21 de Marzo de 2017

 

Los buitres se posan donde hay carroña

El presidente Cartes aprobó por decreto un “proyecto turístico y de inversiones”, así como la convocatoria a licitación, para conceder la explotación de un casino y hotel en el predio de once hectáreas que posee la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este. El decreto en cuestión viola la ley que crea la ANNP, que prohíbe a la institución –y, por extensión, al Poder Ejecutivo– comprometer sus intereses en operaciones comerciales, industriales o financieras extrañas a su objeto. Resulta así evidente, otra vez, que al Gobierno le importan un bledo la Constitución y las leyes. Lo está demostrando con el irregular proyecto de enmienda, con la inminente emisión de bonos que no han sido aprobados por el Congreso, y con esta iniciativa de casino y hotel en beneficio de un empresario norteamericano que se asentará en un predio valuado en unos 111 millones de dólares. Bien se sabe que los buitres se posan donde hay carroña y que ella abunda en el Paraguay de hoy. En el caso que nos ocupa no importan ni la ley ni la moral. Así se está manejando el país, sin atender las necesidades de la gente sino la codicia de los que mandan.

El 3 de marzo último, el presidente Horacio Cartes aprobó por decreto un “proyecto turístico y de inversiones”, así como la convocatoria a licitación pública y el pliego de bases y condiciones, elaborado por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), para conceder la explotación de un casino con un hotel integrado al mismo, en el predio de once hectáreas que la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) posee en Ciudad del Este.

El decreto respectivo viola la Ley Nº 1066/65, que crea la ANNP como ente autárquico y establece su carta orgánica, ya que su art. 19 prohíbe a los miembros de su Directorio –y por extensión al Poder Ejecutivo– comprometer sus intereses en operaciones comerciales, industriales o financieras extrañas a su objeto. El inmueble en cuestión está afectado a un determinado servicio público y para darle otro destino se requiere una ley, sin que basten una resolución del Directorio o una disposición del Presidente de la República. No es aplicable la Ley Nº 1618/00, de concesiones y de obras y servicios públicos, ya que la construcción de un hotel no conlleva necesariamente un beneficio para la colectividad y la explotación de un casino no implica un servicio de utilidad general. De hecho, en el Decreto Nº 6865/17 no se cita ninguna norma constitucional o legislativa que autorice expresa o implícitamente al Poder Ejecutivo a dictarlo en los términos referidos, de modo que no solo resulta nulo por violar la Ley Orgánica de la ANNP, sino también por el principio de legalidad, propio del Derecho Público.

Resulta evidente, otra vez, que al Gobierno le importan un bledo la Constitución y las leyes. Lo está demostrando con el irregular proyecto de enmienda constitucional, con la inminente emisión de bonos que no han sido aprobados por el Congreso, y con esta iniciativa en beneficio de un empresario norteamericano que se asentará en un predio valuado en unos 600.000 millones de guaraníes (unos 111 millones de dólares), ubicado junto al Puente de la Amistad.

En efecto, el ganador del llamado a licitación pública ilegal ya tiene el nombre y el apellido de quien ya se reunió al menos en dos ocasiones con el presidente Cartes, estando acompañado este por el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, el encargado por el decreto de firmar el contrato con la empresa que resulte adjudicada, de acuerdo a la Ley Nº 5542/15, que nada tiene que ver con la explotación de casinos en predios del dominio público, sino con las garantías para las inversiones y el fomento del empleo y el desarrollo económico y social.

No resulta sorprendente, en absoluto, que detrás de este negociado en marcha se halla el nefasto clan Zacarías, uno de cuyos miembros, la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, ya en el 2015 promovió una ordenanza que declaró el predio en cuestión –ocupado por la ANNP y otras entidades públicas desde 1962– como “área de desarrollo de un polo turístico” y hasta mencionó la instalación allí de un hotel casino “de reconocida cadena internacional”. Todo indica que se trata de la cadena Duty Free América, que ya ese mismo año le había echado el ojo al valioso inmueble. Lo que está aconteciendo –a costa del ordenamiento jurídico para satisfacer la voracidad de los que mandan, urgidos por el calendario electoral– recuerda a los “inversores” que arribaron a nuestro país durante la dictadura para hacerse de dinero fácil, gracias a la complicidad bien remunerada de los jerarcas de entonces. Los antecedentes del seguro ganador de la licitación pública dicen que alguna experiencia tiene en la financiación de campañas proselitistas, de modo que su llegada al Paraguay no puede ser más propicia para quienes desean seguir aferrados al poder o a pasar a la llanura al menos con las cuentas bancarias aún más abultadas.

Bien se sabe que los buitres se posan donde hay carroña y que ella abunda en el Paraguay de hoy. Al interesado de marras no se le habrá ocurrido tentar suerte en los lados argentino o brasileño de la Triple Frontera, ya que las condiciones que en Ciudad de Este se le ofrecían eran y son de lo más ventajosas. Mientras la “urgente necesidad” hace que la ANNP esté llamando a una licitación para alquilar un inmueble donde instalar sus oficinas a partir del 1 de julio, los comensales ya se están preparando para gozar del festín que se darán con un inmueble del dominio público en el que se instalarán no solo un casino y un hotel sino, sobre todo, tiendas “duty free”, un lugar realmente privilegiado, justo a la entrada del lado paraguayo del puente que nos une con el Brasil.

Debe entenderse que el llamado a licitación pública es una mera formalidad, que seguramente no atraerá a muchos interesados, dado que es de pública notoriedad que el presidente Cartes y el ministro Leite han anticipado, de hecho, la elección del “ganador”.

En el caso que nos ocupa no importan ni la ley ni la moral, sino el interés de “cerrar” cuanto antes un trato que, sin duda, será muy beneficioso no solo para el empresario norteamericano, sino también para sus socios locales, entre los cuales muy bien podrían estar quienes le están haciendo el regalo.

Así se está manejando el país, sin atender las necesidades de la gente, sino la codicia de los que mandan. Hay que reconocer que el negocio estuvo bien planificado, ya que primero se obtuvo la sanción de una ordenanza municipal y luego se celebró un “convenio interinstitucional” entre varios organismos, para “desarrollar un proyecto turístico y de inversiones” dentro del inmueble de la ANNP, antes de que se dictara el Decreto Nº 6865/17. El fatazo aún no ha sido consumado, de modo que es de esperar que la reacción ciudadana impida que llegue a feliz término para los involucrados. Aún hay tiempo para tratar de que la legalidad y la moralidad ahuyenten a los buitres angurrientos que están a la espera de que la decencia y la legalidad sean definitivamente sepultadas por el Gobierno de Horacio Cartes.

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