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Los fondos jubilatorios son un manjar muy apetecible para los políticos, así que no debe sorprender que el Poder Ejecutivo haya vuelto a presentar un proyecto de ley por el que se crea una Superintendencia, dependiente del Banco Central, encargada de fiscalizar, controlar, supervisar y auditar las entidades administradoras de jubilaciones y pensiones, en sus aspectos administrativos, actuariales y financieros. Ya lo había presentado en términos similares en 2015, pero tuvo que retirarlo ante la fuerte resistencia de los gremios de empresarios y de los sindicatos, es decir, de los verdaderos y únicos dueños de los fondos en cuestión.
Es indiscutible la necesidad de que el Estado regule las operaciones de esas entidades, tal como lo hace, por ejemplo, con las compañías de seguros y las entidades del sistema financiero, pues de la fiscalización de las operaciones o de la corrección de sus eventuales anormalidades depende el futuro de quienes durante décadas han aportado para tener una vejez digna. Lo peligroso es que algunos políticos aprovechen la ocasión para crear un mecanismo que les permita luego cumplir el sueño de dar un tarascón al ahorro de los cotizantes. Ese sueño está siempre latente.
El sector privado no cuestiona la regulación, sino la composición que tendría el Consejo Asesor de la Superintendencia. En efecto, estaría integrado solo por tres políticos o designados por los políticos: el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, de modo que en él, inexplicablemente, no estarían representados justamente ni los empleadores, ni los trabajadores ni los jubilados. Precisamente, por esta y otras razones, en esta semana que termina tres importantes entidades del sector privado, la Feprinco, la UIP y Cerneco, instaron al Congreso a rechazar el mencionado proyecto de ley.
Con justa razón, se teme que el reiterado instrumento en estudio, más allá del saludable propósito declarado de regular las entidades administradoras de jubilaciones y pensiones, esté ocultando el alarmante propósito de que cualquier Gobierno pueda apropiarse discrecionalmente del dinero de los aportantes para financiar obras de infraestructura o cualquier otro objetivo “social”, sin garantía alguna de la devolución de los fondos, como lamentablemente ya ha ocurrido en el pasado.
Alimenta esta sospecha el encuentro celebrado en Mburuvicha Róga, en agosto de 2016, entre el presidente Horacio Cartes; el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Ramón Jiménez Gaona; el titular del Banco Central, Carlos Fernández Valdovinos; y el del IPS, Benigno López. En dicha ocasión, se habría hablado de una “ingeniería financiera” para, sin más ni más, echar mano a los 1.666 millones de dólares que el IPS tiene distribuidos en el sistema financiero (90%) y en préstamos a los jubilados (9,7%). Según afirmó en la ocasión el vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Luis Tavella, el Gobierno pretendía que el IPS compre bonos del Estado a largo plazo, sin suficientes garantías de devolución. Ante esa amenaza, hay que considerar que el Estado es un pésimo pagador. De hecho, adeuda al IPS unos 300 millones de dólares porque, desde que se fundó, en 1943, nunca efectuó los aportes que manda la ley para precautelar esos fondos e impedir que el ente vuelva a sufrir las graves pérdidas causadas en las dos últimas décadas por los préstamos regalados a empresas privadas y por varios fraudes bancarios, entre los que destaca el que afectó al Banco Nacional de Trabajadores.
Es muy comprensible, por lo tanto, que los empleadores, los trabajadores y los jubilados se opongan a la figura de un todopoderoso superintendente, que de hecho los excluya por completo de la fiscalización del uso de los fondos previsionales, tal como pretende el Poder Ejecutivo. Es cierto que ellos seguirán siendo gestionados por las entidades privadas, pero también podría ocurrir que la Superintendencia a ser creada acceda a los fondos mediante la intervención de las entidades administradoras, si ocurriera uno de los tantos “eventos irregulares relevantes” que se mencionan en el art. 24 del proyecto de ley, cuya larga enumeración concluye con una especie de largo etcétera: “cualquier hecho u acto no mencionado precedentemente que represente un riesgo actual o inminente para la seguridad de los fondos de jubilaciones y pensiones”. Esta vaga redacción le otorga a la Superintendencia una gran discrecionalidad para determinar los presuntos riesgos, lo que abriría las puertas a un ejercicio abusivo de esa facultad.
La entidad reguladora podría recurrir, incluso, a un vulgar chantaje para echar mano a los fondos, sin realizar una intervención de las entidades previsionales, pues el art. 13 del proyecto de ley establece que ese “órgano técnico especializado” tendrá nada menos que el poder de revocar, “de acuerdo a la presente ley”, la autorización de las operaciones de toda entidad de naturaleza privada. De nuevo se plantea aquí la cuestión de la buena o de la mala fe de quienes dirijan un organismo estatal, considerando además que el Poder Judicial no garantiza el imperio de la ley cuando el poder político está interesado en quebrantarla.
Por lo tanto, hacen bien los empresarios, los trabajadores y los directivos de cajas de jubilaciones en manifestar su profunda inquietud ante el riesgo cierto de que los ahorros de toda una vida desaparezcan en las alcantarillas de la politiquería criolla, en la medida en que sus representantes sean excluidos del organismo regulador. La razonable propuesta alternativa, elaborada en su momento por técnicos de las organizaciones gremiales afectadas, contemplaba un Consejo de Seguridad Social, integrado por cuatro representantes del sector público y otros tantos del privado. Dado que existe otra iniciativa, que también plantea concentrar el control sobre los fondos, se propone ahora que una comisión conformada por legisladores y representantes de los afectados elabore un tercer proyecto de ley.
Lo que importa es que ningún Gobierno pueda echar mano a un dinero que no le pertenece, para lo cual es preciso que en la Superintendencia a crearse haya paridad de voz y de voto entre los representantes del Estado y los de los dueños de los fondos.