La Dirección General de Inteligencia Policial “recomendó” a los agentes fiscales René Fernández y Josefina Aghemo que tomen “precauciones” en cuanto a su seguridad personal y a la de sus respectivas familias. Ambos intervienen, cada uno por su lado, en diversos casos penales que involucran a personajes tales como el “hermano del alma” Darío Messer, el exsenador Óscar González Daher, los senadores Víctor Bogado (ANR) y Javier Zacarías Irún (ANR) y el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas (ANR). El agente fiscal Fernández pertenece a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, en tanto que su colega Aghemo integra la de Lavado de Dinero.
Es plausible que la citada dependencia de la Policía Nacional haya detectado a tiempo que sus vidas corren peligro, sobre todo porque al cabo de once meses aún no ha logrado descubrir el paradero del prófugo brasileño Messer, que se pegó el lujo de otorgar un poder en una escribanía de Salto del Guairá mientras era “afanosamente” buscado. Es de desear que la institución encargada de preservar la seguridad de las personas, entre otras cosas, brinde a los amenazados de muerte la protección necesaria, más allá de las precauciones que ellos mismos puedan tomar.
Dicho lo cual, debe subrayarse la extrema gravedad del referido informe de inteligencia policial. El agente fiscal Fernández, con veinte años de labor en el Ministerio Público, señaló que nunca antes había pasado por semejante trance, pues los afectados por sus pesquisas se habían limitado a recusarlo o a intentar amedrentarlo con la remoción por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. “Es la primera vez que dejan de utilizar la ‘vía jurídica’ y pasan a otro plano”, señaló al expresar su comprensible preocupación. Conste que en una conferencia de prensa realizada el 8 de noviembre último, tras la filtración el día anterior de un video en el que era amenazada de muerte por criminales del Comando Vermelho la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, manifestó que ya había sabido de ese material “y de otras amenazas realizadas (...) también a otros agentes del Ministerio Público”.
Lo llamativo en este nuevo asunto es que la Policía Nacional creyó oportuno advertir formalmente a los afectados del riesgo que corren y que lo haya hecho solo días después de que el agente fiscal Fernández, en compañía de su colega Liliana Alcaraz, haya allanado la escribanía visitada por Messer. Resulta claro, además, que la amenaza de muerte no proviene en esta ocasión de unos jactanciosos hampones de poca monta, deseosos de vengarse por los golpes que haya recibido el crimen organizado. En otros términos, se busca que dos agentes fiscales se aparten de ciertos importantes casos o que, al menos, dejen de cumplir cabalmente con su deber. El cristalino mensaje es que sería fatal para ellos que persistieran en la grave imprudencia de perseguir a presuntos delincuentes de alto bordo. Si la ciudadanía se pregunta cómo es que se llegó a tal extremo, debe buscar la respuesta en que, en los últimos años, los grandes ladrones de guante blanco, nacionales y extranjeros, han tenido las puertas del Estado abiertas para acceder a las más altas esferas y hasta para instalarse en las instituciones. Se han movido como peces en el agua de la corrupción en la que están inmersos los tres Poderes del Estado y, en particular, la Policía Nacional. El propio ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, acaba de señalar que el “equipo de inteligencia” que supuestamente rastrea al “hermano del alma” no puede actuar con agentes policiales. No se trataría, pues, de un problema de coordinación, sino de una bien fundada desconfianza, que induce a sugerir que los uniformados que vayan a custodiar a los agentes fiscales Fernández y Aghemo sean escogidos con sumo cuidado. En vista de que esta podredumbre policial es conocida de antaño, llama la atención que el citado ministro no haya actuado aún con firmeza para limpiar sus filas, pese a saber que los efectivos no son de fiar.
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Por cierto, si la Dirección General de Inteligencia Policial pudo enterarse del serio peligro que corren los mencionados agentes fiscales, tendrá alguna idea de los inductores del delito. De hecho, lo ideal hubiese sido que siguieran el hilo conductor hasta llegar a los responsables de la amenaza, para no crear en la opinión pública la idea de que es la misma Policía Nacional la que quiere atemorizar a los fiscales, cuando que estos deberían recibir el más completo apoyo para cumplir con su delicada y peligrosa misión.
No obstante, no puede descartarse que la amenaza sea real. Es que, los encumbrados funcionarios y políticos que se creían inalcanzables para la diosa Astrea hasta hace poco tiempo, hoy están frente a la posibilidad cierta de ser condenados a pena de cárcel. Confiaban en que sus chicanas iban a llevarlos a la extinción de sus casos, pero de pronto parece que se les viene la noche encima y, como tienen mucho que perder, es posible que la desesperación les lleve a adoptar decisiones extremas.
Lo que está ocurriendo debe llamar la atención del Presidente de la República. Si en verdad quiere hacer honor a su compromiso de combatir a los bandidos, ya debe de saber que son muy poderosos y capaces de llegar hasta las últimas consecuencias, y que para combatirlos debe adoptar firmes decisiones que muevan a recuperar la confianza de la ciudadanía en las fuerzas del orden. Ya va siendo hora de que tome el toro por las astas y limpie a fondo las instituciones, empezando por la Policía Nacional.