Los cortes arrecian, pero el Fisco le saca recursos a la ANDE

Mientras arrecian los cortes de luz y los consumidores protestan por las altas facturas de consumo que les llegan, la ANDE aportará este año al Tesoro Nacional unos 120.000 millones de guaraníes para cubrir los gastos establecidos en la Ley del Presupuesto General de la Nación. Lo hará por disposición de esta misma ley, cuyo objeto es encubrir una parte del déficit generado por la insuficiente recaudación tributaria. Se trata de un subterfugio anual, un impuesto disfrazado porque sale compulsivamente de lo que pagan los usuarios, que descapitaliza a esa empresa pública y se opone al art. 8° de la Ley N° 966/64, que la crea como ente autárquico y establece su carta orgánica. La parte final de esta norma dice que “no podrán efectuarse retiros de capital, ni adjudicarse utilidades, ni exigirse a ANDE contribuciones de ninguna clase”.

Se dirá que la ley presupuestaria puede ignorarla anualmente, pues tiene la misma jerarquía que la citada y que algo así suele ocurrir cuando, por ejemplo, se otorga una pensión graciable que ignora la ley-marco que fija las condiciones que deben reunir los beneficiarios. Ocurre, sin embargo, que el art. 7° de la Ley N° 1535/99, de Administración Financiera del Estado, dispone en su inciso c) que “en la Ley del Presupuesto General de la Nación no se incluirá ninguna disposición que tenga vigencia fuera del ejercicio fiscal, ni disposiciones o cláusulas que modifiquen o deroguen a otras leyes de carácter permanente”. Teniendo en cuenta que la carta orgánica de la ANDE tiene tal carácter, el Congreso y el Poder Ejecutivo están dejando de lado incluso la ley cuyo órgano de aplicación es justamente el Ministerio de Hacienda, que elabora el proyecto de Presupuesto nacional. Si no están de acuerdo con la prohibición impuesta por la carta orgánica de la ANDE, tendrían que derogarla o modificarla expresamente. El problema es que les costaría mucho explicar por qué convendría tapar agujeros en la Administración Central echando mano a los recursos que esa “institución autárquica, descentralizada de la Administración Pública, de duración ilimitada, con personería jurídica y patrimonio propio” necesita para modernizar y extender sus redes, con el fin de ofrecer mejores servicios a más usuarios, que es el objeto de su creación, y no servir de órgano recaudador del Estado.

Claro que tanto la corrupción y el derroche como la pura y dura ineficiencia hacen lo suyo para que la ANDE sea una verdadera calamidad. Y conste que sigue gozando de un monopolio a todas luces inconstitucional, que ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo se atreven a quebrar. Antes que desangrarlo cada año, deberían respetar su patrimonio y obligarlo a participar en un mercado que debe ser regulado para que en el negocio eléctrico intervenga también, en libre competencia, el sector privado.

La apropiación indebida de la que es víctima esa empresa estatal es tan nociva para el bien común como su condición monopólica. También atenta contra la honestidad en el manejo de la cosa pública, pues implica encubrir de hecho que el déficit presupuestario es superior al oficialmente admitido. En otros términos, como los recursos genuinos generados por los impuestos están muy lejos de ser suficientes, se apela a la ilícita maniobra de afectar los ingresos de la ANDE para así, de paso, tratar de cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El déficit real se disimula apelando no solo al dinero de la ANDE, sino también al de Petropar (87.000 millones de guaraníes), al de INC (2.129 millones) o al de la Conatel (189.128 millones), entidades autárquicas que así se ven impedidas de cumplir cabalmente con los objetivos fijados por sus respectivas leyes orgánicas. Conste que el art. 43 de la de Petropar dispone, al menos, que “transferirá el 30% de sus utilidades netas anuales al Tesoro Nacional”, mientras que la de la INC nada dice al respecto. En cambio, el art. 133 de la Ley N° 642/95, de Telecomunicaciones, establece que “los ingresos recaudados en concepto de derechos, tasas y multas, luego de su aplicación a los fines específicos de la presente ley, serán destinados exclusivamente al desarrollo de las telecomunicaciones, a las tareas de control y fiscalización de la Conatel y a sufragar las obligaciones contraídas con organismos internacionales de telecomunicaciones”. También en este caso sería más honesto derogar o modificar expresamente dicha norma, en vez de usar cada año la Ley del Presupuesto General de la Nación para dejarla de lado.

No es una buena política pública eso de vestir a un santo –la Administración Central– desvistiendo a otros –las entidades autárquicas–. Tampoco favorece a la coherencia legislativa el hecho de que en una ley anual se vulneren otras de carácter permanente. Hace falta un sinceramiento, que pasaría por reconocer que los ingresos tributarios son insuficientes para “calzar” el Presupuesto nacional, en vez de meter la mano en el bolsillo de una empresa pública tan necesitada de los recursos de que se le despoja compulsivamente. Lo que en tal caso habría que hacer el Gobierno de turno es perseguir con mucha mayor energía la evasión fiscal, eliminar los gastos superfluos, incluyendo los destinados al personal público innecesario, y atacar la corrupción como se debe.

Resulta demasiado cómodo dar un manotazo a una empresa pública como la ANDE, a la que el Fisco adeuda, por cierto, más de 213.555 millones de guaraníes por energía consumida por los distintos entes estatales.

Despojar a la ANDE de sus recursos va en contra de la población en general y de los sectores productivos en particular, que están muy lejos de ser bien atendidos debido a las notorias carencias del monopolio proveedor. Hacen bien los sindicalistas de dicho ente en protestar contra la práctica presupuestaria comentada, pero también ellos contribuyen a que el servicio sea desastroso con los privilegios que arrancan a administradores generosos con la plata ajena, al pagar menos por el consumo que la población en general.

En suma, la Ley del Presupuesto General de la Nación sirve para ocultar el mayor déficit e impedir que las entidades autárquicas cumplan con sus respectivos mandatos. Es hora de acabar con semejante aberración.