes tampoco parecen urgidas para terminar las pesquisas con alguna imputación, acaso porque son muy fuertes los lazos de amistad entre el vicepresidente Velázquez, por un lado, y los “comerciantes” Amine Sweid y Galeano, por el otro.
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Amine Sweid también cultiva el trato del expresidente Horacio Cartes y del actual senador Javier Zacarías Irún, el jefe del clan que ha venido azotando el Alto Paraná y, sobre todo, su capital, desde hace casi dos décadas. Como ambos estarían de capa caída, es probable que ya no le puedan brindar a su amigo el inoficioso respaldo de otrora y que este solo cuente hoy con el del afortunado segundo hombre del Poder Ejecutivo. El apoyo que recibió en los últimos años ha sido tan fuerte que ni siquiera el mencionado informe norteamericano, que había sugerido a la Seprelad que investigara el financiamiento de una organización terrorista a través de cuatro empresas de Ciudad del Este, entre ellas Global Logistic Solution SA, pudo conmover al Ministerio Público. El hecho de que esta firma esté asentada en la Triple Frontera no es ninguna sorpresa, ya que es mundialmente notorio que allí el lavado de dinero es una actividad común y corriente. En especial, la capital altoparanaense se ha ganado una fama tan lamentable que aparece como escenario de famosas películas y series televisivas internacionales, con el calificativo, en una de ellas, de “la ciudad más corrupta del mundo”.
Desde luego, la gran mayoría de su población está integrada por personas honestas, pero es innegable que allí se maneja mucho dinero sucio y que a los delincuentes les resulta muy fácil hallar la protección de autoridades, como las policiales, a cambio de un canon. Si en los últimos años los esteños tuvieron como vecinos al criminal Íbar Pérez Corradi y al “hermano del alma” Darío Messer, no solo es porque se trata de una zona “estratégica”, sino además porque la corrupción está allí bien asentada. También lo estaría el narcotráfico, con el consecuente lavado de dinero, como se desprende de la causa que afecta a Reinaldo Cabaña (Cucho) y al legislador Ulises Quintana.
La pésima reputación de Ciudad del Este solo podrá ser borrada mediante las acciones de sus propios pobladores no contaminados por la podredumbre circundante. Gracias a sus denuncias, recogidas por la prensa, se pudo impedir la consumación de un negociado en torno a un inmueble de once hectáreas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, promovido por el infame clan de los Zacarías Irún. Y fue también debido a sus sostenidas protestas callejeras que se consiguió la intervención de la Municipalidad local. Falta ahora que los esteños exijan con energía y perseverancia que culmine la investigación sobre los amigos del vicepresidente Velázquez. Ya no deben permitir que su ciudad y su zona de influencia continúen teniendo la pésima fama de ser un aguantadero de narcotraficantes, de contrabandistas, de lavadores de dinero y de financistas del terrorismo internacional.