Sorprendió a la opinión pública paraguaya la sugestiva reciente declaración del canciller Eladio Loizaga en el sentido de que la prioridad del Gobierno del presidente Horacio Cartes con relación a la situación de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) era la aprobación por el Congreso de la nota reversal de cogestión firmada con el Gobierno argentino. Dio a entender que la misma es casi una condición sine qua non para avanzar en la revisión del Anexo C del Tratado.
Lo expresado por el ministro de Relaciones Exteriores nos lleva a la conclusión de que la política de negociación del Gobierno de Cartes con la Argentina sobre la hidroeléctrica binacional configura una estafa intelectual al pueblo paraguayo que, de buena fe, ha creído que el Primer Mandatario gobernaría realmente con honestidad y patriotismo, conforme había prometido solemnemente ante la tropa formada del Regimiento Escolta Presidencial en junio del 2014, en ocasión de un aniversario de creación de la unidad. Este principio de traición de lesa patria ensayado por el Gobierno es urticante para el sentimiento nacionalista del pueblo paraguayo, por dos razones. La primera es la confirmación de que el presidente Cartes no dice la verdad al pueblo cuando proclama que la prioridad de su Gobierno son la clarificación de la deuda de la EBY y su rebalanceo tarifario, y el pago al Paraguay de las compensaciones por los perjuicios ocasionados por el embalse de la represa antes que la maquinización del Brazo Aña Cua y otras obras concomitantes, incluida la represa de Corpus.
La segunda, la reconfirmación de tal engaño: a estar por lo dicho últimamente por su canciller, la prioridad de su Gobierno no es la revisión del Anexo C del Tratado –como corresponde–, sino la aprobación por el Senado de la República de la nota reversal de cogestión, supuestamente igualitaria, pero que al condicionar la autoridad de decisión administrativa y financiera de la entidad a la cantidad de electricidad que se lleva cada margen, a la postre las autoridades argentinas se quedarán con la parte del león, el 90 por ciento del poder de decisión en la conducción de la EBY, como hasta ahora. Será un cambio para no cambiar nada, excepto perpetuar el statu quo que le posibilita a la Argentina apropiarse indebidamente de nuestra electricidad a tarifa irrisoria, a cambio de sobornos encubiertos como “ayuda social”, que para el Gobierno de Cartes fue de US$ 130 millones, a estar por declaraciones del entonces director ejecutivo argentino, Óscar Thomas.
Lo que más preocupa a la ciudadanía con relación a los intereses nacionales en juego en la EBY es que no son solo buitres argentinos los que permanecen posados en la cima del “monumento a la corrupción”, oteando Aña Cua desde las alturas. También cuervos paraguayos, no menos carroñeros que sus congéneres de la margen opuesta, sobrevuelan el atractivo sitio. Del entorno de Cartes –y diputados y senadores vendepatrias–, desde la sombra están presionando para que nuestro país acepte todo lo que a la Argentina le conviene y propone en Yacyretá, cuando que la línea de acción patriótica que corresponde en este viejo asunto es una auditoría general de las cuentas, volverlas bien claras, establecer responsabilidades en ambos países y en adelante cumplir a rajatabla con lo que dice el Anexo C del Tratado.
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Ocurre, sin embargo, que a los ladrones de cuello blanco del Paraguay que se enriquecieron robando a mansalva en la construcción, reparación, mantenimiento, obras de infraestructura, etc., etc., de la represa, les importa un bledo lo pasado. Ellos ya cobraron las coimas o las sobrefacturaciones. Para seguir con el mismo sistema es que insisten en Aña Cua y, por qué no, Corpus. El país entero, no solo el Gobierno y los diputados y senadores patriotas, deben oponerse firmemente a que continúe el latrocinio en Yacyretá. Cada paraguayo, cada paraguaya, en el lugar en que se encuentre, rico o pobre, joven o adulto, debe crear conciencia pública de firme oposición a que otra vez vuelvan a tener éxito los buitres paraguayos vendepatrias que nos vienen traicionando desde hace 40 años en Itaipú y Yacyretá, y que están queriendo que se acepten la novación, la cogestión y otros “caramelitos” para distraer a la ciudadanía del grandioso robo que están pergeñando en su imaginación.
Como dijo en estos días el respetado técnico compatriota, exconsejero de la EBY, Ing. Ramón Montanía, difícilmente habrá transparencia en la revisión de las cuentas si la realizan los mismos funcionarios que están o estuvieron involucrados en la administración de la entidad. Sostuvo que de ningún modo se debe implementar una novación de la deuda de la entidad con el Tesoro argentino, ya que eso equivaldría a hipotecar nuestra energía, como se pretendió en el preacuerdo de 2006. También enfatizó que el Paraguay tiene que ser firme en lo concerniente a las nuevas obras que los argentinos quieren ejecutar a como dé lugar, la maquinización del brazo Aña Cua y la instalación de nuevas turbinas en la central. “Indudablemente son obras que deben ejecutarse, pero una vez revisado y actualizado el Anexo C del Tratado, donde deben definirse la fijación de la tarifa de la energía eléctrica, los contratos de comercialización, el pago de compensaciones y el manejo equitativo del dinero por la venta de la energía”, sostuvo el ingeniero Montanía.
El Paraguay debe exigir la revisión de las cuentas de Yacyretá tras estos 40 años de inicua explotación colonialista de la Argentina antes de iniciar conversaciones para cualquier acuerdo en la binacional relacionado a otros aprovechamientos hidroeléctricos de las aguas del río Paraná.