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Los delincuentes internacionales no podrían haber encontrado ambiente de negocios más favorable que el ofrecido por el Paraguay en tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner. De hecho, en aquella época el país se convirtió en un paraíso de gangsters venidos de todas partes, quienes, asociándose con los jerarcas del régimen y la familia del propio dictador, se enriquecieron explotando el dinero, influencia política y conexión global de los sindicatos criminales con el objeto de consolidar y expandir su propio poder.
Uno de los más jugosos negociados regentados por la mafia dueña del país en aquel tiempo fue la refinería de petróleo instalada en Villa Elisa a mediados de la década de 1960 con el nombre de Refinería Paraguaya SA (REPSA), cuyos accionistas principales fueron Philippe de Borbón, Higinio Blanco y Marcel Degrave, por la inversión extranjera, y Stroessner y su canciller Raúl Sapena Pastor, por la doméstica. Preparando el terreno para la conformación de este singular joint venture que explotó al país por décadas, el Gobierno paraguayo otorgó unos años antes una concesión a la empresa boliviana Bolivian Oil Company (BOC International) para instalar una refinería de petróleo en el país.
En vez de instalar una planta nueva –como era el trato–, la BOC International desmontó una pequeña refinería ya obsoleta que tenía en Bolivia y la trasladó al Paraguay, reinstalándola en Villa Elisa, donde actualmente se encuentra en estado de chatarra inservible. Luego de la inauguración de la planta de refinamiento de petróleo crudo y sus depósitos, la BOC International transfirió su paquete de acciones a los accionistas paraguayos y extranjeros de REPSA, la sociedad anónima creada para el efecto.
De esta manera se constituyó la empresa pirata que por 15 años explotó al pueblo paraguayo con el monopolio del poco petróleo crudo que la planta tenía capacidad de refinar, pero sobre todo con la importación a precio sobrefacturado del diésel y naftas que el país consumía, complementada con su filial naviera NAVIPAR, que tenía la exclusividad del transporte de los combustibles, también a costo sobrefacturado.
A casi medio siglo de distancia en el tiempo, es probable que la mayoría de los que esquilmaron a la Nación paraguaya a través del monopolio del negocio del petróleo por medio de REPSA-NAVIPAR hayan pasado a mejor vida. Pero, al parecer, retoños de los buitres de antaño de nuevo sobrevuelan Villa Elisa, atraídos, ciertamente no por la ya inservible refinería, sino por la posibilidad de repetir la estafa al pueblo paraguayo que tanto benefició a sus congéneres mafiosos en el pasado. Irónicamente, se trata de depredadores del mismo pelaje: bolivianos y paraguayos.
Hacemos alusión al acuerdo recientemente firmado entre los gobiernos de Paraguay y Bolivia para la construcción de dos plantas procesadoras de gas natural licuado en nuestro país; una en Villa Hayes y otra en Limpio; iniciativa cuestionada hasta ahora por el Senado de la República, que le niega aprobación por considerarla inconveniente para los intereses del país. A propósito, recientemente el senador colorado Silvio Ovelar, titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara, señaló que no darán dictamen favorable al acuerdo de los gobiernos de Paraguay y Bolivia para la provisión de gas natural, gas licuado de petróleo y otros derivados de petróleo por parte del vecino país. Al respecto, remarcó que el sector privado está en condiciones de seguir satisfaciendo la demanda doméstica del insumo energético. Por otra parte, los comerciantes del ramo están en contra de que Petropar monopolice la provisión de gas en el país, como lo hizo en su tiempo REPSA con los combustibles. El senador Ovelar enfatizó que, así como está redactado el acuerdo, “podemos quedar dependientes de Bolivia en la compra de gas”.
El acuerdo suscrito el año pasado por nuestro Gobierno y el de Bolivia prevé que la estatal YPFB Internacional constituya un joint venture con Petropar para monopolizar la importación de gas natural a ser licuado en las dos plantas industriales mencionadas y comercializado en el país. El acuerdo tendría una duración de 20 años. Mientras aquí hay dudas de que el Senado lo apruebe, en Bolivia lo dan como un hecho. Hace pocos días, durante un acto público, el presidente Evo Morales anunció: “En estos días estamos preparándonos, se va a firmar un acuerdo con Paraguay y Perú”. De paso, el gobernante boliviano señaló que con esos contratos que establecerán la instalación de plantas de gas natural licuado, la estatal YPFB prestará servicios a nivel internacional.
Aunque el senador Ovelar no dio otros detalles de los puntos cuestionados por los legisladores, los medios de prensa destacan que el punto crucial es la indefinición acerca de quiénes serán los financistas del emprendimiento binacional. En principio, el recientemente destituido presidente de Petropar, Rómulo Campos Krauer, había anunciado que la petrolera estatal tenía planeado invertir unos US$ 40 millones en el emprendimiento conjunto.
Atendiendo a la sarta de estafas al pueblo perpetradas a través de REPSA, primero, y de Petropar, después, con el correr del tiempo, existen suficientes motivos para que la gente desconfíe de esta nueva aventura comercial en que ella está incursa. La más reciente es el leonino convenio concertado por Nicanor Duarte Frutos con Hugo Chávez para la compra a crédito de la estatal petrolera venezolana PDVSA de combustibles derivados de petróleo (y revenderlo al contado contante y sonante en el país), quedándose con cientos de millones de dólares cuyo destino se desconoce hasta hoy día, mientras la deuda de Petropar con la empresa estatal venezolana asciende actualmente a unos US$ 300 millones.
En su momento, justamente nuestro diario había advertido que el acuerdo de marras configuraba una estafa programada contra las arcas del Estado paraguayo; una tragada mayúscula que a la larga iba a generar una innecesaria deuda que el pueblo tendría que pagar. Dicho y hecho; hasta ahora el Gobierno paraguayo no sabe cómo salir del lodazal en que lo metió el “mariscal de la derrota” quien, encima, descaradamente aspira de nuevo a ser presidente de la República.
La ciudadanía, a través de asociaciones gremiales, entidades empresariales y de otros tipos, y de los jóvenes que vienen demostrando tanto coraje, debe oponerse con todas sus fuerzas a cualquier nuevo intento de estafa que los gobernantes de turno quieran perpetrar por intermedio de Petropar, corrupta empresa estatal cuyas raíces se hunden profundamente en el estercolero de nuestra historia reciente.